La problemática en que se convirtió El Quimbo es consecuencia directa de la debilidad y proclividad institucional, de la irresponsabilidad del poder y de la clase dirigente.
Da grima conocer la contumacia del gobierno en defensa del negocio El Quimbo. Que el Ministro de Minas y Energía interpuso tutela ante un Juzgado de Neiva para reactivar la generación de energía eléctrica en la hidroeléctrica El Quimbo, bajo el pretexto de amparar el derecho al trabajo y la salud. Qué barbaridad. Cómo se deforma la verdad. Son consecuencias de la mediocridad de quienes ejercen el poder.
Dice el funcionario: “…el agua del gran depósito se retiene, se apoza y se descompone, por tanto menos líquido alimenta los ríos que vierten aguas a la represa de Betania…”
Veamos: La descomposición de la biomasa no retirada del área inundada, produce bacterias que consumen oxígeno y producen sustancias químicas por descomposición de la materia, capaces de envenenar fauna acuática, aguas abajo de la presa. La evidencia está presente.
Que “el agua se apoza y menos líquido alimenta los ríos que vierten a Betania”. Qué barbaridad. El agua de El Quimbo, de ninguna manera alimenta los ríos Páez y Yaguará u otros. Si el caudal que ingresa al embalse no pasa por turbinas, dispone del vertedero para continuar su marcha y así ocurre.
Permitir y autorizar llenar el embalse, sin remover y retirar la totalidad de biomasa del área embalsada, es el atentado principal contra la salud, contra la institucionalidad colombiana y la ecología.
La preocupación del Ministro debe centrarse en descubrir los responsables de que Emgesa no haya cumplido con las obligaciones básicas ecológico-ambientales y sociales, de acuerdo con el marco legal colombiano vigente, aplicable en ese tipo de proyectos.
El alto gobierno tiene obligación de hacer cumplir las leyes, decisiones y reglamentos de todas las instituciones.
Debe hacerlas cumplir en El Quimbo, si quiere cumplir el juramento que hizo al asumir el cargo y ser coherente con el discurso sobre la solución del conflicto económico-social y político.
En consecuencia, debe ordenar inmediatamente el vaciado del embalse, el retiro total de la biomasa, localizada en el vaso del embalse y fijarle a esa multinacional un plazo único y sanciones económicas severas, si incumple.
La problemática de El Quimbo, imputable directa y exclusivamente a Emgesa, bajo absoluto rigor jurídico, no se resuelve con tutelas, sino haciendo cumplir a Emgesa sus obligaciones legales.
El socorrido argumento de disponibilidad de energía eléctrica y posible racionamiento por sequía es deleznable.
El gobierno debe aplicarse a hacer cumplir la disponibilidad que deben garantizar las termoeléctricas e investigar la posible malversación de recursos, aportados por los consumidores, vía facturación, superior a $15 billones en 9 años. Muy grave.
¿Tratará el gobierno de matar dos pájaros con un solo tiro?
¿Utilizar la problemática de El Quimbo bajo la pantalla del racionamiento eléctrico, para defender los intereses de Emgesa y otras multinacionales y cubrir con olvido el pútrido tamal de las termoeléctricas?
Recordemos que Colombia tiene las tarifas eléctricas de consumo más altas de la región y superiores al 100% a las de EE.UU. Así gobiernan a Colombia.