Una vez más un Gobierno anuncia y pone en marcha medidas para eliminar engorrosos, innecesarios, fastidiosos e irritantes trámites ante las entidades públicas y para asuntos privados. Una vez más un Gobierno anuncia y pone en marcha medidas para eliminar engorrosos, innecesarios, fastidiosos e irritantes trámites ante las entidades públicas y para asuntos privados. El presidente Juan Manuel Santos ha sancionado un Decreto Ley que elimina centenares de trámites, simplifica otros y modifica unos cuantos más, con lo cual se pretende hacer más amable el Estado para el ciudadano. Increíble que esta medida incluya cerca de 900 trámites en todos los órdenes, especialmente los de diligencias personales, y aún queden un sinnúmero de otros que el colombiano debe hacer para tal o cual gestión. Ha dicho el presidente Santos que, en esencia, se trata de privilegiar lo que la Constitución Política consagró desde 1991, esto es la presunción de buena fe de todos los habitantes del país. Exigir una huella, una autenticación, una declaración extrajuicio, un certificado de supervivencia, una presentación personal, el pago de tal o cual estampilla o la exhibición de un certificado que diga que no tengo antecedentes, son todos ellos y muchos más el manto de sospecha sobre el ciudadano. La medida, fruto de una consulta abierta a todos los colombianos, va en la dirección correcta. El Decreto Ley sancionado es una estupenda estocada al furioso toro de la tramitomanía, las filas y el excesivo burocratismo estatal nacional. Con la importancia de la eliminación de todos y cada uno de los trámites, algunos tienen mayor relevancia e impacto: Las citas en medicina general y en odontología podrán pedirse vía electrónica y las EPS están obligadas a darlas en un plazo máximo de tres días, no más citas para dentro de 6 meses o cuando haya un especialista; una licencia o permiso ante cualquier entidad se considerara renovada mientras la dependencia no conteste la solicitud; las entidades públicas deben garantizar cómo recibir solicitudes o quejas de los ciudadanos desde los diferentes municipios, es decir, que no habrá obligación de que las personas viajen a Bogotá a realizar procedimientos; la revisión técnico mecánica se exigirá a vehículos particulares a partir del sexto año de su matrícula, no al segundo como opera hoy y las licencias de conducción tendrán una vigencia de 10 años, no de cinco como en la actualidad. Igualmente los pagos para entidades públicas podrán hacerse por medios electrónicos y ninguna dependencia pedirá documentos autenticados, no se podrán devolver solicitudes por errores irrelevantes y en menos de tres meses, todos los formularios para cualquier trámite con el Estado estarán en línea y podrán imprimirse. La siguiente etapa debe ser la publicidad completa y permanente de la eliminación de todos estos requisitos. Siempre se encontrará uno a funcionarios absolutamente celosos de su inquebrantable tarea consistente en hacerle más engorroso el asunto al ciudadano, o aquél que dirá que aún no lo han notificado de que el trámite ya no existe. Menos vueltas y un Estado más amable. “El Decreto Ley sancionado es una estupenda estocada al furioso toro de la tramitomanía, las filas y el excesivo burocratismo estatal nacional”. EDITORIALITO Comenzó el calendario escolar y los niveles de deserción parecen opacar el panorama. Habrá que reforzar las campañas para asegurar que se cumplan con las metas de matrículas. Y en este esfuerzo deben cooperar todas las autoridades, comenzando por los alcaldes.