Dos años y tres meses después del plan de acción, ordenado por una acción popular, las medidas urgentes para los dos corregimientos no han dado los resultados esperados. La comunidad se resiste al desarraigo.
RICARDO AREIZA
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El plan de acción para mitigar las eventuales amenazas de avenidas torrenciales en los corregimientos de Vegalarga y Anacleto García, en Neiva y Tello, marchan a paso de tortuga.
Aunque siguen activos varios procesos de remoción en masa, que pueden ocasionar una tragedia, las obras e inversiones puntuales no han tenido los resultados esperados. Solo pequeños avances. Ni siquiera un proceso sancionatorio por desacato, logró imprimirle una nueva dinámica.
Y para colmo de males, la emergencia sanitaria decretada por la pandemia retrasó el desarrollo de un nuevo cronograma acordado en el actual gobierno. Increíble pero cierto.
El proyecto original contemplaba el reasentamiento parcial de viviendas en alto riesgo no mitigable; la reubicación definitiva y construcción de una nueva sede del colegio ‘Roberto Durán Alvira’, por estar ubicado en zona de riesgo inminente.
Además, el traslado del centro de salud, obras de mitigación, mejoramiento vías, ampliación de servicios públicos y alertas tempranas. Adicionalmente, se incorporó la construcción de la casa cural, la iglesia y la estación de Policía.
Entre las obras de mitigación figuran cinco muros de concreto reforzado, canales recolectores en concreto y filtros con material filtrante, así como obras de protección y estabilización. Ninguna de estas obras ha despegado lo que sigue provocando incertidumbre.
Las medidas fueron ordenadas en abril de 2017 por el juez Séptimo Administrativo de Neiva, Tito Alejandro Rubiano Herrera en el trámite de una acción popular instaurada por la Defensoría del Pueblo en el 2011.
En el congelador
Dos años y tres meses después del pacto de cumplimiento las quejas son las mismas. Las obras de mitigación no despegan. La financiación está frenada.
El plan de acción debía ejecutarse en 22 meses a partir del primero de junio de 2018. Ese plazo venció con pocos avances el 9 de abril de 2019.
El juez extendió por otros 27 meses la ejecución de las actividades previstas en el plan de acción, con los nuevos ajustes. Desde el 23 de septiembre de 2019, cuando se adoptó han transcurrido 13 meses la mitad del plazo, y los avances tampoco son significativos.
La evaluación fue realizada ayer en una audiencia de verificación, convocada virtualmente por el despacho judicial, con un pobre balance.
La financiación
El pacto de cumplimiento, tal como fue aprobado, implica inversiones calculadas inicialmente en 25.938 millones de pesos.
Las inversiones proyectadas para cumplir el plan de acción para Vegalarga ascenderían a 14.370 millones de pesos.
El proyecto para el centro poblado de Anacleto García (Tello) valdría 10.568 millones de pesos. Los recursos hasta ahora apropiados, no son representativos.
La financiación total del plan de acción sigue frenada. Las dificultades propias de los procesos negoción de predios, avalúo, estudios de vulnerabilidad y riesgo han demorado los trámites. A eso se suma la resistencia al desarraigo.
“Las acciones que compromete a otras entidades nacionales están condicionadas a que se cumplan esos requisitos. Esperamos que así sea”, anotó el juez.
Reasentamiento
El plan de acción para Vegalarga, diseñado conjuntamente con el juez de la causa, contemplaba una orden polémica: la reubicación de 72 de las 132 viviendas en la zona de riego no mitigable.
Las otras 42 viviendas clasificadas en riesgo alto mitigable podrían permanecer en sus sitios pero requieren obras de infraestructura que sirvan para mitigar o reducir el riesgo potencial que eventualmente se pueda presentar por fenómenos de remoción en masa o inundaciones de gran magnitud.
Otras 36 viviendas ubicadas en riesgo medio requerirían obras de mitigación o acciones no estructurales, como aplicación de la norma sismo resistente, uso adecuado del suelo en las laderas, reforestación, manejo de aguas de escorrentía y alcantarillados.
En el centro poblado de Anacleto García en Tello, al otro lado del río Fortalecillas, 158 viviendas estarían en riesgo no mitigable. De éstas 42 deben ser reubicadas. El resto requieren obras de mitigación.
Circulo vicioso
El plan de acción sigue nadando en un remolino. Las obras no avanzan porque no está el censo definitivo para la población, incluyendo a propietarios y arrendatarios y los pobladores se niegan al censo por que no hay obras.
Muchos no han permitido el censo, lo que dificulta el otorgamiento de subsidios y la cuantificación de las ayudas que incluye la compra de mejoras, la construcción de vivienda rural en otros sitios, o en fincas cercanas y la reubicación en terrenos que debe adquirir el municipio. Uno de esos predios está en Palacio para construir un plan de vivienda. Sigue en espera al censo y al avalúo.
El reasentamiento de las viviendas en zonas de peligro sigue frenado a pesar del compromiso, renovado ayer por entidades como los ministerios de Vivienda y Agricultura, el Banco Agrario y la Gobernación del Huila.
Nuevo colegio
La acción popular ordenó la reubicación definitiva del colegio Roberto Durán Alvira, porque la sede central está ubicada en una zona de alto riesgo.
El proyecto costará 3.500 millones de pesos. El Fondo Territorial de Gestión del Riesgo aprobó a finales del año pasado 600 millones de pesos recursos para la adquisición del terreno que cumpla con los estudios de vulnerabilidad.
La financiación tendrá que gestionarse con el Ministerio de Educación. No hay un solo peso.
La sede central fue cerrada en octubre de 2019, hace un año, atendiendo una orden perentoria proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, por las amenazas naturales, acrecentadas por la temporada invernal.
Riesgo inminente
Según el mapa de riesgo, la institución está localizada en una zona de amenaza alta por fenómenos de remoción en masa. Además, reporta una alta amenaza sísmica por actividad del sistema de falla del borde llanero (sistema de falla Garzón- Algeciras y Rivera-Baraya).
El estudio realizado por geólogos de la CAM, requerido por el despacho judicial, las laderas de influencia directa a la institución educativa, con un área aproximada es de 4.000 metros cuadrados, está conformadas por rocas ígneas que se encuentran altamente meteorizadas formando regolitos, susceptibles a presentar fenómenos de remoción en masa de tipo planar.
Los desplazamientos de masa de suelo en las laderas poseen una gran extensión de recorrido, con una mayor probabilidad de depositar material procedente del proceso sobre la institución al pie de la ladera”, confirmaron los expertos.
Pico y placa
En estas condiciones, los 276 estudiantes, matriculados en las cinco sedes en jornada única fueron reubicados y desde entonces no retornaron a la institución. Primero se aplicó el ‘pico y placa’ para rotarse los salones arrendados en casas de familia.
El año lectivo concluyó con unas aulas provisionales, que no resultarían funcionales en medio de la pandemia.
Según el rector de la institución, José Gabriel Silva, estas aulas móviles, carecen de baterías sanitarias, lo que podría complicar, el desarrollo académico, en un escenario de alternancia.
Giro imprevisto
A pesar de las amenazas, y el alto riesgo en que se encuentra la institución, la administración municipal, decidió adelantar algunas obras de mitigación, como la construcción de un muro, pegado a la ladera, en la parte trasera de la sede educativa.
El secretario de Educación, Giovanny Córdoba, confirmó que la decisión se tomó de común acuerdo con la comunidad. “En este caso optamos por la mitigación y no por la reubicación y ya tenemos una partida presupuestal para construir un muro de contención que costaría 376 millones de pesos”, explicó.
Además, se aprobaron obras de adecuación en las demás sedes de Ahuyamales, El Cedral, ‘Piedramarcada’ y El Colegio por un valor de 222 millones de pesos.
Por su parte, Elkin Trujillo, quien ha sido el coordinador del proyecto, anunció que se adelantan gestiones para la adquisición del predio, en la ladera, atrás del colegio para adelantar las obras de estabilización.
Muro de la discordia
Sin embargo, esas obras no estaban contempladas en el plan de acción, y, por lo tanto, no se ajustan al pacto de cumplimiento y a las acciones determinadas por el despacho judicial.
“La orden que se impartió en el momento es la reubicación del colegio, en alto riesgo por las amenazas de remoción en masa, ya advertidas, que no son mitigables”, explicó el juez Tito Alejandro Rubiano.
En su opinión, el muro de contención que se proyecta no servirá para contener una remoción en masa de gran magnitud.
La institución educativa corresponde a un elemento vulnerable que enfrenta amenazas por erosión, fenómenos de remoción en masa y sismos. Por lo tanto, el riesgo para esta institución es alto no mitigable, según el estudio Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo elaborado por la CAM, cuyo diagnóstico sigue vigente y no ha sido revaluado.
La misma posición esbozó ayer, Diego Gaviria, uno de los expertos contratados por la Alcaldía de Tello para realizar un estudio de detalle.
“Las amenazas existen, son reales sobre avenidas torrenciales de gran magnitud. Hay procesos de remociones en masa que no se han detenido. Las obras que se proyectan están en una zona de riesgo no mitigable”, explicó.
Aunque anticipó algunos reparos al estudio de la CAM coincidió en que en la actualidad hay numerosos procesos de remociones en marcha, tanto en Vegalarga como en el centro poblado de Anacleto García en Tello.
El estudio complementario de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, reporta en el informe preliminar por lo menos cinco procesos de remoción en marcha
“La amenaza es alta. Las obras de mitigación sirven para reducir los riesgos pero no para evitarlos. En este momento estamos reduciendo el riesgo, trabajando con la vulnerabilidad”, anotó Luis Arturo Márquez, delegado de la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo.
Alertas tempranas
El Sistema de Alertas Tempranas fue instalado a finales del año pasado en la cuenca del río Fortalecillas. Costó 104 millones. Neiva aportó 54 millones de pesos y Tello los otros 50 millones.
“El sistema de está operando con tres estaciones de monitoreo en tiempo real. Dos en Vegalarga y una en Anacleto García”, confirmó el director de Gestión del Riesgo Armando Cabrera.
“El contrato de operación se venció y estamos adelantando los nuevos estudios para contratarlo, aspiramos tenerlo listo en 45 días”, aseguró.
Pese a los problemas de sonoridad, por lo menos se cumplió. Ahora falta la capacitación y programas de prevención.
Las partes expresaron de nuevo la incertidumbre. Transcurrido el 50% del nuevo plazo, el plan sigue en remojo.
Compromisos en espera
El Banco Agrario anunció en principio su decisión de concurrir en una eventual reubicación veredal, condicionada desde luego a la firma de un convenio entre las partes, en cabeza del Ministerio de Agricultura.
El otorgamiento de subsidios para vivienda rural, quedó igualmente condicionado al cumplimiento de los requisitos legales, pero además a los criterios legales de microfocalización contemplado en la ley de restitución de tierras.
El Ministerio de Vivienda aunque no presentó ninguna fórmula de pacto anunció su concurrencia, una vez se definan las prioridades en materia de vivienda.
La Gobernación del Huila apoyó la financiación del proyecto, condicionado, desde luego a los ajustes legales y técnicos para soportar las inversiones y aportó los primeros recursos, los únicos invertidos hasta el momento. Los demás, siguen en espera.