Marcos Silva Martínez
Las condiciones socioeconómicas y políticas de Colombia son críticas y evidente la tendencia a empeorar progresivamente.
Todas son consecuencia inequívoca del modelo político-económico dominante, impuesto desde los centros de poder geopolítico y financiero internacional y al sometimiento incondicional de los gobiernos de turno a esos centros de poder y a la irresponsabilidad política, social y económica del poder nacional, frente a los requerimientos del desarrollo responsable.
Esas condiciones y circunstancias hicieron posible que Colombia sea, con Brasil, el país más inequitativo del continente y sexto en el planeta. Que afronte el mayor desempleo y tasa de informalidad en la región. Que se ubique al nivel de E. U, en concentración de la riqueza en pocos dueños. Padezca endémicamente altas tasas de inseguridad, criminalidad y desplazamiento, entre otros flagelos sociales. Que haya alcanzado altísimos porcentajes de privatización del patrimonio público y entregado la mayoría de los servicios públicos esenciales, como la salud, la educación y el sector eléctrico, al negocio privado, con consecuencias desastrosas para las mayorías ciudadanas y las finanzas públicas.
Al sombrío panorama que gravita sobre el desarrollo presente y futuro nacional, sucintamente esbozado aquí, devenido del pésimo e irresponsable ejercicio del poder público, hasta el presente, es imperativo pensar y razonar sobre la dramática amenaza que se suma por la presencia de la pandemia del COVID 19.
A los efectos desastrosos sobre la salud, que inexorablemente ocasiona esa pandemia, todo el planeta tiene que asumir los efectos socioeconómicos y políticos que inevitablemente generará.
Esos efectos desastrosos, los padecerán con mayor severidad, los países de menor desarrollo, con mayor dependencia de los centros de poder económico y político, especialmente los gobernados por círculos de poder, dominados por las élites y secuaces, que siempre usufructúan el poder público, para beneficio de unos pocos, como ocurre en Colombia, desde siempre. Son previsiones que surgen por la actitud, posición y decisiones del gobierno de turno, respecto a mediadas para afrontar la pandemia.
Decidió crear el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Ese Fondo, de acuerdo al Decreto 444/2020, recoge recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE); los recursos provenientes del Fondo de Pensiones (FONPET) y recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación.
Establece que los fondos se destinarán para: Efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero, Invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas. Proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas. Más claro no canta un gallo, se dice. El objetivo es proteger y salvar el sector financiero. Igual o peor ocurre con la contratación pública, convertida en la vena rota del fisco. Por su actitud y decisiones, se niega a controlar la corrupción.
Y luego peló el cobre con el anuncio de flexibilizar la legalización de títulos académicos, en el sector salud, con el pretexto de disponer de más especialistas, para atender los requerimientos demandados por efectos de la pandemia.
El Sr Duque, de la presencia del COVID 19, hizo el escenario perfecto para activar y mantener cortina de humo sobre las denuncias y evidencias sobre irregularidades, cometidas para favorecer su elección como Presidente, extendida hasta el nefato Uribe y los escándalos de la ÑEÑEPOLÍTICA, que implica a muchos del partido de gobierno.
Malabares oportunistas como los indicados y otros es a lo que se le denomina, pescar en rio revuelto. Eso es lo que hace el poder y políticos que lo auspician, defienden y usufructúan.