Una delegación de la Contraloría Municipal de Neiva presentó esta semana ante el Concejo el hallazgo de un presunto detrimento patrimonial de $140 millones en las Empresas Públicas de Neiva (EPN) por la contratación de un escolta para Aurelio Navarro, gerente de la compañía, quien salió a desmentir los hechos y restarle importancia al hallazgo.
Ciertamente el hallazgo es de poca importancia en comparación a otros contratos que han sido controversiales y que están siendo investigados por los entes de control, como es el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Neiva y la adjudicación del servicio público de aseo.
En el último caso, las EPN le otorgaron por 20 años el manejo del servicio de aseo a Ciudad Limpia, después de haber tenido el contrato anterior por cerca de 5 años. Al principio se informó que se había estudiado la posibilidad de recibir $7000 millones en un solo monto durante los 20 años o un pago anual alrededor de los 1.000 millones durante el contrato. Sin embargo, al final EPN prefirió recibir más bien el 5,45% del valor del recaudo tarifario.
Utilizando de manera conservadora la metodología de valoración y las tasas de descuento propuestas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, encontré que la opción adoptada representaría en términos de valor presente $4000 millones para EPN, es decir, tan solo un poco más de la mitad de los $7000 millones que representaban las otras dos alternativas –que en valor presente eran equivalentes. El señor Navarro se limitó a argumentar en ese momento “que las demás alternativas representaban buen dinero, pero a la vuelta de 10 o 15 años sería un escaso recurso económico”, como si no tuviera la capacidad técnica suficiente para entender la lógica financiera del negocio.
Ante unas cifras tan diferentes, ¿por qué la EPN se decidió al final por la alternativa menos rentable para la ciudad? De igual forma, como lo manifestó la misma Procuraduría, el plazo de 20 años no tiene ningún sustento técnico para un negocio de esta naturaleza. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? Mientras pasa el tiempo, los neivanos siguen pagando facturas de servicios públicos cada vez más costosas.
EPN es un activo de los neivanos que podría estar proporcionando recursos muchísimo más altos para invertir en la educación y salud. Para eso requiere primero de una Junta Directiva con un alto grado de independencia – como es el caso, por ejemplo, en las Empresas Públicas de Medellín e Isagen –que le permita atraer personal altamente calificado y blindarse de los intereses politiqueros.
También necesita reformar su Manual de Contratación para racionalizar y hacer más transparente la contratación directa por mínima cuantía. Esto último toma mayor importancia cuando se avecina un proceso electoral y la empresa podría ser utilizada como la caja menor de la alcaldía para patrocinar la compra del apoyo de “lideres” comunales. ¡Casos se han visto!
Hasta ahora no he visto a ninguno de los precandidatos señalando estas aparentes irregularidades ni presentando propuestas para subsanarlas. ¿Será que andan más preocupados por empezar campañas publicitarias disfrazadas o que le apuestan también al “hagámonos pasito”?
@MateoTrujilloS / www.mateotrujillos.blogspot.com