La golpiza, que se volvió viral en las redes sociales, terminó en cero en la Procuraduría donde se adelantó la investigación preliminar.
El procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, archivó el expediente. Sin embargo, la disputa se mantiene ahora en la Fiscalía.
“Es cierto, se archivó disciplinariamente pero ahora el debate es penal y se tramita en la Fiscalía, organismo que ya formuló imputación y se prepara la acusación”, afirmó el diputado Orlando Ibagón.
El ‘zafarrancho’ ocurrió en un salón del centro de convenciones. El dirigente liberal, Edgar Díaz, candidatizado para ocupar el directorio liberal, fue descabezado. Ese fue el “Florero de Llorente”.
Ortigoza, ofuscado por el reclamo, la emprendió contra Ibagón. Los dos sostuvieron un fuerte agarrón. Blanca Míriam Suárez, una líder barrial, testigo de excepción, corroboró los antecedentes de la gresca.
De la confrontación verbal de ‘alto calibre’ se pasó a una agresión física, que terminó en los estrados judiciales.
Ibagón terminó en el piso con algunas contusiones en la cadera y en el brazo derecho, certificadas por el médico legista Edgar Arango. Las lesiones le costaron diez días de incapacidad. El informe forense reportó equimosis violácea en glúteo derecho, (moretones) asociado a hematoma y edema, excoriación en antebrazo y codo derecho.
Un montaje
Ortigoza argumentó que fue un montaje para enlodar su nombre y su precandidatura a la Gobernación del Huila anticipada por el senador Rodrigo Villalba durante el evento partidista.
Ortigoza, quien ese día fue proclamado precandidato liberal a la Gobernación, insiste en que fue un montaje para enlodar su nombre.
“El sábado 21 de febrero fue la convención liberal y ese día hubo una proclamación a favor de nuestro nombre. Entiendo que eso a muchos les alegró y festejamos, pero a otros les generó envidia y celos. En la vida pública y política uno siempre está expuesto a este tipo de montajes y de calumnias”, recordó.
La investigación
El procurador regional César Augusto Murcia abrió la investigación preliminar el 27 de abril de 2015. El 30 de junio, en plenas fiestas del San Pedro, decretó el archivo, argumentando que la trifulca, no constituía en sí misma falta disciplinaria. En su criterio, el escandaloso episodio, aunque pudiera ser de gravedad, no ocurrió en ejercicio de una función pública.
Ibagón, alegó lo contrario, considerando que su atacante actúo en ejercicio de sus funciones y que al agredirlo incurrió en falta a la ética, la moralidad y los principios propios de esa investidura.
“La condición de diputado no se pierde ni se suspenden determinados espacios, de manera que en todo lugar era deber guardar compostura, elegancia y decoro, sin importar si actuaba desde la órbita privada o en ejercicio de sus funciones como diputado”, replicó Ibagón.
Un acto privado
“No todos y cada uno de los actos llevados a cabo por un servidor público debe entenderse que guardan relación con su especial calidad que ostentan”, estimó el procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, al resolver la segunda instancia.
“Es natural que las personas, con independencia de las labores que desempeñen a nombre del Estado en sus diversos niveles, realizan múltiples actividades que son de su exclusiva esfera privada, frente a las cuales mal pueden pretenderse que sean objeto de investigación y formulación de reproche disciplinario.
“Para que en el presente asunto pudiere considerarse que Alfadil Ortigoza incumplió algún deber, o se extralimitó en el ejercicio de sus derechos y funciones como diputado, deberían obrar pruebas indicativas de que ese 21 de febrero estaba desempeñando las funciones propias de su cargo”, explicó el Procurador Delegado al declarar imprósperas las pretensiones.
En su criterio, las actividades que despliegan los grupos políticos debidamente reconocidos, en este caso el Partido Liberal, son actos eminentemente privados, que escapan al derecho disciplinario.
“Las circunstancias de que hubieran asistido, dos personas que oficialmente representaban al respectivo partido ante la Asamblea Departamental del Huila, no daba lugar a que ese acto se transformara en un evento público”, afirmó el representante del Ministerio Público.
“Los diputados, sin importar sus concretas condiciones de servidores públicos – recalcó- no estaban actuando en esta calidad, sino como cualquier particular en ejercicio de su derecho fundamental de asociación”.
Archivo definitivo
En esas condiciones concluyó que el acontecer materia de averiguación no fue realizado por Alfadil Ortigoza en ejercicio de sus funciones como diputado, “siendo razón suficiente para que decidiera que no era jurídicamente viable proseguir con la acción disciplinaria.
No obstante, considero que el medio idóneo para esclarecer lo ocurrido es la acción penal. También respaldo la decisión de primera instancia para compulsar copias al comité de ética del partido para que examine el tema y tome decisiones.
‘Es una falsa denuncia’
El diputado Alfadil Ortigoza reiteró que ese incidente no tiene la trascendencia que se le ha querido dar.
“El caso fue archivado en primera y segunda instancia, lo que demuestra que no hay mérito para abrir una investigación. No he querido comentar el caso porque no tiene sentido insistir en una falsa denuncia”, recalcó.
El dirigente liberal insistió en que este caso no tiene ninguna relevancia. “Sin embargo, estoy preparado para explicar las circunstancias de modo y lugar, que desvirtúan cualquier responsabilidad. Repito, voy a esperar que se surtan las instancias legales, para luego proceder, porque es una falsa denuncia”, remarcó Ortigoza.
El dictamen de Medicina Legal
Alfadil Ortigoza, diputado.