RICARDO AREIZA
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El ex alcalde de Rivera, Luis Alfredo Perdomo Sánchez no pudo zafarse de una dura inhabilidad que le impuso la Procuraduría al hallarlo responsable de indebido fraccionamiento de contratos.
Las obra de arte financiadas por Invías para mejorar la red terciaria en zona rural de Rivera.Tampoco logró desvirtuar las razones de la sanción impuesta en primera y segunda instancia ni pudo justificar los motivos para saltarse los procedimientos legales
El ex mandatario, según la investigación, eludió conscientemente el procedimiento de selección abreviada, propio de los contratos de menor cuantía, para favorecer a un político amigo en plena campaña electoral.
Perdomo Sánchez, adjudicó en un solo día, seis contratos con el mismo objeto, con los mismos fines, la misma hora, los mismos plazos y sorpresivamente, con el mismo contratista, el veterano ex concejal de Neiva Herman Casagua Albarracín.
El ex mandatario fraccionó las cuantías, las aproximó a la mínima cuantía, abrió una invitación pública exprés con los mismos oferentes y terminó favoreciendo al ex concejal liberal.
Los contratos fueron imputados en el mismo rubro, los objetos de los contratos tenían unidad de materia, las características de las obras eran similares, variando únicamente los sitios y tramos donde se haría la construcción de las 18 alcantarillas que se priorizaron conjuntamente con el Instituto Nacional de Vías, entidad que aportó los recursos.
Los seis certificados de disponibilidad presupuestal fueron expedidos el mismo día, con números consecutivos, coincidiendo en los plazos y tiempos, con los mismos valores para ejecutar obras pertenecían al mismo proyecto de mantenimiento de la red terciaria.
Las 18 alcantarillas debían ejecutarse en las veredas Alto Pedregal, Viso, Mesitas, Honda Alta, Monserrate, Las Juntas y los Arrayanes.
Coincidencias
El irregular proceso, orientado a favorecer al ex concejal Casagua Albarracín, fue adelantado en un tiempo récord de 22 días.
El convenio por $120 millones de pesos fue firmado el 9 de agosto de 2010 con el director regional del Invías Álvaro González con destino al mejoramiento de las vías terciarias.
El 24 de agosto notificó la invitación pública que se cerró al día siguiente y fue adjudicada irregularmente el 31 de agosto, mediante Resolución 399 al ex concejal de Neiva Herman Casagua Albarracín.
Curiosamente durante la invitación se presentaron los mismos contratistas: Ramiro Casagua Rodríguez, Álvaro Tovar Salazar, Iván Ibarra y el ganador Herman Casagua Albarracín.
Aunque tenía con la disponibilidad de los $120 millones, aportados por el Invías, según convenio firmado el 9 de agosto de 2010 con el director de la entidad Álvaro González, el ex mandatario dividió en seis los contratos, cada uno por $14,34 millones, cercano a la mínima cuantía vigente para la época. Con esto burló la selección objetiva que debía adelantar.
Los seis contratos ascendieron a $86.462.707, resultante de dividir los seis contratos, acercándose a la menor cuantía.
La Procuraduría Provincial inició la indagación preliminar el 26 de abril de 2011 en desarrollo de una acción preventiva y se tramitó en juicio oral en julio de 2012, siete meses después de haber culminado su mandato.
Sin justificación
Según el procurador Provincial, Andrés Felipe Vanegas, en desarrollo del principio de transparencia el ex mandatario tenía la obligación de realizar un procesos de selección abreviada. Y no lo hizo.
“No existía justificación técnica para celebrar seis contratos con el mismo objeto, el mismo día, en el mismo rubro y hasta los mismos plazos”, explicó el procurador provincial, durante el proceso verbal realizado el 3 de agosto de 2012.
“La contratación debió celebrarse bajo un mismo contrato. No había razón técnica ni justificación legal para que se hiciera en forma fraccionada”, explicó el agente del Ministerio Público durante el proceso oral.
“Como ordenador del gasto- agregó- Perdomo Sánchez tenía el deber legal de cumplir con lo ordenado en el Estatuto de Contratación, que implicaba la selección objetiva que garantizara la escogencia de la mejor propuesta”. Pero no.
A juicio de la Procuraduría, el ex mandatario obró con dolo porque conocía plenamente los límites de la menor cuantía vigente para contratar, teniendo en cuenta que era determinante para adelantar el proceso a través de licitación pública.
Por esa razón estimó que el ex mandatario violó el régimen de contratación estatal, favoreciendo a un solo contratista, y lo sancionó en primera instancia el 14 de septiembre de 2012 con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos o funciones públicas durante doce años.
La decisión fue confirmada por el procurador regional Otoniel Parra Trujillo el 21 de diciembre de 2012.
Réplicas
El ex mandatario cuestionó la decisión, argumentando que en su caso, hubo una indebida imputación y una notoria ambigüedad en el pliego de cargos que terminó violando el debido proceso.
Además, indicó que no se configuró el fraccionamiento de contratos ya que recurrió a una excepción contemplada en el régimen de contratación estatal lo que significa que la actuación fue legal.
Por esa razón, demandó como último recurso la nulidad de las dos decisiones y reclamó el restablecimiento de sus derechos civiles, afectados con la destitución e inhabilidad general.
La demanda
La Procuraduría ratificó la validez de su argumentación y se opuso a las reclamaciones.
El agente del Ministerio Público estimó que “la actuación administrativa estuvo enmarcada por el respeto al debido proceso y el derecho a la defensa” como lo soportó la Procuraduría en primera y segunda instancia y se opuso a las solicitudes de nulidad del ex mandatario sancionado.
El magistrado Jorge Alirio Cortés concluyó que la imputación no fue abstracta ni ambigua como lo sostuvo el ex mandatario. Asimismo estimó que la imputación fue clara y precisa y la excepción alegada había sido derogada.
Razones de fondo
El cuerpo colegiado explicó las razones para mantener vigente las sanciones. “Se estableció de manera clara que la conducta realizada por el investigado quedó por fuera del marco legal, esto es, haber fraccionado o dividido el objeto contractual, afectando los principios que rigen la función pública, pues se acudió a una modalidad se escogencia del contratista menos rigurosa, amparado en que el valor de cada uno de los contratos no excedían del 10% de la menor cuantía”.
“El fraccionamiento de contratos- en el sentir de la corporación- se realizó para omitir el cumplimiento de los requisitos legales de selección abreviada para contratos que excedan el 10% de la mínima cuantía”.
“Al haberse escogido otro procedimiento de selección para celebrar los contratos, previo fraccionamiento artificioso del objeto contractual se vulneraron los principios que rigen la función pública al impedir que se ofertara un contrato con un mayor número de oferentes”, precisó el magistrado Cortés Soto.
Finalmente indicó que la conducta endilgada fue atribuida a título de dolo porque actuó de manera consciente y voluntaria en el fraccionamiento contractual para burlar la aplicación del proceso de selección abreviada.
En estas condiciones, el Tribunal Administrativo del Huila dejó en firme los fallos de primera y segunda instancia y mantuvo intacta la inhabilidad.
Además, condenó al ex mandatario a cancelar los costos del proceso, estimados en dos salarios mínimos legales.