Si por Bogotá llueven a chorros, escandalosas y politiqueras decisiones de la justicia, no escampan en el Huila fallos y sanciones del mismo linaje.
Bastaría recordar el calvario de Francisco Murcia Lancheros, rector del Colegio Simón Bolívar de Garzón. Destituido por la Procuradora Regional del Huila de entonces, dizque por transmitir en la Emisora Cultural Bolivariana, propaganda favorable a Jaime Bravo Motta, político adversario suyo. Nulitado el fallo, reintegrado al cargo y condenada la Procuraduría a pagar indemnización, por el Consejo de Estado, la Procuradora regional debió asumir dicho pago, en acción constitucional de repetición.
Ahora, el Consejo de Estado, anula el fallo de la misma Procuradora Regional, que en 2006 destituyó e inhabilitó a Germán Alfonso López Daza, asesor del Hospital General de Neiva, dizque por aportante a la campaña Jaime Bravo Motta al senado.
Desarticulado el montaje contra el atropellado asesor, la ex procuradora debe pagar los 100 salarios mínimos a que fue condenada la Procuraduría por daños morales.
Sobreviene la destitución de la Gobernadora del Huila Cielo González Villa, quien a diferencia de los anteriores, sí pecó en materia gravísima. En los convenios Usco-Alcaldía de Neiva, el municipio perdió cuantiosos recursos, pero la acción disciplinaria prescribió por desidia de la Procuraduría competente.
Además, depositó como lo hizo también su sucesor, excedentes de regalías por miles de millones, en Tigsa y no en entidades bancarias reguladas y autorizadas por la ley. He sido crítico de la ex alcaldesa, en lo concerniente al ejercicio de la función pública. Su fuero personal me es insoslayable. Y sólo pienso en ese campo, que sacrificó por la política, una brillante carrera en otros ámbitos de la vida, reservados para seres de su carisma, inteligencia y fervor por la causa. El caso Tigsa invadió los espacios de la Fiscalía General Nación; resplandeció la manipulación de la justicia; renuncias de abogados y aplazamientos, provocando vencimiento de términos. En la Procuraduría, a punto de fallar la Delegada para la Descentralización, pasó a la de Hacienda Pública y de esta a la de Contratación. Todas las pruebas recaudadas, dos años antes del fallo, la regional a mi cargo informó a tiempo, fechas y términos.
Fallo de destitución y 12 años de inhabilidad para los dos ex alcaldes, fue apelado en época reeleccionista del Procurador.
Allí, revocan uno y reducen a tres años el otro, tiempo exacto para inhabilitar a la gobernadora. Ahora el Tribunal Administrativo, suspende sus efectos por prescripción, que la coloca en las puertas de la gobernación. ¿Prescripción conocida? ¿calculada? ¿Prevaricato? Fallos de justicia politiquera.