Las consultas populares se establecieron en Colombia como unas elecciones primarias donde los partidos puedan seleccionar los candidatos que los representen en las justas electorales y aparentan ser un instrumento de democracia interno, pero en la práctica nada más distante de ese concepto de fortalecimiento de los partidos, pues se llevan a cabo de manera abierta que pueda participar cualquier ciudadano, incluso los rivales subsiguientes interfiriendo en los asuntos internos de otra colectividad. Nada más irregular que la contraparte coadyuve a determinar el candidato oficial de un partido, y eso es posible con el sistema actual.
El domingo anterior se desarrollaron las consultas en nuestro país, donde participaron pocos partidos y algunos de ellos en reducido número de regiones, propiciando un derroche fiscal muy grande, pues estas son financiadas por el Estado, activándose en todos los centros de votación del territorio patrio como si fueran unas elecciones normales, y allí la logística, los tarjetones, los jurados, personal de apoyo de la Registraduría esperaron en solitario a los escasos electores en las urnas como ocurrió con un porcentaje irrisorio de participación real.
Ante el fracaso de las consultas populares, llegó la hora para legislar acabando lo que hay sobre la materia y reemplazando por una normativa que obligue a los partidos el estatuto de democracia interna donde carneticen a su militancia, y éstos puedan realizar las consultas que a bien tengan con sus afiliados y financiadas por ellos y no con la “platica” de los contribuyentes, donde a lo sumo la Registraduría los acompañe para certificar el proceso y los resultados.
No más consultas abiertas y no más derroche de recursos públicos en estos remedos de democracia, que en la mayoría de los casos no garantizan el respeto de los resultados por quienes participan.
Los instrumentos de democracia interna como las consultas hechas por cuenta y riesgo de los partidos y, la culturización para que los actores políticos emulen y diriman sus aspiraciones al interior de su propia colectividad partidista, es el principio efectivo del fortalecimiento de los partidos que requiere una democracia madura.
La oportunidad legislativa para plasmar este clamor es el proyecto de acto legislativo de equilibrio de poderes que está en trámite.