Frutos amargos hemos cosechado en las recientes elecciones parlamentarias. Diferentes actores políticos han denunciado voluminosos fraudes. La abstención electoral fue mayor que de costumbre. El alto peso relativo de los votos nulos y en blanco revela que muchos ciudadanos no supieron manejar los documentos; o que no encontraron, a pesar de la enormidad de la oferta, un solo candidato por el que valiera la pena votar.
Las tasas de participación electoral en ciertas regiones tienen una alta correlación con la escandalosa información sobre el apalancamiento de ciertos parlamentarios en cargos públicos y recursos presupuestales. Las cifras sobre costos de las campañas, que nadie ha desmentido, muestran que ellos pueden exceder varias veces el valor de los emolumentos que recibiría el respectivo parlamentario en todo el cuatrienio.
Ante este ingrato panorama, se precisa adoptar con prontitud un conjunto de reformas que garantice un mínimo de decencia en los procesos electorales. Propongo algunas.
El Consejo Nacional Electoral, a quien corresponde, conjuntamente con el Registrador, operar las elecciones, es elegido por el Congreso. El origen de su investidura es, por lo tanto, claramente político, circunstancia que le resta independencia y legitimidad en el ejercicio de sus funciones. Romper este cordón umbilical entre actividad política y conducción de las elecciones es indispensable.
El voto preferente es el mecanismo que permite a los ‘barones electorales’ forzar su inclusión en las listas para Congreso. Si bien, en teoría, los partidos pueden negarles el aval, es evidente que quienes gozan de potencial electoral logran imponerse, así su origen o trayectoria no sean dechados de pulcritud. Hay que abolirlo: las listas deben ser cerradas.
La circunscripción nacional tiene la virtud de dar representación a los intereses generales de la sociedad, pero el inconveniente de dejar a ciertas regiones sin representación en el Senado. Solución: cada departamento elegiría un senador; los demás lo serían según el sistema vigente.
Si las elecciones son un elemento central de la democracia, su financiamiento debería realizarse con recursos públicos. Por lo tanto, vale la pena considerar una prohibición absoluta de dinero privado. Para que esta idea sea viable, entre otras cosas, habría que crear, durante los periodos de campaña, un gran foro virtual en los medios de comunicación del Estado, y fortalecer el sistema de reposición de fondos con base en los resultados electorales del partido, movimiento o candidato.
A pesar de que desde 1991 existe el mandato de establecer el voto electrónico, todavía no se ha dado este paso. Hacerlo aportaría eficiencia, transparencia y menores costos una vez se amortice la inversión inicial en sistemas.
La ‘mermelada’ es una práctica inconveniente y, con frecuencia corrupta, que no es de ahora. Son los mismos auxilios parlamentarios de siempre. Después de tantos esfuerzos fracasados, hay que pensar en mecanismos novedosos y radicales. Valdría la pena, por ejemplo, explorar la eliminación de cualquier injerencia de los parlamentarios en la asignación de recursos del Presupuesto Nacional. Los apoyos a las regiones harían parte de una bolsa cuyas reglas de reparto se establecerían por ley.
Los candidatos a la Presidencia que quieran merecer respaldo en los próximos comicios deberían comprometerse a promover reformas como estas, a fin de garantizar honestidad y transparencia a la actividad política.Tengan en cuenta que los ciudadanos estamos ávidos de cambio.
*Presidente Ejecutivo Fasecolda