Increíble. Sin tener derecho, dos gerentes del hospital de La Plata (Huila) se auto pagaron gastos de representación que aumentaban cada vez para incrementar ilegalmente sus salarios. Ahora, tendrán que reintegrar los dineros que recibieron.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanación.com.co
Otro caso para Ripley. Los dos últimos gerentes de la Ese San Sebastián de La Plata, cobraron, irregularmente, gastos de representación que aumentaban años tras año, sin tener derecho.
Por ley, ese reconocimiento está consagrado exclusivamente para alcaldes y gobernadores, dependiendo de las categorías. No obstante, el médico Roldán Montealegre Cárdenas y su sucesor, Luis Alberto Granados Arenas, a pesar de la expresa prohibición legal, incorporaron en la nómina ese reconocimiento salarial, que mensualmente incrementaban, según una investigación que adelantó la Contraloría Departamental.
La anomalía fue denunciada en el 2014 por la alcaldesa de La Plata, Gloria Fanny Caupaz, lo que originó la investigación fiscal.
Montealegre ocupó el cargo entre el 15 de octubre de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2012. Granados Arenas, lo reemplazó en el cargo, pero mantuvo la misma práctica en los dos primeros años, hasta cuando se abrió la investigación fiscal.
Montealegre, quien ha sido gerente de varios hospitales locales entre ellos en Rivera, Baraya, El Pital y La Plata, ha dejado una estela de escándalos, que le han ocasionado varias sanciones disciplinarias.
Una escandalosa gira turística, todo incluido, con todos los empleados de la Ese El Divino Niño de Rivera, pagada con recursos público le costó el puesto y le acarreó serios dolores de cabeza que no ha logrado todavía superar.
Pagos ilegales
Sin escrúpulos y saltándose la normatividad legal, Montealegre y luego Granados, decidieron subirse el sueldo, a través de los gastos de representación.
Los dos funcionarios, según el organismo de control, conocían de antemano esa irregularidad, pero lo hicieron, lo que generó un detrimento patrimonial cuantificado en 31,61 millones de pesos.
“Los dos funcionarios tenían pleno conocimiento que no tenían ningún derecho al reconocimiento y pago de estos emolumentos”, explicó la Oficina de Responsabilidad Fiscal, al ordenar el cierre del proceso abierto hace cinco años.
Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, ninguna autoridad podrá o establecer el régimen salarial, ni autorizar o fijar asignaciones básicas salariales que superen los límites máximos señalados.
En la actualidad solo es posible el pago de gastos de representación cuando sean creados por el Gobierno Nacional en ejercicio de sus competencias constitucionales para empleados del nivel territorial.
“Actualmente, los gastos de representación en el nivel territorial se encuentran consagrados exclusivamente para los gobernadores y alcaldes, y por lo tanto, no es posible su reconocimiento a los gerentes de las empresas sociales del Estado”, precisó el organismo de control.
“Es claro,-concluyó- que los señores Luis Alberto Granados Arenas y Roldán Montealegre se apropiaron irregularmente de unos recursos públicos que correspondían a la ESE San Sebastián ocasionándole un daño patrimonial”, concluyó la agencia fiscalizadora”. La conducta fue calificada dolosa a título de culpa grave. Por esta razón, abrió la investigación fiscal.
Imputación
Granados Arenas reintegró los dineros que recibió en exceso, sin autorización (11,67 millones de pesos).
El odontólogo santandereano, quien ejerce actualmente la gerencia del centro asistencial, confirmó que en efecto, reintegró los dineros en dos contados. El primero el 27 de diciembre de 2013, una parte del dinero y el resto lo hizo en una cuenta de Confié, salvándose del proceso de responsabilidad fiscal.
En cambio su antecesor tendrá que reintegrar los dineros que recibió ilegalmente. Según la Contraloría, el ex funcionario percibió ilegalmente gastos de representación por 22,87 millones de pesos.
No obstante, solo tendrá que reintegrar una parte. En los recursos percibidos en exceso en los dos primeros años (2009-2010) ya operó la caducidad y no procede su reclamación judicial.
En estas condiciones, la Contraloría le imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave a Montealegre Cárdenas, y excluyó a Luis Alberto Granados, actual gerente por haber devuelto el dinero.
Los dos implicados podrán interponer los recursos de ley y solicitar o aportar pruebas que se tendrán en cuenta al proferir el fallo de única instancia.
Otros rollos
La práctica no es nueva. Montealegre, en otros cargos que ha ocupado en los centros hospitalarios de primer nivel, ha replicado la misma costumbre.
Dos meses después de haber asumido el cargo en ‘El Divino Niño’ en agosto de 2008, Montealegre Cárdenas se duplicó el sueldo sin autorización de la junta directiva; homologó los demás cargos e incrementó injustificadamente los salarios de todos los empleados.
El salario pactado fue de 2,2 millones. Sin embargo, sin autorización de la junta directiva se lo subió a 4,7 millones. “De esto nos enteramos después, a finales de septiembre. Hicimos las investigaciones, buscamos conceptos jurídicos y fuimos hasta el Departamento de la Función Pública y nos dijeron que teníamos que denunciar esto a la Procuraduría, a la Personería y a la Contraloría. Así lo hicimos a mediados de diciembre”, afirmó el alcalde de la época Alfredo Perdomo Sánchez. Por eso lo sacó del puesto.
El actual personero de Neiva Kleiver Oviedo Farfán quien ocupaba ese mismo cargo en Rivera lo sancionó por once años por polémico paseo. La misma conducta la replicó en Baraya cuando ocupó el mismo cargo.
Todo incluido
Sin embargo, el principal escándalo que volvió ‘viral’ fue el espectacular paseo con todos los empleados del hospital de Rivera, pagado con recursos públicos en el 2008.
La pomposa gira a la costa Caribe, Santander y Boyacá fue organizada por el Comité de Bienestar Social de la entidad “para mejorar el ambiente laboral”, pero dejando acéfala la entidad.
La excursión con los gastos pagos se programó durante dos semanas entre el 8 y el 19 de diciembre de 2008, incluyendo el primer puente decembrino. El plan turístico aseguraba pagos de transporte, alimentación, alojamiento y entrada a los sitios turísticos, sufragados por la entidad oficial.
El paquete turístico ‘todo incluido’ a Cartagena, contemplaba visitas a islas del Rosario, visita al show de delfines y tiburones en el acuario San Martín; desplazamiento al castillo de San Felipe en Bocachica y paseo a Bocagrande en la isla de Tierrabomba.
El tour a Santa Marta incluía recorrido por el Parque Tayrona en las estribaciones de la Sierra Nevada y Playa Cristal. Además, contemplada un recorrido por sitios turísticos de Santander y Boyacá.
Los servicios turísticos fueron contratados con la agencia Viajes y Turismo representada por Flor Bonilla González por 9,6 millones de pesos. El contrato tuvo un anticipo del 99 por ciento, superior al legalmente establecido (50%), además no constituyó ninguna póliza ni tenía seguros.
Según una investigación adelantada por el personero Kleiver Oviedo, tres contratistas se beneficiaron del paseo, quienes llenaron los cupos de los empleados que no asistieron.
Por estos hechos, el funcionario fue sancionado en primera y segunda instancia por la Personería y la Procuraduría Regional, respectivamente.
Las tutelas que interpuso contra estas decisiones tampoco prosperaron. La Corte Suprema de Justicia rechazó el año pasado rechazó otra tutela por una sanciones convertible en multa.
Por su relevo intempestivo y anticipado del cargo, Montealegre demandó su reintegro. El 30 de octubre de 2015 el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión rechazó la demanda. Montealegre persistió en la demanda y la perdió. El Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión en segunda instancia.
Montealegre Cárdenas reclamaba no solo el reintegro al cargo sino, adicionalmente, el reconocimiento y pago de los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir por el intempestivo relevo del cargo en enero de 2009, seis meses después de haberse posesionado.
