Según reportan los medios de la región, en sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad de uno de los fallos de la Procuraduría General de la Nación en que fue sancionada la exgobernadora Cielo González Villa.
Se afirma en las noticias locales que la razón de la declaratoria de nulidad es porque la notificación se hizo por fuera de términos, en ningún caso se ha asegurado entonces que la falta no se hubiese cometido, simplemente los magistrados consideran que cuando la exmandataria fue notificada de los fallos la acción disciplinaria había prescrito.
Aunque todavía falta la instancia definitiva en el Consejo de Estado pues la Procuraduría apeló el fallo, en caso de ser confirmado en el máximo tribunal de lo contencioso administrativo implica que la Dra. González Villa recuperará sus derechos políticos, pero no por haber demostrado que no cometió la falta, sencillamente será declarada no responsable de esta por prescripción.
Lo anterior no quiere decir que ahora nos la presenten como un “sepulcro blanqueado”, ya que la exgobernadora sería declarada inocente por prescripción a pesar de haber sido vencida y sancionada en el juicio disciplinario en el que entre otras cosas se demostró que se entregaron dineros públicos a una entidad que no contaba con las autorizaciones legales, lo cual si bien es cierto la habilitará legalmente para aspirar a cualquier cargo de elección popular, no borra su pasado en especial las situaciones por las cuales fue proferida la sanción anulada en primera instancia.
En todo caso los responsables no son los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila que emitieron el fallo, ellos evaluaron los hechos y profirieron una sentencia en derecho; tampoco serán culpables si deciden confirmar el fallo los magistrados del Consejo de Estado, los únicos responsables de tal despropósito jurídico serían los funcionarios del ente disciplinario que notificaron el fallo por fuera de los términos, ellos deben ser los llamados a dar las explicaciones correspondientes.
Así como se le exigió a la exgobernadora que acatara el ordenamiento jurídico, razón por la cual se retiró del cargo luego de la orden del Presidente de la República, debe respetarse la decisión definitiva así esta no sea de nuestro agrado, pues las órdenes judiciales son para cumplirlas, de lo contrario estaremos en contravía del estado de derecho y vulnerando los principios democráticos.
Queda preguntarnos: ¿estaremos próximos en el Huila a elegir mediante voto popular a una ciudadana que fue declarada inocente por prescripción?, el tiempo nos lo dirá.
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