Jorge Fernando Perdomo
El asunto que se debate públicamente en todos los medios, que mueve con apasionamiento las redes y polariza la opinión, es, si el gobernante que salvó la democracia, puede ser llevado ante la justicia, o si esa condición histórica le exime de ser tratado como todos los demás ciudadanos.
Cuando en 1981 el teniente coronel Antonio Tejero amenazó la institucionalidad Española tomando con las armas el parlamento, el monarca Juan Carlos I, formado por el dictador Franco, de quien se pensó sería proclive a una nueva dictadura, ordenó a los jefes del estado mayor, mantener el orden constitucional, jugando un papel absolutamente clave en la conservación de la democracia española.
Ya antes, había sido capaz de poner de acuerdo a comunistas en el exilio con franquistas en el poder, todos sectarios y fanáticos, para redactar una constitución, contribuyendo en la transición de una dictadura a una democracia, en forma pacífica y rápida.
Pero además, al rey se le reconoce que su gestión fue decisiva en comprometer a la Francia de Mitterrand en la lucha y derrota del grupo terrorista ETA y en lograr la entrada de España a la comunidad europea, lo cual le permitió salir del patio trasero y convertirse en protagonista.
Mientras la reina Sofía soportaba su propia tragedia griega, el “soberano mujeriego” como lo llamó la prensa europea, había sido sorprendido reiteradamente en sus aventuras de “Casanova”, la última con la princesa alemana Corinna Larsen quien reconoció que el rey le había premiado sus atenciones con 65 millones de Euros, aparentemente provenientes de donaciones de un acto de corrupción.
Seguramente en el asiento de los grandes gobernantes, anida un aspid que una vez inoculado el veneno, les hace sentir por encima del bien y del mal, y lo que hubiera podido ser un enorme legado terminará dependiendo del juicio de la historia.
Asi, el declive que comenzó en la tarde de un caluroso día de junio de 2014, que circunstancias de la vida me permitieron ser testigo de excepción, cuando una multitud se fue congregando en la puerta del sol y vociferaba con enconado sectarismo y violencia verbal celebrando la abdicación de Juan Carlos I, termina ahora vergonzosamente con su exilio voluntario, huyendo de la justicia.
Según la constitución española, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, a menos que se le pruebe que los actos de corrupción fueron consumados después de la abdicación.