RICARDO AREIZA
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Definitivamente la barcaza ‘La Magdalena’, adquirida para complementar el proyecto del parque isla de aventura zozobró en medio de la improvisación y terminó encallada en la Fiscalía.
El navío, los muelles flotantes, los senderos peatonales y la plaza ceremonial, componentes ecoturísticos del ambicioso proyecto, terminaron ‘empantanados’ y hoy en medio de la maleza, enredan a sus primeros ejecutores. Entre ellos, el ex alcalde de Neiva Héctor Aníbal Ramírez y su antiguo jefe de contratación Euclides Dussán.
La barcaza ‘La Magdalena’ como fue bautizada, tuvo un costo inicial de 575 millones de pesos, aportados por Cormagdalena a través del convenio 1-0029- 2009 suscrito con la Alcaldía de Neiva. La administración asumiría los costos de la operación y el mantenimiento. Sin embargo, sólo zarpó el día de la inauguración, seis meses antes de terminar el mandato del ex precandidato a la Gobernación Héctor Aníbal Ramírez.
Ocho años después, la embarcación como un fantasma permanece encallada en el puerto de Caracolí, en el Malecón, en la margen derecha del río Magdalena, en avanzado estado de deterioro. Sólo se usó el día de su inauguración y en otras pocas oportunidades al son de tamboras y rajaleñas.
En el 2013, rodó sin rumbo y sin timonel, arrastrada por una creciente. Después de varios días de búsqueda la encontraron encallada en Guacirco.
La silletería para los pasajeros aún perdura y permanecen en buen estado por el material en que fueron construidas. El piso está inservible, igual que el techo, derruidos por el óxido. Los 32 chalecos salvavidas desaparecieron. Los dos motores fuera de bordas de 150 caballos de fuerza, con capacidad para cinco toneladas, sin ningún uso, seguramente ya no funcionan como lo constató LA NACIÓN en un nuevo recorrido por el lugar.
Antes, los motores localizados en la parte trasera (popa) se prendían ocasionalmente para evitar un mayor deterioro por estar apagados y sin paso de gasolina. “Estos motores por ser de combustión requieren mantenimiento y reparaciones permanentes. Sin esto y sin uso, es fatal para la máquina”, explicó un experto.
La contratación
El ensamble de la nave acuática con fines turísticos se le adjudicó en medio de la agitada polémica al consorcio Muelles 2010 a través del contrato de obra N. 354 de 2010. Previamente, varios de los encargados del proceso estuvieron en Cartagena, invitados por uno de los oferentes.
Según fuentes de la administración, los recursos los aportó y los giró Cormagdalena directamente a la Alcaldía de Neiva.
La administración municipal fue la encargada de adelantar todo el proceso de contratación Durante la pasada administración se contrató el servicio de vigilancia.
Por indebida celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales exigidos y peculado por apropiación tendrán que responder el ex alcalde de Neiva Héctor Aníbal Ramírez, su antiguo jefe de contratación Euclides Dussán García y al contratista, Juan David Camargo Luna, representante legal del consorcio Muelles 2010.
La imputación se hará el próximo 10 de mayo ante el Juzgado 10 Penal Municipal, con funciones de control de garantías. El ente acusador anunció que les imputará cargos por celebración de contrato sin cumplimientos de requisitos legales y peculado por apropiación.
El ex mandatario, a quien le atribuyen falta de planeación e improvisación, aseguró que “la contratación se hizo ajustada a la normatividad. Por eso estoy tranquilo. Vamos a demostrar que las imputaciones carecen de fundamentos”, argumentó. Además, insistió en que las imputaciones se anunciaron “justo cuando anuncié que iba a ser candidato, lo que resulta curioso”.
Encallada
Adicionalmente, la embarcación tenía otras dificultades que no previeron las autoridades cuando la nave se dio al servicio en junio de 2011, como un atractivo para las fiestas del San Pedro.
Para prestar los servicios de recorridos turísticos por el río Magdalena, la embarcación debía estar habilitada y tener un Registro Nacional de Turismo como lo ordena el Código de Transporte Fluvial. Según esa normatividad, toda empresa de transporte fluvial de pasajeros, categoría de turismo, debe tener la habilitación y permiso de operación otorgado por el Ministerio de Transporte. ‘La Magdalena’ no lo tenía.
La norma exige pólizas que amparen el transporte de pasajeros, un plan de contingencia, programas de mantenimiento preventivo y correctivo y dotación de equipos de comunicación.
Adicionalmente, estas naves que presten el servicio de turismo, recreación o deporte, deben contar con la dotación de los equipos técnicos de salvamento como chalecos salvavidas, equipos de primeros auxilios, bombas de achique y los implementos para atender cualquier accidente.
Adicionalmente, los operadores debían garantizar la construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura adecuada, como los elementos de balizaje, señalización y ayudas a la navegación fluvial. Nada de eso existía lo que ocasionó que la nave quedara anclada.
Muelles flotantes
El proyecto complementario para el parque Isla de Aventura incluía igualmente la construcción de dos muelles flotantes.
Los dos muelles flotantes fueron contratados por el Municipio y Cormagdalena con el mismo consorcio Muelles 2010. La inversión total alcanzó 914, 44 millones de pesos., incluyendo el navío de bajo calado. Aunque se invirtieron los recursos los dos sistemas no están operando.
El muelle flotante ubicado en el Parque Isla Aventura desapareció de su sitio. La barcaza y el muelle flotante de Caracolí permanecen en el sitio sin operarlo y en avanzado deterioro.
La Contraloría General de la República como lo reportó LA NACIÓN el 26 de noviembre de 2015 abrió un juicio fiscal. La Gerencia Departamental les imputó responsabilidad al ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez y a su jefe de Contratación, Euclides Dussán.
Senderos
Después, el 13 de enero de 2017, la Fiscalía le imputó cargos al ex mandatario y hasta ayer precandidato a la Gobernación, Héctor Aníbal Ramírez y al ex gerente de exgerente de la Empresas Publicas de Neiva por supuestas irregularidades en la contratación de los senderos peatonales y la plaza ceremonial contemplados por la arquitecta, Diana Wiesner, diseñadora del parque Isla.
La Fiscalía les imputó el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautores. La imputación fue hecha ante el Juez Tercero Penal Municipal Neiva de Control de Garantías.
Empresas Públicas de Neiva fue encargada de adelantar los dos proyectos, según convenio suscrito por la Alcaldía. Dos semanas después EPN lo adjudicó a dedo, sin licitación, con un particular por valor de 4.467 millones de pesos. El contrato 037 fue firmado el 29 de diciembre del 2010 con el ingeniero José Ricardo Vargas Quintero.