Luego de seis años de reclamaciones, el Tribunal Administrativo del Huila ordenó a la Fiscalía General de la Nación el pago efectivo de la reparación a 179 víctimas civiles de capturas ilegales, soportadas con testigos falsos.
RICARDO AREIZA
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El Tribunal Administrativo del Huila ordenó el pago efectivo de la más alta condena impuesta a la Fiscalía General de la Nación por las capturas masivas realizadas hace 19 años en varios municipios del Huila, con falsos testigos.
La condena total ascendería hoy a 10.638 millones de pesos por daños materiales, morales e intereses causados a las 179 víctimas de las detenciones arbitrarias tras los frustrados diálogos de paz realizados en San Vicente del Caguán (Caquetá).
Sin embargo, por una conciliación prejudicial la condena se redujo en un 30% (unos 3.191 millones de pesos).
El mandamiento de pago fue ordenado por el Tribunal Administrativo del Huila, acorde con la sentencia proferida el 15 de julio de 2015, en contra de la Fiscalía, administrativamente responsable por las capturas ilegales, soportadas con testigos pagos.
La decisión cobró ejecutoria el 7 de diciembre de 2015 pero la reparación nunca llegó.
Conciliación
La Fiscalía General de la Nación, responsable de la reparación, propuso como fórmula conciliatoria el pago del 70% del valor total de la condena, excluyendo de los perjuicios materiales en el concepto del lucro cesante el 25% por prestaciones sociales.
El acuerdo conciliatorio fue aprobado el 24 de noviembre de 2015 y aclarado el 9 de septiembre de 2016. Sin embargo, la Fiscalía incumplió el compromiso.
Al no haberse efectuado el pago, las víctimas iniciaron un proceso ejecutivo resuelto el 28 de mayo de 2018. Ante el incumplimiento el Tribunal Administrativo del Huila libró el respectivo mandamiento de pago a favor de los demandantes.
El 30 de octubre de 2019 ordenó seguir adelante con la ejecución por el incumplimiento de la Fiscalía.
La suma se incrementó a 7.035 millones de pesos hasta el 25 de noviembre de 2019. El 27 de noviembre de 2019, se fijó en lista la liquidación del crédito y el 9 de marzo de 2021 se dispuso la liquidación actualizada del crédito, por concepto de perjuicios materiales y los intereses causados.
“En virtud de lo anterior y en aras de salvaguardar los principios de legalidad, la congruencia de las decisiones judiciales y el efecto útil de las mismas, no se acogerá la liquidación de crédito presentada por los demandantes y en su lugar se tendrá en cuenta la elaborada por el contador de la corporación, por estar consolidada, actualizada y ajustada al mandamiento de pago y al auto de ordenó seguir adelante la ejecución”, explicó el magistrado José Miller Lugo.
Reparación
En efecto, el contador del Tribunal realizó la liquidación actualizada de la obligación para cada uno de los demandantes, la cual arrojó un total de 2.971 millones de pesos, por concepto de capital, perjuicios morales y materiales. Además, los intereses moratorios causados desde el 8 de diciembre de 2015 hasta el 21 de mayo de 2021, por valor de 4.476 millones de pesos.
El monto total a pagar hasta asciende a 7.447 millones de pesos, discriminada e individualizada a favor de las 179 víctimas directas de las capturas ilegales y sus parientes más cercanos.
Adicionalmente ordenó otros 99,89 millones de pesos por daños materiales y lucro cesante a 17 víctimas directas de las capturas masivas
Capturas ilegales
La ‘Operación Margareth’ fue coordinada personalmente por la fiscal especializada Cecilia Giraldo Saavedra, quien falleció en febrero de 2003 mientras realizaba un allanamiento a una casa-bomba en el barrio Villa Magdalena de Neiva.
Al mando del envolvente operativo estuvo el coronel Joaquín Correa López, enredado por nexos con paramilitares en Barrancabermeja. Actualmente responde ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La operación simultánea concluyó con la detención arbitraria de 37 personas, entre ellos el concejal José Arce Zúñiga, la docente Elvia María Trujillo (quien falleció posteriormente), los policías Edgar Culma Soto y Luis Eduardo Burbano, además de numerosos campesinos, líderes sociales y comerciantes, sindicados falsamente como miembros o colaboradores de las desmontadas Farc.
La gigantesca operación fue realizada el 13 de julio de 2002 en los municipios de Neiva, Nátaga, Tesalia, La Plata e Íquira por un falso testimonio que rindieron ante la policía, Farith Motta González y César Augusto Navarro, supuestos desertores de esa guerrilla, desmontada tras los acuerdos de paz firmados en agosto de 2016.
El director nacional de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert Vargas, los presentó en Neiva, con un gran despliegue mediático nacional, como supuestos milicianos del frente ‘Joselo Losada’ de las Farc.
Imputaciones
La fiscal Cecilia Giraldo, quien ordenó las capturas con testigos falsos, les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, rebelión y porte ilegal de armas.
La Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales de Circuito Especializado de Neiva, a partir del testimonio de los dos falsos testigos abrió investigación penal el 10 de julio de 2002 contra Alfonso Ramos Cabrera, Elvia María Trujillo de Perdomo, Isaías Andrade Ramírez, Fortunato Noscué Palma, Carlos Eduardo Ramírez Trujillo, Adalberto Pérez Lozano (fallecido) Eliana González Castillo, Alexander Velásquez Peña, entre otros.
Las órdenes de captura se hicieron efectivas el 13 de julio de 2002 en allanamientos y registros realizados simultáneamente. También fueron detenidos ilegalmente Germán Basto Bríñez, Jiovanny Medina Suns, Reinel Andrade Leguízamo, Angelino Leiva Leiva, José Oliderney Daza Cerquera y Edinson Yuco Yuco, quienes fueron aprehendidos por vía administrativa, y 23 personas más.
La Fiscalía les imputó inicialmente los delitos de concierto para delinquir, rebelión y porte ilegal de armas.
Los procesados, actores de la demanda, estuvieron privados de la libertad durante seis meses, con medida de aseguramiento, hasta el día en que obtuvieron la libertad.
Testigos falsos
La fiscal Giraldo ordenó las capturas solo con las versiones que entregaron los supuestos desertores, Farith Motta González y César Augusto Navarro, quienes luego aparecieron como testigos pagos. Incluso aparecen en otros expedientes como testigos protegidos de la Fiscalía.
Motta, fue informante del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ya desmontado. Luego se presentó como supuesto integrante del frente 14 de las antiguas Farc y de la quinta compañía de la desmovilizada columna Teófilo Forero. Finalmente confesó que era paramilitar.
Después terminó como testigo denunciando que cinco atentados terroristas registrados en Bogotá, entre el 26 de junio y el 7 de agosto de 2006, día en que comenzaba el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe, fueron montajes preparados por miembros del Ejército, de los cuales cuatro fueron frustrados y un carro-bomba estalló el 31 de julio, dejando un muerto y 19 soldados heridos.
Motta también denunció falsas desmovilizaciones y falsos atentados terroristas, supuestamente preparados por algunos oficiales.
La preclusión
Al final de la investigación, la propia Fiscalía demostró la falsedad de las imputaciones y archivó el expediente.
“Las versiones del testigo Farith Motta fueron desestimadas por registrar problemas mentales, como consecuencia de un accidente. En estas condiciones no ofrecía garantía su versión y por el contrario los testimonios practicados a favor de los sindicados, los señalaban como personas de bien y trabajadores, siendo precluida la investigación en virtud de la presunción de inocencia”, afirmó el abogado Hugo Tovar Marroquín, quien llevó la defensa técnica.
Desplome
La debilidad probatoria precipitó el desplome del proceso.
Después demostrar las falencias de las imputaciones, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales de Circuito, les precluyó la investigación el 5 de julio de 2006.
La misma Fiscalía concluyó que las versiones de los testigos Motta y Navarro, pilares probatorios de la investigación, “no fueron verificados acerca de la verdadera existencia de los hechos”. Además, precisó que el primero de ellos, Farith Motta, un dentista tramposo, es señalado por familiares suyos “como una persona irresponsable, inestable, con problemas mentales fruto de un accidente de tránsito que sufrió” y “es conocido por sus paisanos como un delincuente astuto para engañar a los campesinos y no cumplirles los trabajos de dentistería”.
