Luego de las denuncias realizada por los medios de comunicación y ONGs, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación a varios funcionarios públicos por la incursión armada de las Farc en el corregimiento de ‘Conejo’, municipio de Fonseca, departamento de La Guajira, el pasado 18 de febrero, para realizar una supuesta socialización del proceso de paz.
Según el ente de control son varias las entidades estatales con sus respectivos funcionarios que deben dar explicaciones por el tema, con el fin de establecer sus responsabilidades.
Los que están en la ‘mira’:
1. Doctor Luis Carlos Villegas, ministro de la Defensa Nacional.
2. General Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante general de las Fuerzas Militares.
3. General Alberto José Mejía Ferrero, comandante general del Ejército Nacional-.
4. General Jorge Enrique Navarrete Jadet, comandante de la Primera División del Ejército Nacional.
5. General Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional.
6. Teniente coronel Iván Orlando González Villamil, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No.2 ‘Coronel Juan José Rendón’ del Ejército Nacional.
7. Teniente coronel William Alfonso Chávez Vargas, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 10 ‘Santa Bárbara’ del Ejército Nacional.
Las faltas disciplinarias
Según la Procuraduría se investigará varias conductas inadecuadas de los funcionarios públicos:
La primera consiste en establecer si las Fuerzas Militares y de Policía se retiraron o no hicieron presencia física durante el tiempo que estuvo la guerrilla de las Farc en el corregimiento Conejo, lo cual podría constituir una violación a la Ley 418 de 1997 que en el parágrafo 1º del artículo 8º prescribe que “En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional.”
La segunda consiste en determinar si las Fuerzas Militares y de Policía dejaron desprotegida a la población civil del corregimiento Conejo del municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, e indefensa en manos de las Farc.
“Esta investigación deberá determinar, entre otras cosas, si con dicha desprotección se permitió el uso por parte del grupo guerrillero de un establecimiento educativo, con estudiantes del Conejo, configurándose una presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a la Constitución Política, que impone a las autoridades proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes”, indicó la Procuraduría.