La planta de tratamiento de aguas residuales para descontaminar al río Magdalena ha vivido su propio calvario. A pesar del tormentoso viacrucis, una nueva esperanza apareció para facilitar la resurrección.
RICARDO AREIZA
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La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para frenar la grave contaminación del río Magdalena, sigue ‘crucificada.
A pesar de los intentos infructuosos para ‘resucitarlo’, el proyecto estratégico, ordenado hace 19 años, quedó sepultado en los anaqueles de la ineficiencia estatal de las Empresas Públicas de Neiva.
Ni siquiera las acciones judiciales, incluyendo varios desacatos con multas y arrestos, lograron revivirlo para detener la alta carga contaminante que se precipita al río Magdalena, en por lo menos 23 puntos, solo en Neiva.
Después de un penoso viacrucis, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó definitivamente el trámite administrativo para la aprobación de la licencia ambiental por no cumplir con los requisitos mínimos requeridos y, por lo tanto, sepultó la viabilidad del proyecto, ordenado hace 19 años por un fallo judicial.
Las tres solicitudes tramitadas por las Empresas Públicas de Neiva fueron rechazadas porque la información aportada para su trámite era insuficiente, generaba incertidumbre, y presentaba enormes falencias técnicas y ambientales, que EPN no logró subsanar. La decisión está consignada en el Auto No. 04357 de 2022 expedido el 9 de junio de 2022.
“Ante las falencias encontradas en el estudio ambiental, se procedió al archivo del trámite administrativo iniciado, ya que impide que la autoridad ambiental pueda continuar con la evaluación de dicho estudio y emitir el correspondiente pronunciamiento, culminando así el trámite de manera anticipada”, explicó en su momento Rodrigo Suárez Castaño, el entonces director general de la entidad.
En conclusión, la ANLA ordenó el archivo definitivo del expediente. Los trámites adelantados quedaron en cero.
Preocupación
Ante esta realidad, una comisión de veedores ciudadanos, solicitó al actual gerente de Empresas Públicas, Andrés Eduardo Charry Guilombo, partir de cero, darle la prioridad que la obra tiene, conformar una unidad especializada que se ponga al frente del proyecto y permita su “resurrección”.
La reunión se realizó el lunes pasado en la sede de EPN.
“Es inaceptable que después de casi dos décadas de gestiones fallidas, la Alcaldía de Neiva no disponga de estudios y diseños técnicos para ejecutar la obra como una prioridad. Pero, además, que injustificadamente se hayan dilapidado recursos públicos en las dos consultorías cuyos resultados no satisfacen los requerimientos básicos para ese tipo de proyectos”, expresaron los líderes sociales frente a la parálisis de la iniciativa.
Inversión perdida
Con razón, explicaron que se han dilapidado recursos superiores a los diez mil millones de pesos, en dos consultorías (Consorcio Neiva 2009 – abril del 2011 e Hidrosan SAS en agosto 2.017), además en la adquisición de dos lotes, localizados en zona de reserva ambiental y en actualización de diseños, que terminaron en un “vergonzoso fracaso”.
El primer predio, a un lado del puente Santander, fue adquirido en el 2013 por un valor de 2.664 millones de pesos aportados por la Gobernación (1.200 millones) y 1.464 millones correspondiente a recursos propios, lo que representó el primer avance.
El 21 de febrero de 2019 Empresas Públicas contrató la actualización de los estudios de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental que tampoco sirvió.
La actualización tuvo un costo de 429 millones de pesos. Asimismo, se contrató un estudio de arqueología exigido por el Instituto Colombiano de Antropología con un costo de 39,87 millones de pesos.
Empresas Públicas ha invertido en esos estudios 468,95 millones de pesos. La preinversión asciende a 5.324 millones de pesos de los cuales 2.837 millones corresponden a recursos de EPN ejecutados entre 2013 y 2019.
Durante la administración Lara EPN firmó un acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación para la estructuración de una Asociación Público Privada (APP) para la construcción del proyecto con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Resultó otro fracaso.
Peor aún, se perdieron 19 años, sin que se haya dado un paso en firme, en medio de la improvisación.
Voluntad política
“Lo claro, es que, en este proyecto, nadie sabe lo que hay que hacer. Ni Empresas Públicas sabe que hay que hacer para asegurar su ejecución. Lo claro es que tenemos que buscar un equipo de expertos para retomar el proyecto y definir el modelo”, explicó el funcionario.
“No es falta de voluntad política, como se ha dicho. Tenemos interés, toda la voluntad para retomar el tema y resolver los problemas que se han presentado, entre ellos la liquidación del contrato de consultoría de 2017 que impedirá su ejecución”, anotó.
El proyecto
La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales fue ordenada en el 2005 por el Tribunal Administrativo del Huila en el trámite de una acción popular para contener la grave contaminación del río Magdalena.
La acción judicial, promovida por Gustavo Mora Perea, presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios del Huila, sigue crucificada.
La obra, según el fallo, tendría que ser financiada por la Alcaldía de Neiva, Empresas Públicas de Neiva, Gobernación del Huila, Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) y Cormagdalena.
Según el fallo, estas entidades vinculadas debían ejecutar a más tardar en el año 2011 al menos una de las tres plantas de tratamiento proyectadas. Antes de finalizar el año 2015, tenían la obligación de garantizar una solución completa al problema de contaminación del río Magdalena por aguas residuales que se descargan sin ningún tratamiento.
Esta decisión fue confirmada el 11 de junio de 2009 por el Consejo de Estado. Después de casi dos décadas, los fallos judiciales no se han cumplido y la obra sigue en el sepulcro.
Según el fallo, las entidades vinculadas debían ejecutar a más tardar en el año 2011 al menos una de las tres plantas de tratamiento proyectadas y antes de finalizar el año 2015, tenían la obligación de garantizar una solución definitiva. Después de 13 años de ese calvario, el proyecto con plazos perentorios, quedó en sepultada.
La preocupación
En este primer encuentro con Empresas Públicas el comité de veeduría insistió en agilizar la contratación de los estudios técnicos para la ejecución por lo menos de la primera fase.
“El municipio de Neiva como único responsable del saneamiento de las aguas vertidas del alcantarillado al rio Magdalena, debe incorporar al Plan de Desarrollo del Municipio como una acción inaplazable, los recursos técnicos, humanos y financieros, que garanticen el cumplimiento de las sentencias judiciales que gravitan sobre su autoridad municipal.
“Después de casi dos décadas, no hay una solución concreta para la descontaminación del agua vertida al río Magdalena, por el municipio de Neiva. A pesar de la pérdida de ingentes recursos económicos, a la fecha no existe un proyecto que cumpla con los requerimientos de una obra de esta magnitud”, expresaron líderes de la veeduría.
Borrón y cuenta nueva
“El proyecto debe comenzar de cero. Los errores del pasado no pueden repetirse”, explicó el veedor ciudadano, Humberto Castro.
En su criterio deben contratarse con urgencia los nuevos estudios y diseños que satisfagan todos los requerimientos legales y especificaciones técnicas y ambientales y costos sustentables, para que logren una solución definitiva.
“Los nuevos estudios deben contemplar la alternativa integral para que el sistema de tratamiento seleccionado trate todas las aguas residuales de Neiva, en el presente y en el largo plazo, con un sistema de tratamiento de bajo costo para el usuario o suscriptor, de fácil operación, mantenimiento y administración”, anotó el ingeniero Marcos Silva.
“El tema es complicado, pero debe quedar en el Plan de Ordenamiento Territorial. Debe incorporarse al POT para no repetir los errores”, insistió el ex gobernador Jaime Salazar.
“El primer paso debe ser- según lo explicó el economista Germán Palomo, la administración municipal como responsable del saneamiento de las aguas vertidas del alcantarillado al rio Magdalena, debe incorporar la iniciativa al Plan de Desarrollo del Municipio como una acción inaplazable”.
“La PTAR debe ser uno de los tres proyectos estratégicos prioritarios, con posibilidades de financiación a través de recursos de cooperación internacional. Pero para eso debe presentarse proyectos para una cofinanciación internacional”, anotó el ingeniero Paulino Galindo Yustres.
De hecho, la resurrección de la obra, no será fácil. No solo en la parte técnica y ambiental, sino especialmente por el componente financiero.
Enredada financiación
La obra, según el proyecto original, sería ejecutada en dos fases, tal como fue diseñada, con una inversión 215 mil millones de pesos, según el cierre financiero de 2019. El Gobierno Nacional aportaría 124.780 millones de pesos, unos 6.000 millones de pesos anuales durante 20 años.
Otros 20 mil millones de pesos los aportaría el Ministerio de Vivienda para la primera fase.
Sin embargo, según el DNP, el sistema costaba en octubre de 2021 bajo el esquema de APP, alrededor de 450.000 millones de pesos, 14.000 millones de pesos durante 22 años.
La última cifra reportada el año pasado por EPN ascendía a 553 mil millones de pesos. Al no lograrse la consecución de las fuentes de los recursos requeridos para garantizar el cierre financiero del proyecto para su ejecución bajo la modalidad de obra pública el Ministerio de Vivienda devolvió el proyecto el 22 de agosto de 2022.
Según Ricardo Vega, este valor implicaría que las cifras inicialmente proyectadas después del fallo proferido en el 2005, tendrán que modularse para que se distribuya entre las entidades, de acuerdo con sus competencias. No obstante, las demás entidades comprometidas, según el fallo, sacaron la maleta.
Por etapas
Lo claro, es que el alcalde German Casagua, está pensando en el proyecto, como un contrato de obra pública, por etapas, para ejecutarlo por varias fases. Según el gerente de EPN, Andrés Eduardo Charry, hacerlo a través de una Alianza Público-Privada como se tenía previsto en la anterior administración, está descartado.
El alcalde Rodrigo Lara, contrario a lo prometido, fracasó en el intento. La anunciada cofinanciación con el Banco Interamericano de Desarrollo, nunca se logró y la propuesta abortó. Lo mismo ocurrió durante el periodo del alcalde Gorky Muñoz.
“Lo cierto es que hoy el proyecto está en cero. No tenemos un horizonte claro sobre lo que hay que hacer. Por esa razón, estamos interesados en confirmar un equipo altamente técnico para determinar, los pasos a seguir, y no repetir los errores del pasado”, aseguró Charry Guilombo.
“Aspiramos a designar un gerente técnico para la PTAR para que definamos el proyecto. Tenemos toda la voluntad para la materializar la obra”, subrayó.
El primer paso será liquidar un contrato de consultoría de 2017, integrar el equipo, determinar los estudios técnicos y diseños, reiniciar los trámites para el licenciamiento ambiental y asegurar la financiación por lo menos de la primera etapa. ¿Será que sí? A rezar, pues.