Escrito por: David Andrés Sánchez Bogotá – Jefe de Crédito y Cartera Universidad del Rosario
Uno de los mayores desafíos que enfrentan las economías es abordar los diversos desequilibrios económicos que afectan principalmente a aquellos cuyos niveles de ingresos son altamente sensibles a las fluctuaciones en los precios de la canasta básica. El Banco de la República, desde su concepción, ha tenido la finalidad de utilizar de manera independiente las herramientas para proteger el poder adquisitivo de los colombianos, más allá de las conveniencias políticas que suelen inmiscuirse, tarea que se ha cumplido cabalmente.
A pesar de las grandes luces por las que se ha exaltado la labor del Banrep en la lucha contra la inflación, lejos de lo técnico, hay sombras en su historia más reciente frente a la postulación de los miembros que conforman su junta directiva. Entre los episodios, la designación de Bibiana Taboada, quien fue cuestionada por ser hija de la otrora ministra Alicia Arango, durante la administración de Duque. Así también, el nombramiento de Alberto Carrasquilla, altamente discutido por sus precedentes en la presentación de la tributaria para enfrentar el COVID-19, suceso que desencadenó en el “estallido social” de 2021.
Con la presidencia de Petro, estos temores de independencia vuelven a surgir, pues, como es habitual y de acuerdo con los estatutos mismos del Emisor, una vez cumplido el tiempo de designación de la junta directiva, el Presidente de la República podrá designar dos nuevos integrantes para que integren el cuerpo colegiado de gobernanza por los siguientes cuatro años. Frente a esta situación, se acota que Petro ya cuenta con dos miembros; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, y Olga Lucía Acosta, quien sustituyó a Alberto Carrasquilla, por lo que se entendería que tendría mayorías para la toma de decisiones sin el debido contrapeso técnico.
En relación, se resalta la poca asertividad por parte del Gobierno a la hora de designar las cabezas de las entidades públicas, las cuales, se han permeado por el sectarismo ideológico y político que han disminuido su efectividad institucional por la carencia de perfiles técnicos y académicos. Como referencia, en Ecopetrol, se designaron miembros de junta con perfiles distantes de lo requerido para el sector y lejos de las buenas prácticas de la OCDE, las cuales propenden por mitigar el impacto de los conflictos de interés.
Hay que poner los ojos al futuro del Emisor, pues con una mayoría de miembros de Junta designados por Petro, obtendrá mayor margen de maniobra para negociar e implementar sus reformas. En la coyuntura, temores respecto a la posible aprobación de la reforma pensional, en donde los recursos que formen parte del segmento público serán administrados por el Banrep, rompiendo la función principal que la Constitución ha fijado. Así también, se suman las presiones para una reducción más acelerada de las tasas de interés, pues no es un hecho menor afectar el criterio de inflación objetivo que hoy se tiene. Por último, y no menos relevante, se ha mencionado en algunos escenarios ser un impresor de moneda sin el debido debate con la rigurosidad técnica que esto conlleva; incluso, se han mencionado propuestas de pagar gasto público con emisión de deuda de esta entidad.