Luis Fernando Pacheco G.
Que la Policía Nacional requiere una profunda reforma, es una verdad grande como un templo. Son inmensos los aportes de la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil respecto a los detalles de dicha reforma: en primer lugar, la necesidad de sacarla del Ministerio de Defensa y adscribirla a otro Ministerio (la gente habla del Ministerio del Interior, preferiría la creación de otro despacho pero como dice la sabiduría popular “el palo no está para cucharas”).
En segundo lugar, la urgencia de determinarla como un cuerpo civil de seguridad ciudadana y por ende, poner punto final al adefesio de impunidad que resulta ser el fuero penal militar.
En tercero, evidentemente, poner fin a la doctrina del enemigo interno, a la visión de conflicto armado y permitir una policía que avance contra la lucha de las nuevas amenazas trasnacionales y la criminalidad actual, algo en lo que parece ir perdiendo la batalla.
Por soslayo no se debe pasar por alto el análisis de sus condiciones laborales, de la carrera meritocrática, de las labores que hace y no debería, y de lo poco atractivo que resulta hoy para la mayoría de jóvenes lo que en otrora significaba gloria (fenómeno que comparte con seminarios y conventos a lo largo y ancho del continente).
Nunca una reforma tan necesaria había parecido tan improbable. Primero, por el contexto post-pandemia: hay tantos temas por prever en el retorno a la nueva normalidad que el avasallamiento por “refundar el mundo con tapabocas” ocupa buena parte de la agenda y el tiempo de los tomadores de decisiones, tanto en el sector público como en el privado.
Porque para esa reforma, se requiere un gobierno que tenga capacidad de diálogo con los actores de interés (la misma policía, los retirados, la academia, los gobiernos locales y sobre todo el Congreso y los partidos políticos, con quienes debería tramitar la mentada reforma), y en el pasado reciente no ha existido un gobierno con tan baja capacidad de crear consensos y asumir liderazgos, a tal nivel que empoderó a un legislativo que estaba acostumbrado a decirle que sí siempre a la Casa de Nariño.
Pero sobre todo -y derivado de lo anterior-, porque la incapacidad del gobierno Duque (aún admito que tengo dudas sobre quién gobierna) ha generado la campaña presidencial más larga en la historia constitucional reciente y discutir una reforma de tal calado en medio de los debates para reemplazar al gobierno, y con los congresistas en las regiones haciendo campaña, transformará la reforma necesaria en la reforma imposible.
Antes de irnos. ¿De verdad, nadie dará una explicación sobre lo que pasó con el mural “Quién dio la orden” del Cementerio Central?
@luisferpacheco