Ahora, parece que la unidad del sínodo se ha resquebrajado. La liturgia de los cocteles, el canje de favores con políticos, la fraternidad con reconocidos bufetes que presumen y ostentan las llaves de acceso a los despachos, la discriminación de los litigantes sin entronques en la práctica judicial, sin la menor oportunidad de ejercer válidamente su oficio, desde la época de los viajes colectivos a Girardot o a esta ciudad de Neiva, parece que ha quedado en evidencia. Era algo con lo que el país había convivido como esas fiebres que el cuerpo humano padece hasta que llega el momento en que hay que enfrentar la realidad de un grave malestar. Y el daño es mucho más extenso para el organismo social. Está bien, el clientelismo y la injerencia de Congreso y Ejecutivo en la conformación de las altas cortes, es una perversión. Pero el mal se profundizó. Es la materia, la parte sustantiva de la justicia misma, la que se ha deteriorado. En el afán de crear derecho, de innovar, de sentar nuevas doctrinas, de formular fallos progresistas para cada caso, nos entregaron un derecho fraccionado: se multiplicó la jurisprudencia para todos los gustos; la tutela, mecanismo de excepción, dejó en suspenso el fallo ordinario; los cambios de criterios sembraron la inseguridad jurídica. La misma ley, hoy, se ve superflua, innecesaria. Ya se afirma que no hay que citar la norma positiva, y a cambio apostarle a la última jurisprudencia para ganar en un litigio. Los principios generales del derecho, del procedimiento y del proceso, es como si hubieran quedado guardados en el túnel del suspenso. Se pretermitió aquello de que EL DERECHO ES UN SISTEMA. En estos momentos, el poder judicial hace gala de una libérrima facultad de dictar la justicia, a nombre de doctrinas que pueden ser válidas en Europa o Norteamérica, pero no en Colombia y dudo que en la parte latina de este continente. Sin respeto al sistema en los fallos judiciales, el derecho se fracciona. Queda abierto el campo a la arbitrariedad. Resulta muy expedito el salto en la jurisprudencia sin explicación válida. Y desde luego, se toma el camino de la politización y de una anacrónica ideologización de la justicia. Es toda una historia, la última parte de la vida judicial, la que tendrá que rectificar la sociedad colombiana, si quiere rescatar la confianza del pueblo en la justicia. No haber cumplido honestamente con su función de unificar la jurisprudencia, debiera desvelar más que Pretelt, a la magistratura.