El debate sobre la salud y la estatización del servicio, la posibilidad de un apagón en el país por la irresponsabilidad del Gobierno y los anuncios de convocatorias ciudadanas alrededor de una constituyente, para solo citar algunos temas recientes, han hecho perder de vista las camorreras declaraciones del presidente Petro en torno a las obras de infraestructura para Antioquia.
Yo me pregunto qué más podía hacer el gobernador ante provocaciones como aquella de “¿a quién se le ocurre –sin agua no podemos vivir– dejar el agua potable en la puerta de atrás de la casa, y poner en la puerta de adelante la 4G y el túnel? ¿Saben a quién se le ocurre? Al que quiere hacer negocio con la plata del túnel y la carretera, y entonces deja la gente atrás, que es la que necesita el agua”.
A lo que añadió: “Sin agua potable para el Urabá, no sirven para nada vías 4G”. Para concluir con: “Nosotros tenemos que hacer poner el agua potable en la puerta de adelante, y las 4G y los túneles en la de atrás. Primero la gente”.
Todo, frases vacías para la galería, pues ha sido el propio Gobierno el que se ‘olvidó’ de incluir en el presupuesto los recursos para agua potable, nada ha hecho en el Urabá y lo poco que destinó para este propósito tampoco lo ejecutó. Tan solo un discreto 48 % en 2023. No creo que haya que inventar confrontaciones entre el agua y las vías de comunicación. Ambas son necesarias.
Vale la pena recordar que en agosto de 2018 el gobierno Santos entregó al gobierno Duque contratadas y en ejecución 7 concesiones públicas y dos privadas para Antioquia. Para destacar Mar 1 y Mar 2, que comunican a Medellín con el Urabá antioqueño, la cual incluye el ahora más famoso túnel del Toyo y los tres proyectos Pacífico, que conectan a Medellín con La Virginia. En concreto, Antioquia resolvió su salida al mar, al Magdalena Medio, al suroccidente y al norte rumbo a la costa Caribe. Estas inversiones a 2023 suman 32 billones de pesos.
Entre los años 2017 y 2023, ya el Gobierno Nacional pagó vigencias por valor de $ 8,04 billones, y entre 2024 y 2040 está obligado contractualmente a desembolsar para las siete APP públicas un valor de $ 29,18 billones.
Estos pagos son una obligación contractual a cargo de la ANI y solo pueden ser modificados por mutuo acuerdo, mediante un otrosí debidamente suscrito con el concesionario, previa aprobación de los ministerios de Transporte y Hacienda, y del Conpes y el Confis, y no a través de un discurso en plaza pública.
En caso de incumplimiento del Estado, estos proyectos se paralizarían, afectando gravemente el servicio a los usuarios, poniendo en riesgo las inversiones ya ejecutadas y generando demandas a la ANI en una cuantía que podría superar los $ 30 billones y, muy grave también, se comprometería la terminación de las restantes autopistas, además de que se afectaría la calificación crediticia del país, con todas sus consecuencias en materia de costo del endeudamiento. Nada menos que un ‘default’.
Pero más allá de los recursos recolectados, que ascienden a 3.632 millones, aportados por 11.592 colombianos, la vaca ha desatado la ira de Petro, quien, además de atacar al propio gobernador, ahora dirige sus dardos contra un grupo de congresistas que se atrevió a donar recursos para la causa. El demandante, preocupado, ha solicitado la pérdida de investidura de buena parte de la bancada antioqueña, acusándolos de haber violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El Consejo de Estado tendrá que pronunciarse sobre esta pintoresca demanda, cuya verdadera gravedad no es otra que su muy probable origen en el propio Gobierno.
Pero, como vamos, lo más probable es que el alcalde de Bogotá tenga que iniciar su propia vaca para el metro (seré el primero en aportar), o los mandatarios de Cauca y Nariño para construir la carretera Pasto-Popayán, o los de la Orinoquía, para la vía Villavicencio-Puerto Carreño y tantas otras ahora calificadas por Petro como obras para los ricos. ¡Habrase visto!
Oportuno recordar que, del programa bandera en infraestructura de este gobierno, ‘Caminos para la paz’, de los 1.053 contratos adjudicados a dedo a las juntas de acción comunal por 209.000 millones solo se han terminado 4. De cumplirse todo el programa, algo muy dudoso, habrán ejecutado solo 1 billón de los 8 prometidos. Con Petro y su camarilla de incompetentes todo es así.