Está haciendo bien la Administración Departamental en empezar a ‘apretar’ a los contratistas incumplidos, a propósito del polémico contrato para la pavimentación de las vías Garzón-Puerto Alegría y Oporapa-cruce de Saladoblanco.
Ya era hora: Las dos obras, financiadas con recursos de regalías, con una inversión que alcanza actualmente los $50 mil millones no podrán terminarse a pesar de las seis prórrogas y las adiciones sucesivas de recursos. A pesar de las adiciones en tiempo y en dinero, las obras reportan actualmente un avance físico del 80,36% para el frente de Garzón y del 69,49% para el frente de Oporapa. Hoy están paralizadas.
Vale la pena recordar que por estos hechos, la Contraloría General de la República, abrió varios procesos de responsabilidad fiscal, contra contratistas, interventor, supervisores y ordenadores del gasto. Además del considerable retraso, las obras ejecutadas presentan deficiencias de calidad en varios tramos de su trazado, la placa asfáltica es deficiente y las obras de arte, por malos diseños, quedaron por debajo del pavimento y deben demolerse.
Debido a este panorama, la Administración Departamental tomó la decisión de emitir contra el contratista una primera sanción equivalente a una multa, es decir, la cláusula penal pecuniaria. Según la Gobernación, el contratista dentro del plazo de ejecución restante no alcanzará a terminar la totalidad de la obra, estimándose el perjuicio en 16.391 millones de pesos y sobre ese valor se aplica el 20% de la cláusula penal, teniéndose como valor de la sanción la suma de 3.278 millones de pesos que deberá cancelar el contratista.
¿Quién es el contratista? Se trata del consorcio Vías para el Huila, representado legalmente por el ingeniero caqueteño Javier Muñoz Mora dueño del 40% y por el contratista samario Darío Cohen Barros Zinmerman, representante legal de la empresa La Macuira Inversiones y Construcciones S.A. (dueño de otro 40%). Además hacen parte del consorcio la firma Excavaciones Jobepa Sucursal Colombia, representada por Yeimi Johana Coca Duque con una participación del 18% y Becsa Sas, representada por Elizabeth Troncoso Carrillo con una participación del 2%.
Este hecho demuestra que las Administraciones cuentan con todos los recursos legales para castigar a los contratistas incumplidos.