José Joaquín Cuervo Polanía
Es necesario hacer un nuevo balance sobre la naturaleza, la defensa y la no vulneración de los derechos humanos en medio de la pandemia. La pandemia del COVID-19 ha venido afectando gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19. Lo primero que nos terminó de demostrar la pandemia es que se puede justificar la jerarquización de los derechos, de los valores y los principios. La vida digna seguirá siendo el derecho básico y el soporte de todos los demás derechos. Aprendimos que la dignidad humana posee un valor inconmensurable, incomparable y por ello mismo, imponderable. Aprendimos que el principio “pro hominem” debe dominar siempre que se le enfrente a otros principios más pragmáticos o institucionales. Por ejemplo, antes de pandemia en materia de servicios públicos domiciliarios, persistía la tesis pragmática que suponía que nada es subsidiado y que las empresas públicas en nombre de su sostenibilidad debían portarse como cualquier empresa particular y privada con réditos financieros más que sociales. Hoy no podemos seguir justificando en medio de la pandemia que se le pueda cortar el servicio de acueducto a ninguna familia, menos si entre sus integrantes se cuenta con victimas del conflicto, con menores, madres embarazadas, personas con discapacidad o estado de vulnerabilidad. La dignidad humana es imponderable, inconmensurable, impostergable, incomparable con cualquier valor práctico o institucional.
Antes de la pandemia, se venía reclamando con ahínco la protesta social, la reunión, la manifestación del conglomerado social como un derecho declarado en sí mismo, hoy tendríamos que aceptar que está limitado en las circunstancias concretas que obligan que se pondere en favor de los derechos triunfantes de la vida y la salud. A pesar de ello continua en la penumbra del dilema, la prevalencia ciudadana del ejercicio del derecho a la protesta social, en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza, así como de actos de violencia y vandalismo: de alguna forma los ciudadanos tienen derecho de hacer oír su voz; el aislamiento preventivo, social y humano no puede ser la disculpa para no pronunciarnos. El paro Nacional del 28 de abril también puede ser virtual, también puede ser de protesta en el teletrabajo, debe enviar un mensaje contundente: nuestra inconformidad frente a los intentos de reforma tributaria, pensional y laboral que pretende el gobierno para causar mayor pauperización en el momento menos propicio y más crítico de la historia reciente del país. ¡ojo con el 28 de abril!