Al ex contralor Distrital de Bogotá, Mario Solano Calderón, lo recuerdan sus subalternos en el organismo de control por un hecho especial: un plantón organizado por los funcionarios del sindicato porque jamás quiso atenderlos. Le cayeron de sorpresa al parqueadero de la Contraloría, se agarraron de la mano, se acostaron en el piso y no dejaron movilizar su camioneta. Solano no tuvo otro remedio que escucharles.
Los mismos opositores del mal genio, temperamento fuerte y dureza de Mario Solano Calderón son los que hoy lo tienen contra las cuerdas y por fuera del organismo de control. La Contralora General de la República, Sandra Morelli, lo declaró insubsistente el 24 de abril de 2013 tras conocer un informe de la Auditoria General de La República que pone en tela de juicio las actuaciones del médico opita como Contralor.
En el documento conocido por LA NACIÓN se desnudan dos hechos que de confirmarse podrían culminar con la vida pública del funcionario. El primero: echó para abajo un fallo de segunda instancia de responsabilidad fiscal de la Contraloría Distrital de Bogotá donde le ordenaba a Federico Gaviria Velásquez y Mauricio Hernán Mesa, vicepresidente y presidente de la Empresa Colombia Móvil S.A (hoy Tigo), devolverle al Distrito de Bogotá 1.808 millones de pesos.
Como funcionarios de dicha empresa, socia de la Empresa de Telefonía de Bogotá (ETB), los dos hombres compraron a la firma Global Cellular Trading L.C 50 mil teléfonos celulares Nokia 5190 remanufacturados, es decir, de segundo uso cuando deberían ser nuevos.
El negocio habría generado un detrimento de 470.670 dólares porque al parecer habría favorecido al contratista. Lo peor, dos fallos de tutela, en primera y segunda instancia y que tiene en su poder LA NACIÓN le habían dado la razón a la Contraloría y habían confirmado que el fallo de responsabilidad fiscal estaba sustentado y no se había violado el debido proceso.
Aún así, Solano pasó por encima y terminó, extrañamente, archivando la condena fiscal, de manera curiosa, donde el responsable era uno de los hombres también salpicados en el carrusel de la contratación de ambulancias en Bogotá.
Interrogantes
¿Cómo empezó la historia? ¿Por qué se indignó el sindicato? ¿Por qué se enfurecieron los abogados de la Contraloría que llevaban el proceso que echó para abajo Solano y lo denunciaron en la Procuraduría General de La Nación, Fiscalía General y Auditoría General?
La historia es sencilla. El 2 de septiembre de 2009 la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva profirió fallo de responsabilidad fiscal 037 contra Mauricio Hernán Mesa Londoño y Federico Gaviria Velásquez, los dos empleados de Colombia Móvil donde los obligaba a pagarle al Distrito de Bogotá 1.808 millones de pesos por el caso ya expuesto.
Aunque el proceso inicialmente se había archivado el 5 de febrero de 2008 y confirmado en segunda instancia ese mismo día, Rafael Orduz Medina, presidente de ETB, pidió a la Contraloría que lo reabriera y se tuviera en cuenta dentro de la investigación la declaración ante la Notaría 28 de Bogotá de Andrés Restrepo, que dijo el 25 de abril de 2008 que Federico Gaviria Velásquez y Mauricio Hernán Mesa conocían otra propuesta de la empresa Cellmart S.A., que ofrecía los celulares más económicos. Y pese a esto, los compraron más costosos.
Un correo electrónico entre Cellmart S.A y Federico Gaviria donde discuten la oferta más beneficiosa para la compra de los aparatos y conocido por ETB, los delató. Era una prueba en su contra. Confirma que finalmente Colombia Móvil pagó 1.642.438 dólares por 35.562 teléfonos celulares. Y según la oferta de Cellmart S.A, cada equipo valía 32 dólares, es decir, 1.171.767 dólares. El detrimento fue de 470.670 dólares.
El proceso fue reabierto y el 11 de febrero de 2010 la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal confirmó el fallo de primera instancia. Es decir, Federico Gaviria Velásquez y Mauricio Hernán Mesa tenían que devolver 1.808 millones de pesos al Distrito. Sus carros, fincas y demás propiedades empezaron a ser embargadas.
Aunque Mauricio Hernán Mesa Londoño instauró una acción de tutela (2010-0077) alegando violación al debido proceso por parte de la Contraloría de Bogotá, Consuelo Ducuara Loaiza, Juez 53 Penal Municipal con Funciones de Garantías, falló en primera instancia en favor de la Contraloría Distrital de Bogotá y destacó que el organismo de control no violó el debido proceso. La segunda instancia, también le da la razón a la Contraloría. La profirió Jesús Ignacio Martínez, Juez 24 Penal del Circuito.
Sin embargo, eso no pensaba Mario Solano Calderón. A través del radicado 2011124803 del 28 de noviembre de 2011, solicitó a Gustavo Londoño González, subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal un informe donde se analizara el fallo ya proferido en segunda instancia.
Advertido
Ante la advertencia de que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llevaba un proceso contra Mauricio Mesa Londoño y Federico Gaviria Velásquez, por presuntos delitos contra la administración pública y patrimonio privado, que la firma fue constituida 45 días antes de la adjudicación del contrato y que existía relación entre el hermano de Mauricio Hernán Mesa, presidente de Colombia Móvil con una de las compañías de Néstor González Gaviria, representante legal de la firma contratista, Mario Solano Calderón echó para abajo el fallo.
Lo hizo el 6 de febrero de 2002, día en que su decisión fue vista como presunto beneficio para los dos empleados. Los embargos de sus propiedades quedaron sin piso y ellos pudieron seguir gozando de sus pertenencias.
Denuncian ante organismos de control
Molestos por lo acontecido, el 13 de febrero de 2012, funcionarios de la entidad que habían adelantado, investigado y recolectado pruebas dentro del proceso fiscal, le enviaron una carta al entonces Contralor donde jurídicamente mostraban su descontento por lo ocurrido. E hicieron extensiva la denuncia a la Auditoria General de la República (que vigila a la Contraloría), Procuraduría General y Fiscalía General de La Nación.
El documento, que también tiene en su poder LA NACIÓN, destaca "que de conformidad con los parámetros establecidos en el Acuerdo Distrital 361 de 2009, expedido por el Concejo de Bogotá, la Contraloría Auxiliar carece de competencia para estudiar la legalidad o no de un proceso de responsabilidad fiscal y cambiar la posición jurídica plasmada en un nuevo fallo y los recursos cambiando abruptamente las decisiones del comité de conciliación del organismo de control".
Además, le recordó que no podía pasarse por encima de dos tutelas judiciales que confirmaban que el proceder de la Contraloría de Bogotá frente al caso de Colombia Móvil S.A, E.S.P era el correcto. Y menos revocar automaticamente los fallos en firme y ejecutoriados por el mismo organismo de control.
Una perla
El 14 de febrero de 2012 Mario Solano Calderón firmó una aclaración del dentro del acto administrativo donde revocó la decisión ya fallada. Aclaró la existencia de las dos tutelas y adicionó algunos párrafos de los fallos judiciales. No obstante, habría pecado, según fuentes del sindicato de la Contraloría.
LA NACIÓN conoció un certificado laboral del 7 de marzo de 2013 donde consta que Mario Solano Calderón fue Contralor de Bogotá hasta el 13 de febrero de 2013. Es decir, se habría extralimitado en sus funciones firmando un documento cuando ya no era Contralor.
Por eso, deberá responder ante los organismos de control por extralimitación de funciones, prevaricato por acción y abuso de autoridad.
Segundo lío
El segundo pecado del funcionario está en manos del Procurador General de La Nación, Alejandro Ordóñez. La Auditoría Fiscal de la Contraloría envió el 24 de octubre de 2011 un documento AF-180000 donde pone en evidencia la existencia del contrato 028 de 2011 firmado entre la Contraloría de Bogotá y la empresa Link Marketing Visual SAS por 522 millones de pesos (se hizo un adelanto de 156 millones), donde se adquirió un software para el ente de control que ha tenido dificultades para funcionar.
Sin embargo, denuncian que en Cali, la Contraloría Territorial adquirió mediante contratación directa una herramienta tecnológica diseñada por Interkon EU y que permite en todo tiempo y lugar conocer el estado de las obras civiles que se desarrollen en el municipio por 17 millones de pesos, casi 450 millones de pesos más económica comparada con la que adquirió la Contraloría de Bogotá.
“Es claro de que en el mercado existen con anterioridad otras herramientas informáticas que efectúan la labor de vigilancia en tiempo real de la ejecución de los contratos celebrados por Bogotá D.C, como entidad territorial sobre las cuales la Contraloría de Bogotá tiene vigilancia. Esta razón fundamental nos lleva a manifestar que el ente de control debió realizar un estudio de mercado como lo dispone el numeral 4 del artículo 3 del Decreto 2474 de 2008”, dice textualmente el informe auditor.
“No hay prueba documental que permita reflejar las condiciones y precios de mercado necesarios para establecer el valor del producto a contratar”, añade.
Para rematar, denuncian que en una visita auditora no se evidenció la existencia de un documento técnico en informática que sustentara y demostrara que Goosse (sistema que se contrató), era la única herramienta tecnológica existente en el mercado con la que se pudiera desarrollar el aplicativo que requería la entidad.
Por último, menciona que la Contraloría Distrital no habría revisado de fondo las propuestas presentadas porque la ganadora tiene un nombre distinto a las ofertadas.
En la Contraloría de Bogotá pocos empleados recuerdan con aprecio el paso de Mario Solano por el organismo de control. Sin embargo, en el Huila se le reconoce como un ejecutivo brillante, un posible y futuro político, pese a que ha sido derrotado en varias campañas electorales.
“Actué con absoluta transparencia”
Desde Miami, donde se encuentra actualmente, Mario Solano, respondió por lo ocurrido.
“Manifestar que la Contraloría nunca me ha denunciado en procesos ante la Fiscalía, Procuraduría, ni la Auditoria General, lo cual es totalmente mentiroso y alejado de la realidad, razón por la cual entro a dilucidar los siguientes aspectos:
Por una parte, informo a la opinión pública que la decisión que se me reprocha en los artículos de prensa no fue producto de un acto simple dictado por voluntad, capricho o corrupción del Contralor, sino que para llegar a esa instancia hubo una secuencia de actos administrativos legales y coordinados, los cuales, unidos entre sí jurídicamente condujeron a descubrir no solo la verdad procesal en que se fundó el auto de reapertura del proceso de responsabilidad fiscal No. 50100-0343/05 sino a destapar una olla podrida al interior de la entidad, lo cual culminó con la decisión de revocatoria tomada por el suscrito como superior funcional y jerárquico de la Contraloría de Bogotá.
Por otra parte, es preciso señalar que se habla falsamente de un fallo de tutela que deja en “firme una condena fiscal”, constituyéndose en una aseveración falsa y mezquina, ya que lo sucedido fue una acción de tutela interpuesta por el señor Mesa, la cual fue negada por considerar el juez constitucional que se dispone de otro medio de defensa judicial, resultando una vez más incoherente y falso lo que informan algunos medios.
Concretamente, el caso que tuvo ocurrencia en años anteriores a mi ejercicio como Contralor de Bogotá, se refiere al proceso de responsabilidad fiscal No. 50100-0343/05 que inició en el año 2005 durante la administración del Contralor de Bogotá Oscar González Arana el cual culminó antes de mi administración con orden de archivo el 5 de febrero de 2008, en favor de los investigados Mauricio Mesa Londoño y Federico Gaviria Velásquez.
Encontrándose cerrado legalmente el proceso en favor de los investigados, hallándose ejecutoriada y en firme la decisión de archivo la cual había ya había hecho tránsito a cosa juzgada antes de mi posesión, el 23 de mayo de 2008 encontrándose en ejercicio del cargo de Contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi, se resolvió declarar reabierto el mismo proceso de responsabilidad fiscal antes enunciado.
Así las cosas, dentro de la actividad procesal desarrollada en este segundo expediente, antes de posesionarme como Contralor Distrital, se resolvió fallo con responsabilidad fiscal en contra de los señores Mauricio Hernán Mesa Londoño y Federico Gaviria Velásquez.
Para el año 2011, ya en ejercicio del cargo de Contralor recibí quejas de presuntas irregularidades cometidas en el mencionado proceso, por lo cual en cumplimiento de mi deber impartí instrucciones para llevar a cabo un análisis jurídico del expediente que consistió en determinar si la reapertura del Proceso Responsabilidad Fiscal mencionado cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 17 de ley 610 de 2000, que para sorpresa de todos resultó que la prueba nueva nunca existió como como tal dentro del expediente.
Por consiguiente, una vez fue adelantado el estudio donde las pruebas aportadas y valoradas en el proceso fiscal archivado fueron confrontadas con el “auto de reapertura” quedó en evidencia que la “prueba nueva” que dio origen a la “reapertura del proceso de responsabilidad fiscal” resultó ser inexistente, haciéndose evidente la violación del ordenamiento legal y del orden constitucional por parte de algunos funcionarios de la Contraloría Distrital.
Se constató que los implicados (Mauricio Mesa Londoño y Federico Gaviria Velásquez), fueron investigados en la Contraloría de Bogotá dos veces por hechos iguales, ya que utilizando procesalmente una misma prueba fueron absueltos en el primer proceso, y sancionados en el segundo como consecuencia de un proceso que fue reaperturado de manera ilegal durante la administración del Contralor que me antecediera.
Ante evidencias tan serias y contundentes, no me quedaba más que revocar dicha decisión con arreglo a las normas legales establecidas para tales efectos, recordemos, que si bien es cierto existe la creencia de que la justicia es condenar a los culpables, igualmente es justicia absolver en derecho a los inocentes.
Estoy demostrando que para tomar la decisión de revocar el auto de reapertura del proceso de responsabilidad fiscal, reabierto de manera irregular, actué con absoluta transparencia, tomando todas las medidas administrativas de ley que fueron necesarias, así es que cada uno de los actos administrativos que se surtieron antes, durante y después de firmado el auto de revocatoria los ejecuté con pleno convencimiento de estar obrando con arreglo a las normas, a tal punto que si hoy estuviera frente a un proceso de iguales características tomaría en derecho exactamente la misma decisión”.