Los Gobernadores y Alcaldes que inician su mandato en el 2016, se enfrentan a tres grandes retos relacionados con el Sistema General de Regalías (SGR): i) conocer y apropiarse de la amplia y compleja normatividad, así como de los procedimientos definidos entre el cuatrienio anterior; ii) ajustar las proyecciones de recursos en sus Planes de Desarrollo a la nueva realidad del recaudo, afectado por la caída de los precios del petróleo; y iii) heredar cerca de 5.500 proyectos, aprobados unos, contratados otros, garantizar su ejecución y de contera concluirlos con éxito y transparencia.
Frente al primer reto, los mandatarios salientes dejaron un gran legado en la medida en que ayudaron a implementar el SGR desde su inicio, a definir los procedimientos y ajustarlos sobre la marcha a medida que se identificaban cuellos de botella. La curva de aprendizaje les tocó a ellos. Algunos de los escollos más importantes y en los que aún pueden y deben incorporarse mejoras son fundamentalmente: los conceptos de viabilidad técnica sectorial a cargo de los ministerios, en los que hubo demoras de más de seis meses que retrasaron la aprobación de los proyectos y en el giro de los recursos.
Frente al segundo reto, los nuevos mandatarios se enfrentan a un contexto internacional en el que los precios del barril de petróleo pasaron de un promedio anual de USD 92,35 en el 2014 a USD 48,93 en el 2015 y la caída sigue, rondado los US $30 el barril. Ello fue lo que provocó el aplazamiento de $4,9 billones de pesos en el 2015, correspondiente al 30% de presupuesto aprobado para el bienio 2015-2016. Y es de prever que ocurra con el Presupuesto del SGR lo mismo que pasó con el Presupuesto General de la Nación, que lo anunciado como “aplazamiento” termine en recorte del mismo. Ello obligará a gobernadores y alcaldes a ser más rigurosos, estrictos y selectivos, además de asertivos a la hora de seleccionar y priorizar los proyectos a ejecutar con los recursos provenientes del SGR.
El tercer reto, corresponde a la terminación de cerca de 5.500 proyectos que fueron aprobados en el cuatrienio anterior y que en algunos casos aún están pendientes de contratación o de finalizar su ejecución. En este frente, los pronunciamientos de la Contraloría General de República no se han hecho esperar. Como producto de las auditorías realizadas en el segundo semestre de 2015, se señala puntualmente que fueron encontrados 134 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $112.073 millones de pesos.
En dicho informe, los hallazgos asociados a las Gobernaciones corresponden al 17% del total y en algunos de estos casos, se derivan de proyectos aprobados en el sistema anterior a la vigencia del Acto legislativo 05 de 2011. Tienen el reto las nuevas administraciones de tamizar las cifras, establecer el estado y el estadio de cada uno de los proyectos que están bajo la lupa del órgano de control, con el objeto de poner en marcha un plan de mejoramiento y en algunos casos de salvamento de los proyectos, antes de que estos resulten fallidos y se materialice el presunto detrimento patrimonial. Para ello resulta de mucha utilidad la herramienta del Mapa regalías de la cual se dispone, como obligado referente a la hora de establecer la suerte corrida por los recursos asignados a los distintos proyectos financiados con recursos del SGR.
No obstante, tanto el más reciente Informe de Transparencia por Colombia como el estudio realizado y revelado por la Cámara Colombiana de Infraestructura cuestionan la falta de transparencia de la contratación en las entidades territoriales, la cual se constituye en una fuente de corrupción. A ello hay que ponerle correctivos y ello se constituye en el gran desafío para las administraciones tanto departamentales como municipales que apenas inician. De hecho el pasado 16 de febrero 9 gobernadores y 33 alcaldes en ejercicio firmaron con la Ministra de Transporte Natalia Abello y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República un Pacto por la Transparencia. Este contiene siete cláusulas encaminadas todas ellas a “implementar medidas orientadas a mejorar la transparencia en la contratación pública y una adecuada gestión contractual”. Este es un paso importante en la dirección correcta. Una medida similar debe propiciarse a través de la Comisión Rectora del SGR.
Finalmente, en este frente el mayor reto es fortalecer las capacidades de los niveles de gobierno departamental y municipal, así como la oferta de asistencia técnica del gobierno nacional, que haga posible dar continuidad a la iniciativas aprobadas en el periodo de gobierno anterior y formular proyectos de impacto regional, que contribuyan al cumplimiento de las metas de gobierno de las nuevas administraciones.
Bogotá, febrero 26 de 2016
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