Con una fiesta cultural, símbolo de la diversidad nacional representada en el nuevo gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez, abren una nueva era, en un país con enormes brechas, que mantiene en alto una esperanza.
RICARDO AREIZA
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En medio de un ambiente esperanzador, nunca visto en la historia reciente del país, el presidente Gustavo Petro, asumirá hoy su mandato, marcando una nueva era. No solo por ser el primer mandatario progresista de izquierda que asume el poder con el respaldo de grupos sociales y políticos alternativos. Sino por las enormes expectativas que ha sembrado en la otra Colombia.
La fiesta cultural que animará los actos de asunción con las manifestaciones artísticas de todo el país, es una representación simbólica de esa diversidad nacional que encarna el nuevo gobierno.
Todas las miradas del país están puestas en el presidente Petro, esperando que haga realidad las banderas que le dieron su resonante triunfo de un país más justo, menos violento, más productivo y ambientalmente responsable.
Los escollos
“Petro, sin embargo, encuentra un país en crisis que limita su margen de maniobra: la pobreza, la desigualdad, la inflación, el valor del peso, el endeudamiento y los déficits fiscal y de cuenta corriente están en rojo. Una anomalía para una economía tradicionalmente estable”, reseñó la BBC.
Petro tendrá que enfrentar a partir de hoy enormes retos, en medio de una crítica radiografía que deja Iván Duque: cuatro de cada diez habitantes del país viven en la pobreza y casi 20 millones viven sin poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Es decir, el 6,1 por ciento viven en la pobreza extrema.
Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país con mayor desigualdad en América Latina, después de Brasil. Además, la pobreza multidimensional que en los hogares rurales colombianos corresponde a tres veces más que en las zonas urbanas.
Iván Duque deja unas finanzas públicas críticas, con un alto nivel de endeudamiento y alto gasto fiscal. Duque deja el déficit fiscal en un 83 por ciento: los gastos del país superan de largo sus ingresos y sin embargo las políticas sociales son extremadamente débiles y en amplias zonas del país el Estado está, simplemente desaparecido.
Según el Dane, 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones a la condición de pobreza extrema
La Cepal, estima la tasa de pobreza en el país en 36,3% en 2021 y proyecta que subirá a 39,2% en 2022 en un ambiente de más inflación, lo que representa un incremento de 2,9 puntos porcentuales frente al año pasado.
Y para rematar deja una tasa de desempleo del 11,3% y una inflación del 10,21 %, la más alta de los últimos 22 años.
El panorama que Petro deberá enfrentar no es fácil, pero tampoco imposible.
Paz total
La “paz total” será sin duda, la primera prioridad y eje central del nuevo modelo. No solo busca implementar los acuerdos de paz, congelados a propósito por el gobierno saliente, sino, enfrentar los otros factores que perturban el orden público. También enfrentar la macrocriminalidad, el resurgimiento de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las antiguas Farc.
“El tema de la paz de Colombia -según Petro- es un tema neurálgico para todo el continente y apunta hacia problemas complejos como el narcotráfico que también se ha vuelto un problema multinacional con una gran descarga de violencia en el continente”.
Aunque complejo no es imposible. Es un hecho el restablecimiento de diálogos con el Eln. El plan está en marcha y se mantendrá el modelo de negociación, incluso con los países garantes. Negociar con organizaciones criminales asociadas al narcotráfico tampoco será fácil.
Con la designación de su canciller Álvaro Leyva Durán, rubricó esa voluntad. Además, le delegó la reanudación de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela que no será inmediata pero sí gradual.
El clan del Golfo por lo menos anunció su interés de un eventual acuerdo junto con ‘Los Caparrapos’ y Los Rastrojos. Proponen beneficios judiciales a cambio de un cese al fuego, desarme y la voluntad de aportar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Seguridad
Según el analista Mauricio Jaramillo, “la seguridad será el punto más crítico, y las zonas fronterizas con Venezuela son las de mayor cuidado”.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que la política de seguridad del Estado colombiano durante los últimos dos años fue del todo insuficiente para reducir la vasta violencia del país.
“Si el nuevo presidente de Colombia logra proteger a las comunidades desde un enfoque de derechos humanos, que englobe la relación de la violencia con temas como la pobreza multidimensional y la desigualdad, podrá sostener que el pueblo colombiano ha comenzado, por fin, a superar uno de los problemas más grandes que lo aquejan: la inseguridad generalizada en su territorio, incluidas las masacres y los asesinatos continuos de líderes sociales y ambientales”, estimó el portal Democracia Abierta, una plataforma de medios internacionales independientes
Cultivos ilícitos
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) por su parte, busca promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a través de programas que ayuden a los cultivadores a superar sus condiciones de pobreza y marginalidad que derivaron, por años, en su dependencia de este tipo de cultivos para subsistir. El programa, si se implementa correctamente, puede ser el puente para muchas familias que han dependido por años del cultivo de coca, hacia medios de vida sostenibles y legales, y alejarlos de la economía criminal y de la violencia de narcos y exguerrilleros que tiñe de sangre el campo colombiano.
Reforma tributaria
El nuevo Gobierno presentará al Congreso el proyecto de reforma tributaria este 8 de agosto. Según ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la meta es recaudar 25 billones de pesos colombianos (5800 millones de dólares) para, gradualmente, aumentar esa cifra a 45 o 50 billones.
Ocampo anunció que la reforma suavizará la carga tributaria para las empresas, pero la hará más pesada para las personas naturales, aunque no tocará la canasta familiar de los pobres.
“No voy a proponer locuras ni voy a aceptar locuras”, le dijo Ocampo al diario El Tiempo. “Modestia aparte, mi nombramiento es parte de la credibilidad que tiene el nuevo gobierno del compromiso de mantener la casa en orden”, acuñó.
Reforma agraria
La reforma agraria integral es otra deuda pendiente. La meta del nuevo gobierno será implementar la Reforma Rural Integral incluida como punto 1 del Acuerdo de Paz y disminuir la desigualdad en la propiedad rural. El énfasis será la formalización de tierras y la recuperación y adjudicación de baldíos hacia la redistribución de tierras fértiles improductivas mediante el uso de instrumentos fiscales y compras de tierras. Además, resituar la producción de alimentos como un motor crucial de la economía nacional y promover una mayor soberanía alimentaria para proteger al país del fenómeno inflacionario global.
Asimismo contribuir a superar la dependencia de las rentas de la minería y el petróleo, en el marco de un consenso científico global sobre la importancia de una transición energética que reemplace los combustibles fósiles por otras formas de energía con menos emisiones de gases de efecto invernadero.
Otro aspecto clave es disminuir la presión para el avance de la frontera agrícola y frenar la deforestación en la selva amazónica, en antiguos territorios del conflicto armado que se ha acelerado notoriamente luego de la firma del Acuerdo de Paz.
Reforma laboral
Según lo anunció el mismo Petro: “La reforma laboral de Álvaro Uribe será derogada por la Colombia Humana: No más contratos de tres meses. El contrato laboral vuelve a ser un contrato de trabajo. El día termina a las seis de la tarde y los festivos son festivos. La jornada diaria es de ocho horas”. Y hay ya dos proyectos de Clara López; uno de ampliación de los derechos laborales en Colombia y otro de libertad de asociación, para generar empleo y mayores posibilidades de mercado. “Sería una dignificación del trabajo y una reivindicación de derechos. Colombia está en mora de hacerlo y se podría venir una sanción grande de la Ocde, porque eso hace parte de uno de los indicadores de la Ocde”, explicó Jorge Coronel, asesor económico de López.
Retos educativos
En educación, los retos no son menores: lograr la educación superior pública y gratuita (matrícula cero); crear centros de excelencia universitarios públicos centrados en la investigación; aumentar sustancialmente la cobertura en preescolar; expansión de la educación a las regiones más olvidadas; ampliación de la jornada escolar con el arte y la música, deporte, matemática e historia; y mejorar la infraestructura educativa, conectividad y salud para los jóvenes más pobres, entre otros.
Otras prioridades
Según Andrés García, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, deben ser prioridades de la agenda en el gobierno Petro: combatir la informalidad y analizar de fondo la política de protección social.
Crear una política de empleo garantizado que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera.
El medidor de eficacia de aranceles para las empresas será la generación de empleo en el país.
El salario mínimo debe cumplir con mandatos constitucionales en el marco de derechos sociales propios de un Estado Social de Derecho; incluyendo el derecho fundamental al ingreso mínimo vital.
Sistema de pilares de tres pisos, primer piso para personas que no aportaron o no aportan a la pensión; un segundo piso de cotizantes con salarios de hasta 4 salarios mínimos legales mensuales y un tercero de capitalización individual para cotizantes con salarios superiores a 4 salarios mínimos legales mensuales.
Reforma pensional
La realidad: tres de cada cuatro personas en edad de pensión no tienen ninguna protección pensional, es decir, tres millones de adultos se encuentran desprotegidos.
En este campo, la iniciativa partirá de reconocer la pensión como un derecho que asegure una vida digna a todas las personas en edad de jubilación, incluyendo a los adultos mayores que no pudieron cotizar, a quienes han dedicado su vida a los trabajos de cuidados en el hogar y a las personas que trabajan por fuera de un contrato laboral formal.
Para garantizar una pensión para todos, la propuesta es transitar del modelo actual, que adoptó el país en el año 1994 en el que compiten el sistema público (administrado por Colpensiones) y el sistema privado (administrado por fondos privados), hacia un sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público, complementario.
En la reforma del régimen pensional, el nuevo gobierno propone un primer pilar que asegura un bono pensional de medio salario mínimo $500.000) a todos los adultos mayores, sin pensión. El segundo requiere que se hagan las cotizaciones obligatorias al régimen público de los trabajadores que perciban ingresos hasta cuatro salarios mínimos.
El tercero se compone del excedente de las cotizaciones después de esos primeros cuatro salarios mínimos, que puede hacerse ya sea a Colpensiones o a un fondo privado.
Reto ambiental
El otro gran reto será la implementación de las políticas y estrategias ambientales que contempla su programa. Aunque tiene muchas urgencias que atender –como frenar la deforestación, y detener el asesinato de defensores ambientales –, la dificultad más grande será cambiar la política mineroenergética de Colombia y a la vez encontrar financiación para sus propuestas y para el sector ambiental.
La transición energética, aunque será gradual es hoy un gran desafío, es una propuesta audaz para advertir a tiempo un escenario inevitable: las restricciones globales a la extracción y uso de carbón, petróleo y gas como única manera de ralentizar el rigor de la catástrofe planetaria desatada por la crisis climática.