Juan David Huertas Ramos
Este es el clamor justo de las pymes y la clase media en Colombia.
Empecemos por aclarar que las finanzas públicas, como rama de la economía, estudia la posición del Estado en materia de ingresos, gastos y deuda. Desde la gestión pública, las finanzas del Estado representan la intervención de éste en la economía a través de los tres rubros mencionados. Políticamente, finanzas públicas y gobernabilidad están íntimamente relacionadas.
Caracterizando las finanzas públicas en Colombia, debemos indicar que el déficit ha sido la regla y no la excepción (ingresos < gastos). Adicionalmente, la información que da cuenta de la destinación de los recursos financieros del Estado es deficiente, tanto a nivel central como territorial.
Es importante destacar que el presupuesto público en Colombia (entiéndase, el principal instrumento de las finanzas públicas) se erige por el presupuesto de gastos y erogaciones, y no por el de ingresos y rentas, como el sentido común y la austeridad exigirían.
Es decir, contrario a lo que ocurre con los presupuestos empresariales, familiares y personales, el presupuesto público establece su nivel de gasto sin tener en cuenta los ingresos del país, pues para cubrir la diferencia existe la deuda.
Es cierto que en el caso de un Estado social de derecho deben anteponerse las obligaciones sociales en la agenda pública, sin embargo, la priorización de dichas obligaciones debería ser un pilar esencial de su gestión financiera. Por demás, debemos aclarar que históricamente han sido los gastos de funcionamiento, burocracia, principalmente, los compromisos del Estado más relevantes en términos porcentuales y no la inversión social.
Infortunadamente, la forma tradicional de disminuir el déficit fiscal en Colombia ha sido siempre la reforma tributaria. “Estrategia” que ha afectado considerablemente a la clase media y a las pymes. Pues, las grandes empresas privadas y los colombianos más adinerados gestionan de forma adecuada sus obligaciones tributarias obteniendo significativas deducciones.
Por otro lado, los colombianos “más humildes”, que mayormente hacen parte de la informalidad económica, no tributan dada la poca trazabilidad que de sus transacciones tiene el Estado.
Claro está, los impuestos son necesarios, de hecho, su importancia es eminentemente social ya que fungen como instrumentos de distribución de la riqueza.
Sin embargo, el riesgo de continuar incrementando la carga fiscal en la clase media Colombiana no es otro que destruir los logros del crecimiento económico de las últimas décadas.
Entonces, el asunto debe ser el diseño de una estrategia de recaudo inteligente.
Es decir, el Estado colombiano necesita conocer las transacciones que tienen lugar en la informalidad, pues de muchas de estas surgirían importantes ingresos tributarios además que podrían prevenirse algunos delitos que se esconden en esta.
En conclusión, el país no debe cobrar más impuestos a los de siempre. En cambio, debe ampliar la base de contribuyentes con los prósperos ciudadanos que reposan a la sombra de la informalidad, donde también se encuentran los colombianos verdaderamente humildes que se rebuscan el diario de forma estoica.