Cuestionado por su persistente acoso laboral y sexual, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, no tiene otra alternativa que retirarse del cargo, como lo reclaman distintos sectores del país, incluidos congresistas, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.
El alto funcionario, quien se ampara en el amor para ocultar sus abusos, no puede continuar en un alto cargo, creado hace 25 años como garante de protección y defensa de los derechos humanos, como guardián de las garantías ciudadanas. Mantenerse en el cargo, a pesar de quedarse sin el respaldo de su partido que lo postuló, e investigado por la Procuraduría y por el propio Gobierno que lo ternó, es sencillamente, una falta de dignidad para seguir ejerciendo esa alta investidura.
Y no puede argumentarse esta vez con la premisa machista, que este es un tema de su exclusiva intimidad y que en esas condiciones no afecta la imagen de la institución. Falso.
El solo escándalo puso en tela de juicio, la credibilidad de una institución que por su naturaleza debe ser inmaculada en la defensa de las garantías ciudadanas. Su indebido comportamiento lesiona de hecho la imagen y la razón de ser de esa agencia del Ministerio Público. El escándalo golpea la reputación corporativa y el prestigio institucional de la entidad y de sus miles de servidores. Vergonzoso.
El amor invocado como defensa, no puede ser una excusa de un alto funcionario para justificar comportamientos impropios y prácticas de acoso contra sus subalternos y no solo ahora. También en otros cargos.
El mismo funcionario admitió el comportamiento impropio e indebido al sostener supuestas relaciones sentimentales con una subalterna, quien además, gozaría de prebendas y privilegios, restringidos para los demás servidores públicos.
En esta relación es evidente un conflicto de intereses que puede constituir una falta gravísima en el terreno disciplinario. En campo ético, constituye un típico caso nepotismo y utilización del cargo en beneficio personal.
Incluso puso en duda la transparencia en las condiciones de ingreso y permanencia en el ejercicio público de sus subalternos, inspirados en razones distintas al buen servicio.
Además, el encumbrado funcionario sobrepasó los límites de la intimidad. Las fotografías eróticas difundidas por las redes sociales, adquirieron trascendencia pública y representan nada menos que la falta de decoro de un alto funcionario. Indignante.
El abuso de poder es un comportamiento indeseable tipificado penalmente como delito en la mayoría de las legislaciones del mundo. En Colombia no es la excepción. Sólo que aquí el verbo renunciar no se conjuga.
“El amor invocado como defensa, no puede ser una excusa de un alto funcionario para justificar comportamientos impropios”.
EDITORIALITO
Muy grave la guerra del centavo que le declararon los motociclistas a los transportadores formales. Los ataque contra buses del servicio público no pueden pasar inadvertido. Es un nuevo campanazo de alerta sobre esta nueva modalidad de violencia urbana.