Personerías municipales denuncian que la situación en los centros transitorios de reclusión de Neiva y Pitalito continúa siendo crítica a un año de la llegada de la pandemia y no se ve solución a corto plazo.
Lucía Sánchez
A un año de haber iniciado la pandemia, la situación de los detenidos en centros transitorios de reclusión continúa degradándose.
En el caso de Neiva, el personero Kleiver Oviedo Farfán denunció que ya son 117 las personas privadas de la libertad en el centro transitorio conocido como ‘el búnker’, además de 15 detenidos en el CAI del barrio Bogotá y 2 en la Estación de Policía de El Caguán.
“Hace un año creíamos que serían centros transitorios, pero se han vuelto permanentes, la vulneración de derechos humanos es bastante preocupante en estos lugares, además de que la Policía no debería estar custodiando a detenidos porque claramente no es su función”, aseguró el representante del Ministerio Público.
El personero de Neiva recordó que esta problemática de hacinamiento se generó el año anterior a raíz de una directriz del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de no recibir en las cárceles a sindicados, alegando que solo le correspondía recepcionar a condenados y a detenidos con perfiles de alta peligrosidad.
Oviedo Farfán explicó que “si bien es cierto los sindicados les corresponden a los entes territoriales, antes los municipios hacían convenios con el Inpec que es quien tiene la infraestructura para recluir personas y así funcionaba el sistema. Pero con la llegada de la pandemia se estableció que cada uno asumiría su responsabilidad, decisión que está generando un problema serio y ha dado lugar a que más de 800 detenidos en todo el departamento vivan en las estaciones de Policía”, agregó.
“No compartimos la lectura que hace el gobierno central del código penitenciario, en el cual supuestamente la obligación de La Nación es con los condenados y la responsabilidad de los municipios con los sindicados… circunstancia bastante gravosa, porque, por ejemplo, el asesino del comerciante neivano Richard Castro en estos momentos está siendo sindicado y se encuentra en ese búnker, caso similar al del hombre que perpetró el feminicidio de la chica Yuliana quien está en la misma situación”, insistió Oviedo Farfán.
El representante del Ministerio Público dijo que, si bien desde la Personería de Neiva se interpusieron varias acciones de tutela para salvaguardar los derechos de los detenidos en centros transitorios de Neiva, “en segunda instancia ha sido revocadas por la presión que ejercen el Inpec y las demás entidades”.
Situación en Pitalito
En el municipio de Pitalito tampoco ha logrado superarse totalmente esta crítica situación registrada en los centros transitorios de reclusión y agravada con la llegada de la pandemia.
El personero municipal Hernando Reyes Lizcano aseguró que, si bien es cierto desde inicios de enero y hasta finales de febrero fueron trasladadas a cárceles 140 personas privadas de la libertad que se encontraban en centros transitorios del municipio, en menos de un mes, uno de estos lugares nuevamente “se llenó”.
El representante del Ministerio Público en Pitalito recordó que el Inpec tuvo que acatar un fallo de tutela que le ordenaba trasladar a un establecimiento carcelario, a personas privadas de la libertad en centros transitorios de ese municipio, sin embargo, denunció que ahora nuevamente se niega a atender a la nueva población que ha llegado a uno de estos lugares.
“Hay 55 personas privadas de la libertad en el denominado centro transitorio de reclusión, son menos que las que se registraban el año pasado, pero de todas maneras las condiciones son infrahumanas porque el espacio técnicamente no está definido para albergar a tanta población, allí la vulneración de derechos fundamentales sino varía. En un solo mes hemos recepcionado a ese número de capturados, la preocupación es que otra vez se está generando un cúmulo de personas”, expresó Reyes Lizcano.
Detalló el personero de Pitalito que la situación es compleja porque “en ese centro de reclusión no hay condiciones dignas para la estancia de personas las 24 horas del día y más aún cuando la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) solo se limitó a dar la alimentación, pero no a asegurar las condiciones de salud y bienestar mínimo al que tienen derecho todas las personas”.
“La problemática se nos dificulta porque las autoridades de Policía hacen las capturas, el aparato judicial define qué pasa con los detenidos, pero el Inpec por ejemplo, la semana pasada estaba manifestando que no iba a seguir atendiendo esta población que está en el centro de reclusión”, denunció.
Finalmente, Reyes Lizcano aseguró que esta semana se desarrollará una reunión en el municipio para tratar este tema, “porque a mi juicio, las condiciones establecidas por el juez de tutela están absolutamente claras y el Inpec sencillamente quiere liberarse, pero no es posible”, concluyó.