La Central Hidroeléctrica El Quimbo, a nivel Proyecto, fue impuesto por el gobierno de Uribe, bajo el sofisma de ser decisión del ONPES y contó con la anuencia tácita e irresponsable de la dirigencia regional; política y empresarial.
Ese gobierno, con diversas decisiones, demostró incondicional protección de los intereses del capital, por sobre los intereses nacionales. Flexibilización laboral, con lo que la clase trabajadora perdió más de $4.5 billones/año, a favor de las empresas, a precios del año de la decisión. Liberación de precios de medicamentos. Remate de lo público en salud (ICSS). Reglas de seguridad inversionista (El Quimbo, entre muchos otros). Agro Ingreso Seguro. Desbordadas exenciones y deducciones sobre rentas de las grandes empresas (con lo que el fisco dejó de recaudar más de $12 billones anuales, a precios del año de la decisión). Tolerancia total con la contra-reforma agraria consumada por el paramilitarismo a favor de latifundistas. Introdujo el concepto de músculo financiero en contratación pública, con lo quedaron excluidos muchos contratistas nacionales (más del 50% de las vías 4G, quedó en empresas extranjeras), etc., etc.
Esas políticas son las responsables de que Colombia esté entre las seis naciones más inequitativas del planeta, con aberrante concentración de la riqueza, con el mayor desempleo, subempleo e informalidad y bajo los efectos que esa realidad genera y la institucionalidad auspicia y soslaya, de acuerdo con las conveniencias de ocasión.
Todas, políticas de estado, aprobadas y aplicadas bajo el marco legal fiscal devenido de la suscripción del Consenso de Washington (1989).
El actual gobierno, estrictamente acata y obedece esas políticas, acordes con sus convicciones e intereses de élites a las que representa, sobre inversión y desarrollo nacional. Primero el capital, la ganancia y la capitalización. Los efectos son evidentes.
Ha habido y persisten probados incumplimientos de Emgesa, desde estudios y diseños técnicos y ambientales y desacato de la Ley 56 de 1981. No hubo quién obligara a esa empresa, a cumplir a cabalidad con el ordenamiento legal vigente. Por el contrario, el gobierno, conocedor de las irregularidades e incumplimientos consumados, ordenó el llenado y tras antier, la puesta en operación, so pretexto del niño, desconociendo decisiones judiciales de obligatorio cumplimiento.
Ese es el poder en las seudodemocracias, al servicio incondicional del capital trasnacional y nacional.
Sobre todos los antecedentes negativos, registrados durante el desarrollo de las obras, tolerados por el gobierno, la institucionalidad y la dirigencia regional, hoy esa central hidroeléctrica es un hecho cierto. Ahí está y no desaparece por arte de magia, con una protesta o un denso memorial de exposición de hechos y reclamos.
Pero no todo está perdido. Lo acontecido con esa hidroeléctrica puede constituirse en un desafío para las próximas administraciones locales, la regional y la dirigencia política y empresarial, para liderar ante el poder legal, el ejecutivo nacional e instancias correspondientes, en forma personal directa, la exigencia que esa empresa compense uno a uno los incumplimientos y los daños causados, incluida la reversión de esa infraestructura, al término de la concesión, bajo la condición de que pase a ser patrimonio público del departamento del Huila. ¿Posible?