La Sala Penal lo encontró culpable de los delitos de concusión, tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Según el alto tribunal, el ex congresista presionó a varios contratistas el pago de millonarias comisiones por la adjudicación de contratos viales en la capital del país. Los testimonios del contratista Emilio Tapia y del abogado Álvaro Dávila, confirmaron las presiones al Grupo Nule por dos contratos otorgados por el Instituto de Desarrollo Urbano.
Contacto obligado
Motivado por las propuestas económicas de contratistas particulares pertenecientes al ‘Grupo Nule’, Moreno se comprometió a colaborarles en su objetivo de conseguir a su favor la asignación irregular de contratos, y por ello intervino contactando a funcionarios del IDU abusando de su poder como congresista.
La Corte le reprochó el abuso y aprovechamiento indebido que hizo de su investidura como Senador del Polo Democrático para ejercer dominio frente a funcionarios del orden distrital. Esa fue “la razón principal por la que fue contactado por particulares interesados en contratar con la Capital de la República, para quienes resultaba garantía de efectividad la influencia que sobre el IDU podía ejercer el Senador del partido que gobernaba la administración distrital, cuya cabeza era el Alcalde Mayor quien había sido elegido por el mismo movimiento político”.
Otros delitos
La Corte halló responsable al ex senador Moreno Rojas como autor del delito de concusión, por exigir a Miguel Nule Velilla asignar –en favor de su esposa, la señora Lucy Luna de Moreno– dos zonas destinadas a estaciones de gasolina en la Concesión Bogotá–Girardot, bajo amenaza de dañarle sus relaciones contractuales con el Distrito Capital.
Además, lo declaró responsable como autor del delito de tráfico de influencias y determinador de interés indebido en la celebración de los contratos 071 y 072 de 2008, relacionados con la rehabilitación de la malla vial de Bogotá. Finalmente compulsó copias a la Sala de Instrucción para que proceda a determinar la posible configuración del delito de concierto para delinquir en las otras investigaciones que adelanta contra el exsenador Moreno Rojas.
La Corte busca establecer, entre otros hechos, un presunto enriquecimiento ilícito como producto del dinero que habría recibido de los contratistas.