Los generales retirados Jaime Lasprilla Villamizar, Miguel Pérez Guarnizo y William Pérez Laiseca, así como seis coroneles y un mayor de la IX Brigada del Ejército, comparecerán en versión libre ante la JEP, para que aporten verdad plena sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el Huila entre los años 2004 y 2008. Las diligencias judiciales se llevarán a cabo en los meses de octubre y noviembre.
Lucía Sánchez
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a los generales retirados del Ejército Nacional, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y William Fernando Pérez Laiseca, además de seis coroneles y un mayor, para que den su versión voluntaria sobre casos de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) registrados en el Huila entre 2004 y 2008.
De acuerdo con la JEP, la decisión se adoptó luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad contrastó las versiones entregadas por 81 integrantes de la IX Brigada del Ejército con la información recolectada en diversas inspecciones judiciales, documentos militares e informes entregados por víctimas y sus organizaciones.
Los otros oficiales citados por la JEP son los coroneles Pedro Iván Molina Hidalgo, Oswaldo Peña Bermeo, Luis Armando Gómez Ruge, Hernando Chávez Muñoz, Rubiel Enrique Pérez Rodríguez, Ariel Gustavo Vargas Solano y el mayor Alexander Céspedes Ortiz. Se trata de los oficiales de operaciones e inteligencia de la IX Brigada, con sede en Neiva, entre los años 2005 y 2009.
Los datos recolectados por la Sala de Reconocimiento de Verdad precisaron que los tres Generales se desempeñaron como comandantes de la IX Brigada y tuvieron a su cargo a los otros siete oficiales convocados. Pérez Guarnizo, de 2004 a 2006; Lasprilla Villamizar, de julio de 2006 a diciembre de 2007; y Pérez Laiseca, de diciembre de 2007 a enero de 2008.
Para llamarlos a versión, la Sala tuvo en cuenta el Informe No. 5 ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, entregado por la Fiscalía General de la Nación, en el que menciona hechos presuntamente cometidos por integrantes de los Batallones de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ y 27 ‘Magdalena’, ambos adscritos a la IX Brigada del Ejército Nacional, así como informes de organizaciones sociales sobre ejecuciones extrajudiciales en el Huila. También, la Sala examinó la información suministrada en versiones voluntarias por Comandantes de Batallón, oficiales de inteligencia, operaciones y otros comparecientes que integraron ambas unidades militares.
Los tres generales retirados, los seis coroneles y el mayor, deberán aportar verdad plena dentro del Subcaso Huila, que conforma una de las seis (6) zonas priorizadas, de acuerdo con el alto número de hechos victimizantes, por los magistrados en la primera fase de la investigación del caso 03, conocido como el de ‘falsos positivos’.
Panorama del fenómeno
Según el informe “Voces y Silencios, falsos positivos en el Huila, rompiendo la impunidad”, elaborado por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (Obsurdh), esta organización ha venido documentando hechos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el departamento, y hoy tiene sistematizados un total de 129 casos, en los cuales, fueron asesinadas 253 personas, entre los años 1984 y 2012, en 26 de los 37 municipios.
“Del total de víctimas documentadas, solo una presuntamente fue ejecutada por miembros de la Policía Nacional, el resto, el posible perpetrador fue alguna unidad adscrita al Ejército Nacional específicamente la IX Brigada, perteneciente a la V División”, indica el informe.
Revela además que los municipios donde más se presentaron estos hechos son “jurisdicción del Batallón Infantería No. 27 Magdalena cuya zona de influencia comprende los municipios de Acevedo, Altamira, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui y Timaná. Y del Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza, con sede principal en Garzón, cuya zona de influencia encierra 10 municipios que son: Agrado, El Pital, Gigante, Garzón, Hobo, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol y Tesalia. Ambos adscritos a la Novena Brigada y la Quinta División del Ejército Nacional”.
Víctimas de Falsos positivos por unidad militar presuntamente responsable
Señala además el Obsurdh en su informe, que, en el panorama nacional, algunos observadores opinan que la influencia del comandante del Ejército, General Mario Montoya, y su estrategia de medir el éxito por el número de bajas, fue responsable por el auge de ejecuciones y falsos positivos entre marzo 2006 y noviembre 2008, cuando era comandante.
“Este periodo de tiempo fue el de mayor frecuencia de este tipo de homicidios, donde se encontraban al mando de la Novena Brigada los entonces coroneles Jaime Lasprilla Villamizar y William Pérez Laiseca posteriores generales al mando del Ejército Nacional”, resalta el informe sobre dos de los oficiales hoy citados por la JEP.
Casos de implicados
Revela el Obsurdh que, entre julio de 2004 y junio de 2006, período en el cual el entonces coronel Miguel Pérez Guarnizo era comandante de la Novena Brigada, se registraron 21 casos de ejecuciones extrajudiciales.
Y entre junio de 2006 y diciembre de 2007, mientras se encontraba al mando de la Novena Brigada el entonces coronel Jaime Lasprilla Villamizar, de los casos documentados se presentaron 56 (103 víctimas); del total de asesinatos 50 ocurrieron en zonas de jurisdicción del Batallón Magdalena.
Este resultado operacional mostrado por Lasprilla, según la organización de derechos humanos, fue fundamental para que alcanzara la distinción conocida dentro de la Fuerza Pública como medalla gris, cuyos requisitos estaban consignados en la circular 62162 de 2004, y que exigía bajas a los comandantes de las distintas unidades tácticas a cambio de obtener esta distinción -fundamental para el ascenso- en este caso a General.
Seguidamente, desde diciembre de 2007 hasta el mismo mes del 2008, al mando de la Novena Brigada estuvo el Brigadier General William Pérez Laiseca, y en este informe, sobre dicha unidad militar, se documentaron 75 víctimas, 20 de ellas fueron presuntamente asesinadas por militares adscritos al Batallón Cacique Pigoanza; el Batallón Magdalena por su parte posiblemente habría ultimado 32 personas y la Fuerza de Tarea Arpón con el Comando Operativo N°5 estructuras militares que operan en jurisdicción de Algeciras, habrían ejecutado 4 personas en el mismo periodo.
Además, “seis víctimas al parecer fueron asesinadas por la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas N° 11; 8 más habrían sido probablemente ultimadas por el Batallón de Artillería No. 9 Tenerife y el Batallón de Contraguerrilla N° 28 adscrito al mismo Tenerife; 4 muertes fueron presuntamente perpetradas en un hecho donde la unidad militar implicada fueron tropas del Batallón de Infantería No. 1 General Simón Bolívar que operó de manera momentánea con el Comando Operativo N° 5 con sede en Algeciras, y una víctima más, por parte del Gaula Militar”.
Víctimas de Falsos positivos por periodo de comandancia de la IX Brigada
“Es importante resaltar, que sólo en el primer trimestre al mando de la Novena Brigada, es decir, entre los meses de diciembre de 2007 y febrero de 2008, se presentaron el 68% de las ejecuciones extrajudiciales que se hicieron en todo el período de este oficial, incrementando de manera exponencial el promedio mensual que se traía durante el mando del Coronel Lasprilla”, señala el revelador informe.
Alcances de la JEP
La JEP ejerce competencia prevalente para conocer de las conductas presuntamente cometidas por los agentes de Estado miembros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado.
En el Subcaso Huila han comparecido los generales Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, once (11) Coroneles, así como un número importante de otros oficiales, suboficiales y soldados.
“Aquellos miembros de la Fuerza Pública respecto de quienes la Sala haya recibido información en torno a su posible involucramiento en crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado no internacional y no hayan comparecido a la JEP a suscribir acta de compromiso pueden ser llamados a comparecer para contribuir, entre otros, al esclarecimiento de la verdad plena y exhaustiva de lo sucedido y la garantía de los derechos de las víctimas”, advierten los magistrados en los autos que convocan a las versiones.
Además de contribuir a la búsqueda de la verdad plena y detallada en favor de los derechos de las víctimas lo que permitirá profundizar en la contrastación de las versiones y la comprobación de las hipótesis investigativas dentro del Subcaso Huila, el llamado a versión voluntaria constituye una garantía de los derechos fundamentales al buen nombre y al debido proceso de quienes han sido comprometidos en informes o en versiones recibidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, dentro del caso 03, conocido como el de ‘falsos positivos’.