Si reflexionamos sobre las causas del atraso secular de la nación, debemos concluir que siempre ha sido mal gobernada. Todos los gobiernos, han predicado que ejercen o practican principios democráticos y que en Colombia siempre ha habido plena democracia. Los hachos prueban lo contrario. El territorio nacional es rico en recursos naturales.
¿Y por qué la pobreza afecta a más del 48%, el rebusque a más del 56% y la indigencia a más del 15%?
El conflicto interno obedece a causas precisas, plenamente identificadas, pero el régimen se niega a reconocerlas y erradicarlas, porque afecta sus intereses y sus dividendos.
El conflicto ha obligado el desplazamiento forzado y ha facilitado a terratenientes apoderarse de más de 6 millones de hectáreas. El desplazamiento es pobreza, miseria y muerte.
El régimen responde con la ficción de la Ley de Justicia y Paz, (con matones institucionales, falsos positivos y tierra arrasada del nefasto Uribe Vélez), diseñada para beneficiar a los criminales autores del desplazamiento y de masacres. Los resultados son patéticos.
Santos, del mismo cuño, se lució con un nuevo engaño. Ley de Víctimas y restitución de tierras. Después de más de tres años de vigencia, de más de 6 millones de Hás robadas, la restitución no supera las 20.000 Hás, el 0.33% y más del 50% no corresponden a restituciones, sino a titulación de baldíos.
El régimen, por todos los medios, presenta las guerrilleras como la causa suprema del conflicto y la inseguridad ciudadana. Un engaño más. Los hechos delictivos, imputables a la guerrilla no supera el 11%, el resto es responsabilidad de las organizaciones criminales, ilegales y legales y de delincuentes de cuello blanco, en muchos casos al servicio de terratenientes y empresarios y de sus particulares intereses.
La existencia de las guerrillas, para la extrema derecha y terratenientes, es el pretexto para disfrazar su irresponsabilidad político-social y justificar el atraso nacional.
Es esta la causa suprema, para que la extrema derecha, rechace la negociación con las Farc. No obstante el oportunismo político-electoral del maniquí de zorro del guerrerista Uribe. El mismo a quien el poder le dedica más de $52 millones diarios (más de $19 mil millones/año) , para que lo protejan, mientras el ciudadano del común es permanente víctima de la rampante inseguridad que azota campos y ciudades. Esa es la seguridad democrática que busca volver al poder por otros ocho años, para redoblar su mezquindad, encubrir y manejar procesos por actos delictivos denunciados y debidamente soportados, pero que permanecen cubiertos por la impunidad que garantiza el régimen y la institucionalidad.