Luego de analizar una demanda presentada contra el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, el Alto Tribunal afirmó que sí tiene facultades para sancionar a los funcionarios públicos del país.
La Corte Constitucional analizó a fondo las facultades del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez para sancionar a funcionarios públicos, con una votación de 6 a 3, avaló que sí puede hacerlo.
De esta manera puede sancionar e inhabilitar por faltas graves a los funcionarios de entre 10 a 20 años. Este pronunciamiento del Alto Tribunal es muy importante, porque deja en firme hasta la fecha todas las sanciones que el Procurador ha realizado en el país. De lo contrario, se hubieran tumbado todos los procesos que por esta causa existen actualmente.
En pocas palabras, la discusión se centró en los argumentos que declaran exequible la Ley 734 de 2002, referente al Código Disciplinario que aplica el Procurador en estos casos.
En la demanda presentada en contra del Procurador y que suscitó esta decisión, se habría planteado la hipótesis que solo los jueces penales a través de sentencias, podrían restringir los derechos a elegir y ser elegidos en cargos públicos, más abajo en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta determinación también estuvo sustentada en la sentencia C-028 de 2006 que avalaban las sanciones impuestas por el Procurador.
Para concluir, la Corte Constitucional afirmó que existen otros mecanismos legales para preservar los derechos de los funcionarios públicos en casos en los que se esté violando, como lo hizo en su debido momento el Alcalde Gustavo Petro en Bogotá.