La Procuraduría anunció que el senador Gustavo Bolívar será investigado por apoyar una colecta de dinero que buscaba comprar elementos de protección para la Primera Línea. Bolívar dice que evitó que más manifestantes hubieran salido lesionados en medio del paro nacional.
La Procuraduría anunció ayer que abrió una investigación disciplinaria contra el senador Gustavo Bolívar, integrante de la Lista de la Decencia, y entrará a evaluar información periodística que indica que el congresista apoyó una colecta organizada por la Fundación Manos Limpias para comprar elementos de protección, cascos, guantes, gafas y escudos para los manifestantes conocidos como Primera Línea.
Un grupo que, según la Policía, ha participado de los desmanes generados en medio del paro nacional que vivió el país en el primer semestre de 2021 y las manifestaciones que se produjeron en 2019 y 2020.
Sin embargo, la Primera Línea ha insistido en que no tienen que ver con estos hechos y que su función es proteger a los marchantes de las intervenciones del Esmad de la Policía que ha dejado varios ciudadanos heridos.
“Se busca determinar si con el supuesto apoyo financiero a la ‘primera línea’, el senador pudo incurrir en conductas merecedoras de reproche disciplinario. Además, establecer si estos elementos fueron utilizados para la protección personal de los manifestantes, o si por el contrario se financió una actividad lícita que atentó contra los bienes del Estado y la seguridad de la población”, informó la Procuraduría a través de un comunicado de prensa.
En agosto pasado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió contra el senador Bolívar y señaló que “Uno es la primera línea en el Congreso, con Gustavo Bolívar y el petrismo a la cabeza, y otra es la primera línea que vemos en la calle, tirando piedra, destruyendo bienes públicos, haciendo actos de vandalismo. Eso es inaceptable. El petrismo no puede seguir radicalizando jóvenes para mandarlos de carne de cañón a desestabilizar la convivencia en ciudades como Bogotá”. El pronunciamiento se hizo luego de que se diera un enfrentamiento entre el Esmad y civiles por el desalojo en el humedal Tibabuyes, en la localidad de Suba.
Aunque la alcaldesa no entregó detalles de esa supuesta financiación de Bolívar también aseguró que además de los aportes que hacen algunos políticos a los integrantes de la primera línea, detrás de los desmanes y actos violentos están organizaciones delincuenciales y de microtráfico principalmente en las localidades de Usme, Kennedy y Suba. Según el mayor Miller Rojas, comandante de la estación de Policía de Engativá, uno de los capturados por los disturbios ocurridos en la localidad de Suba testificó que le habían pagado $70.000 por acudir a la manifestación.
Según informó el Ministerio Público, encabezado por Margarita Cabello, solicitará un informe del origen de la colecta para apoyar a los manifestantes, el total de lo recaudado, y la forma en que se invirtieron los recursos. “Pedirá a la Policía un informe sobre si en las manifestaciones que se presentaron en Bogotá, durante el 2021, se presentaron desmanes en la denominada primera línea y detallar cada uno de ellos”, concluye el comunicado de prensa.
La defensa de Bolívar
El congresista señaló en julio pasado que “les ha dolido mucho que no hayamos permitido matar y sacarle los ojos a más muchachos, que fue lo único que hicimos públicamente (…) De todos es sabido y la evidencia audiovisual es abundante, que les estaban sacando los ojos y los estaban matando, por eso hoy hay casi 85 muertos y más de 72 jóvenes con mutilación ocular”. A finales de agosto, la Corte Suprema también lo citó a versión libre por estos mismos hechos.
Con información de El Espectador.com