A pesar de tener el aval técnico de bioseguridad expedido por la Secretaría de Salud de Neiva, el alcalde Gorky Muñoz, desconociendo la autonomía universitaria decidió prohibir la realización de la consulta. Y le ordenó a la Policía hacer cumplir la inexplicable decisión.
RICARDO AREIZA
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En manos del juez Segundo Civil del Circuito de Neiva, Juan Carlos Ortiz Vargas, quedó finalmente la suerte de la reanudación o no de la consulta estamentaria para ponerle fin a la prolongada interinidad en la Universidad Surcolombiana.
El funcionario judicial, asumió la competencia para pronunciarse y decidir de fondo sobre el ‘tutelatón’ instaurado por varios docentes invitados, irregularmente vinculados como catedráticos, sin mediar concurso de méritos.
El togado conoció la primera tutela instaurada por Zully Paola Pinilla, argumentando que fue excluida arbitrariamente del listado de electores.
Además, le correspondió por reparto otra tutela colocada por estudiantes, docentes y egresados, reclamando la suspensión de la consulta por una eventual abstención por la pandemia. Ambas fueron rechazadas.
El funcionario le correspondió por competencia conocer y fallar todas las tutelas, según el Decreto 1834 de 2015 que reglamentó las tutelas masivas.
La norma establece que las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas”.
A dicho despacho los demás jueces remitirán dentro de las 24 horas siguientes, las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia, para evitar escenarios de incoherencia e inseguridad jurídica.
La juez Laboral de Garzón, Julieth de Los Ángeles Villabona le remitió ayer el expediente del docente Juan Carlos Martínez, quien reclamaba su participación a pesar de ser docente invitado.
Al congelador
Dos de los tres jueces ordenaron la suspensión del proceso hasta que haya un pronunciamiento de fondo. “El Consejo Superior decidió por mayoría suspender temporalmente las elecciones, hasta que se resuelvan las tutelas o se levanten las medidas cautelares que decretaron por ahora dos despachos judiciales”, confirmó el secretario General, Antonio Polanía Puentes.
En consecuencia el cronograma quedó congelado hasta que se fallen las tutelas o se levanten las medidas de suspensión provisional decretadas en el trámite de varias tutelas, instauradas por docentes invitados, excluidos de la lista de electores.
La suspensión de la consulta, acordada por el organismo directivo, quedó plasmada en el Acuerdo 010 de 2020 expedido ayer mismo, acatando la decisión judicial.
Las dos jueces que decretaron la medida cautelar, consideraron, separadamente, que la suspensión provisional de la consulta, programada para este 18 de marzo, “resulta ser la medida menos gravosa para el interés general”, solo que se pospondría algunos días, lo cual es viable tal como se desprende del Acuerdo 001 de 2021 mediante el cual se dispuso reanudar el cronograma para adelantar el consabido proceso electoral, suspendido por la crisis sanitaria para contener la pandemia.
La suspensión
La decisión fue adoptada por siete votos de los nueve votos posibles. Entre ellos Carolina Guzmán Ruiz delegada de la Ministra de Educación y el gobernador encargado Carlos Alberto Cuéllar.
La delegada de la Ministra, quien preside el Consejo Superior, ha sido partidaria de realizar la consulta, pese a los reparos formulados por la comunidad universitaria, por la composición de la terna. Sin embargo, ante la orden judicial,
Leonel Sanoni Charry, votó negativo y la delegada de la Cámara de Comercio Luz Mila Moyano no asistió con excusa justificada.
Sanoni se opuso argumentando que no se decidió de fondo sobre la habilitación de los docentes invitados como catedráticos, donde tiene un particular interés y una frondosa nómina que podrían inclinar la balanza.
Durante su paso por la Decanatura, designó a dedo, sin concurso previo a numerosos docentes que ahora pretenden habilitar como electores potenciales. Parte de esos nombramientos, hacían parte de la “estrategia escalonada” para presionarlos en favor de la candidata Nidia Guzmán, como quedó evidenciado en polémicos audios, grabados por uno de sus contertulios.
Con policía
La medida cautelar decretada por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva y por el Juzgado Único Laboral de Garzón, coincidió con otra inexplicable decisión, firmada ese mismo día por el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, a pesar de los certificados protocolos de bioseguridad expedidos por la Secretaría de Salud de Neiva. Y en momentos en que la capital huilense reportaba el menor número de contagios desde hace un año cuando comenzó la pandemia.
Por primera vez, el Huila reportó solo 5 casos positivos de los cuales uno correspondió a Neiva, 2 Pitalito, uno Campoalegre y uno Rivera, cuando se reportaban 300 y 400 casos diarios. Increíble.
Aun así, el mandatario neivano, quien levantó las medidas de restricción, suspendió el pico y cédula y habilitó la reapertura del comercio, incluyendo los bares, desconociendo la autonomía universitaria, decidió prohibir la consulta estamentaria por “inminente riesgo”.
El 3 de marzo pasado, los ministerios de Salud y Educación, declararon su incompetencia frente a la consulta estamentaria y nunca objetaron su realización con los protocolos de bioseguridad aprobados en Neiva, Garzón y La Plata. Pitalito también se abstuvo.
Incoherencia
La lista de chequeo fue aprobada sin objeciones por la Secretaría de Salud de Neiva. El aval fue expedido el lunes pasado en concordancia con la Resolución 666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud que adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia.
El formato de control certificó el cumplimiento de todos los requisitos. Los 96 items fueron avalados, sin observaciones ni recomendaciones.
En el documento se advierte: “Se realiza visita a Universidad para verificar cumplimiento de protocolos de bioseguridad. En dicha inspección se evidencia el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para dar cumplimiento a jornada electoral de Rector”.
La constancia con su puño y letra está firmada por Maribel Carvajal Figueroa, técnico de la Secretaría de Salud. El documento fue expedido el 15 de marzo de 2021, sin conocer las tutelas. (Ver Facsímil).
Reversazo
Sin embargo, pese a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, ese mismo día, inexplicablemente, la Alcaldía de Neiva, se opuso a la realización de la consulta.
Contradiciendo de facto a la Secretaría de Salud, que certificó el cumplimiento de los protocolos para la realización de la jornada, el alcalde, Gorky Muñoz, firmó el lunes por la noche la Resolución 033 de 2021, ordenando a la Universidad Surcolombiana el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
Desconociendo la autonomía universitaria, el alcalde Gorky Muñoz, “prohibió toda acción, actividad o procedimiento relacionadas con la jornada electoral proyectadas por la Universidad Surcolombiana programada para el 18 de marzo de 2021 en la ciudad de Neiva, por las potenciales aglomeraciones que conllevarían riesgo inminente de contagio del covid-19, sin cumplirse los direccionamientos y protocolos”.
Y para completar, el alcalde de Neiva le comunicó al comando de la Policía Metropolitana para que haga cumplir la decisión de impedir la consulta lo mismo que a los secretarios de Gobierno y Salud y al Consejo Superior.
No obstante, horas antes la misma Secretaría de Salud, revisó los protocolos y certificó que se cumplían cabalmente conforme a las directrices impartidas por el Ministerio de Salud.
¿Por qué no firmó?
Sorpresivamente, el jefe de la Oficina Jurídica, Hernán Mauricio Paredes, no firmó el acto administrativo, al parecer por desacuerdo.
En cambio, firmaron con el alcalde dos asesores externos, Héctor Enrique Peñuela y el abogado José William Sánchez Plazas, este último asesor de la candidata Nidia Guzmán.
Primero la defendió en la demanda ante el Consejo de Estado, recusando a la magistrada Julieta Rocha Amaya, conjuez en el proceso de nulidad que le costó el puesto a la candidata.
Además, suscribió otros conceptos como asesor de la Usco, que no favorecen al también candidato Nelson Gutiérrez, para sacarlo de la terna.
Adicionalmente, el ex consejero, Julián Salas, aliado de Nidia y Sanoni, ha sido asesor de cabecera del secretario de Gobierno Faiver Hoyos, quien anticipó su oposición a la consulta.
El funcionario admitió esta asesoría pero aclaró que actualmente se tramita la renovación del contrato de prestación de servicios.
Reacciones
“La consulta quedó congelada mientas los juzgados definen de fondo las reclamaciones. Vemos con preocupación la intromisión política de algunos sectores interesados en imponer a la fuerza una candidata, como las evidencias parecen advertirlo”, afirmó Humberto Perdomo, representantes de los estudiantes
“Aquí hay una intencionalidad bien clara que es la de beneficiar una candidatura en particular, esa es la intención que han venido planteando para impedir la consulta y elegir a un nuevo rector encargado que les permita ganar las elecciones”, aseguró el líder estudiantil.
“La otra cara es la legitimidad de la consulta por la poca participación de los estudiantes, en este momento hay es una puja política externa para poder generar la suspensión que no se haga en este semestre, y quieren imponer otro rector encargado en abril que les abone el camino y puedan ganar las elecciones”, subrayó.
“No sabemos que hay detrás de esas propuestas ni quiénes son los titiriteros como diría Jaime Garzón”, afirmó el candidato Luis Alberto Tamayo. En verdad, ¿Quién es el titiritero?
