Lo que está ocurriendo en el municipio de Algeciras, en el oriente del Huila, requiere mucho más que consejos de seguridad.
La ola de ataques a bala y asesinatos, que el domingo en la noche, por ejemplo, cobró la vida del presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Puente, Gentil Pasos Lizcano, es una muestra de lo mal que están siendo manejadas las cosas en materia de seguridad en el pueblo durante lo que va de 2020.
Si bien desde la Policía o el Ejército intentan justificar que esa escalada de muertes violentas corresponde a una “simple pelea entre exguerrilleros”, lo que estamos viendo en el fondo es una incapacidad de los organismos de seguridad del Estado para proteger a los algecireños, comenzando porque en la decena de homicidios que han sucedido este año en Algeciras nunca ha habido una reacción oportuna y eficaz de las autoridades que permita capturar en flagrancia a los responsables. Varios de estos asesinatos han ocurrido en la zona urbana, cuya seguridad se supone es responsabilidad del Departamento de Policía Huila. Los tres asesinatos que ocurrieron entre el miércoles y el domingo pasado se registraron en la zona rural, que se supone es responsabilidad de la Novena Brigada del Ejército.
No deja de sorprender además que las autoridades no puedan hacer sus desplazamientos en el pueblo y que los levantamientos de los cadáveres demoren hasta doce horas. Eso evidencia también el miedo que reina entre policías y militares acantonados en Algeciras.
Aunque las autoridades han reportado cinco capturas, no se ha conocido hasta ahora un señalamiento directo y concreto contra los detenidos y en qué crímenes supuestamente participaron.
Algeciras requiere una atención integral, que permita, entre otras cosas, el esclarecimiento de cada uno de los asesinatos y la captura de los responsables materiales e intelectuales.
“Lo que estamos viendo en el fondo es una incapacidad de los organismos de seguridad del Estado para proteger a los algecireños”