La Registraduría advirtió que el referendo revocatorio contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, convocado para el próximo 2 de marzo, puede ser aplazado porque el gobierno aún no entregó los fondos necesarios para su organización.
"Si los recursos se ubican la próxima semana, no tendríamos el tiempo suficiente, contractualmente, para poder contratar los bienes y servicios que se requieren para la ejecución de la revocatoria", dijo en rueda de prensa la registradora distrital de Bogotá, Esperanza Mejía.
La Revocatoria de Petro, quien enfrenta en paralelo una serie de procedimientos para destituirle de su cargo, fue convocado por iniciativa del congresista conservador Miguel Gómez, quien recolectó firmas para lograrlo.
Más temprano este martes, el ministerio de Hacienda informó que tenía "identificados" los 35.000 millones de pesos con los que se financiará el referendo, pero dijo que éstos serían asignados a la Registraduría -ente electoral- "a comienzos de la próxima semana".
Ante este escenario, Mejía insistió en que "si el ministerio asigna la próxima semana realmente (…) no es posible" realizar la revocatoria en la fecha prevista.
La Registraduría prefirió no estimar aún una posible nueva fecha para realizar estos comicios.
Sobre esta posibilidad, Guillermo Jaramillo, jefe de campaña de Petro, advirtió que "si llega a salir una resolución postergando la revocatoria, vamos a entablar inmediatamente una demanda penal por prevaricato" (dictar una resolución injusta).
Petro enfrenta en paralelo a la revocatoria una sanción de destitución e inhabilitación política por parte de la Procuraduría, órgano de vigilancia de los funcionarios públicos.
Sin embargo, ese proceso fue suspendido temporalmente por un tribunal administrativo y hasta que no quede en firme el alcalde sigue en su cargo.
El revocatorio ha seguido entonces su curso a pesar de la sanción y la Registraduría había señalado que solo sería suspendido en caso de que Petro fuera definitivamente destituido.
Petro, un exguerrillero de 53 años elegido para gobernar Bogotá entre 2012 y 2016, defiende que su situación en la alcaldía se defina en las urnas y no por sanción administrativa.
La Procuraduría sancionó a Petro por un caso de mal manejo en la modificación del sistema de recolección de basura de la ciudad, que pasó de manos privadas a manos públicas.
Esa decisión generó gran polémica en el país y desató multitudinarias manifestaciones en las calles de Bogotá en diciembre y enero, que hicieron subir también la popularidad de Petro.
El cargo de alcalde de Bogotá, una ciudad de siete millones de habitantes, es el segundo más importante en Colombia después del de presidente de la República.