Germán Palomo García
Por primera vez en muchos años, se empezó a negociar el pasado cinco de diciembre el nuevo salario mínimo en un ambiente complejo y en medio de un cruce de variables definitivas para establecer el nuevo valor, pero sin que arrojen claridad. La tasa de desempleo sigue subiendo, aunque en octubre lo hizo a un menor ritmo lo que podría mermar el interés de los sindicatos por alcanzar un valor más representativo. La tasa de inflación del 3% ya no se cumplirá y se estableció 3.88% como la de referencia para negociación del mínimo para el 2020. La productividad laboral, el otro factor importante en esta negociación resulta negativa, aunque las expectativas son las de una mejor cifra al cerrar la negociación teniendo en cuenta el crecimiento del PIB en octubre del 3.3% según el DANE y la proyección del Banco Emisor de 3.2% para todo el 2019. Esto hace que los empresarios no estén dispuestos a hacer grandes concesiones y procuren ofrecer un salario muy cercano a la tasa de inflación que simplemente representaría una pérdida de poder adquisitivo en la medida en que el dólar siga afectando la relación de intercambio peso-dólar. Sin embargo, las diarias jornadas de protestas callejeras que ya llevan 20 días condicionan la negociación indirectamente. Temas como la reforma tributaria, hoy denominada Ley de Crecimiento, la reforma pensional, la desigualdad social, siempre están en la agenda de las protestas y presionan los análisis de la Mesa de política Salarial y Laboral. Pero, tanto las centrales obreras como los empresarios ya están fijando sus posiciones. Estos últimos piensan que el salario mínimo legal estará en 4.5% (3.5 por inflación más 1 por productividad) y llegaría a 865.400 pesos mensuales. Para las centrales obreras, el mínimo debería estar en 1.6 millones, aunque claramente saben que nunca se llegará a esta suma y han acordado negociar en bloque partiendo del 6% de incremento del año anterior.
A pesar de estas posiciones, el gobierno tiene la última palabra y, seguramente, se la jugará con la nueva reforma tributaria que incorporó un componente social muy importante manteniendo los beneficios a los generadores de empleo. En la medida en que se defina este factor salarial, se reducirán las protestas o se aumentarán poniendo una nueva talanquera al gobierno y dificultando tanto el cierre de este año como el comienzo del 2020 repitiéndose el duro comienzo similar al 2019 que ya agoniza.