Todos los colombianos queremos saber qué se siente vivir en un país seguro. Queremos habitar ciudades en calma donde la vida, la dignidad y la propiedad estén libres de amenazas y donde la inseguridad sea solo un recuerdo. Sin embargo, en Colombia no logramos que las tasas de criminalidad desciendan de manera continua. Según el informe ‘Global Barden of Armed Violence’ (GBAV), Colombia cuenta con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes que la ubica dentro de las mayores tasas a nivel mundial. Frente a este fenómeno, la política criminal ha tenido aproximaciones reactivas, sumergiéndonos en lo que muchos han llamado modelos de expansión de la respuesta penitenciaria y carcelaria, populismo punitivo o gobierno a través del delito, para comprender los nuevos fenómenos criminales.
Un análisis reciente en la revista The Economist (25.07.2013), nos muestra que al parecer la fórmula para mantener bajas tasas de criminalidad no es endurecer las penas sino enfocarse en la prevención del delito. Ejemplo de esto, son los casos de Noruega y Alemania en donde al mismo tiempo se observó una baja en la ocurrencia de crímenes y una reducción de su población carcelaria, o, el caso del sistema penitenciario de Nueva York que aunque ha disminuido su población, ha mostrado un descenso en los índices de criminalidad, más rápido que en otras ciudades.
En este marco y dadas las condiciones colombianas en donde claramente la privación de la libertad y el endurecimiento de las penas se enfoca más en el castigo que en la rehabilitación, dejando como remanente un grave problema de reincidencia, es necesario superar las aproximaciones reactivas y pensar en nuevos enfoques dirigidos a la prevención del delito y al análisis de sus causas estructurales, de los lugares de mayor ocurrencia y de los grupos más vulnerables a estas conductas. Estos insumos serán indispensables para consolidar una política pública seria que dé una solución de largo plazo al problema.
