Hace ya algunos meses había querido escribir esta columna sobre la manera en que a mi juicio, procede mal el señor Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres. Para aquel entonces, entre el 12 y 13 de septiembre pasado, Perdomo Torres había estado de visita en el Departamento y había anunciado, de la misma manera que ahora, investigaciones contra varios funcionarios públicos implicados en presuntas actividades ilícitas; pues según él, se daba por sentado que la Fiscalía avanzaba vertiginosamente contra la corrupción en el Huila.
Como lo publicó esta casa editorial, el Vicefiscal habló de investigaciones que se habrían iniciado, entre otros, contra la Alcaldesa de Campoalegre, los Alcaldes de Íquira, Altamira y Palermo, y los exalcaldes de Oporapa e Isnos. De esto hace ya siete meses, y hasta ahora, al único burgomaestre al que se le ha finiquitado un proceso penal o disciplinario, ha sido al el exalcalde de Elías, Billy Alexander Vargas, a quien la Procuraduría Provincial de Garzón sancionó con destitución e inhabilidad por diez años para ejercer cargos públicos.
La semana pasada el Vicefiscal volvió a Neiva, y nuevamente, a mi modo de ver de manera equivocada, llegó haciendo anuncios de más investigaciones contra funcionarios de todo el Departamento; curiosamente, sin que los resultados de las antiguas actuaciones se muestren muy alentadores.
La crítica que muy respetuosamente elevo, es al modo “populista” con que pretender actuar la Fiscalía. Considero que el Departamento del Huila, y en general el país, no necesitan de mucha publicidad acerca de los casos de corrupción en los que “humildemente” caen gran parte de nuestros funcionarios públicos. Creo que la actuación de los agentes del Estado, entre ellos los Fiscales, debe ser menos llamativa a los ojos de los medios, y más eficiente y eficaz a los ojos de la ciudadanía.
¿De qué nos sirve que el señor Vicefiscal arribe cada seis o siete meses al Departamento a anunciar que al Alcalde de Garzón, por ejemplo, se le imputarán cargos por peculado por apropiación? Lo que necesitamos es que la Fiscalía impute, y que avance rápidamente hasta lograr una condena en derecho, si así lo determina la justicia. Es decir, lo que pienso que queremos como ciudadanía es menos charla y más acción. Necesitamos resultados eficientes contra los actos ilícitos de los administradores publicos, no noticias para los diarios.
El período de gobierno para la mayoría de los funcionarios que serán investigados está a punto de terminar, o ya habrá terminado. Yo quisiera saber por qué apenas hasta hoy se están haciendo imputaciones contra supuestas actuaciones ilícitas ocurridas hace dos o tres años. ¿Dónde estaban los organismos de control al momento de vigilar oportunamente que el proceder de Alcaldes, Concejales y demás, fuera el indicado? Y más aún, quisiera saber también si al momento de que por ejemplo, la Alcaldesa de Campoalegre termine su período, ¿la Fiscalía seguirá tan acuciosa impulsando su proceso?
Evidentemente no tengo fundamento para discutirle a la Fiscalía General de la Nación el cómo ha llevado algunos procesos de renombre en el Huila, y en el país. Pero no debo ser especialista para razonar, que lastimosamente muchos de ellos han sido permeados por intereses muy alejados a la estricta aplicabilidad de la ley. Ojalá y los verdaderos resultados lleguen pronto, no sea que sigamos esperando fallos de fondo, producto de investigaciones incólumes, que por ejemplo, en el caso de la asesinada señora Celia Escobar, funcionaria de la DIAN comprometida contra la corrupción en el Departamento, pareciera nunca van a llegar.