El congresista Carlos Ardila reflexiona sobre el momento por el que atraviesa la concesión vial Neiva-Mocoa- Santana. Habla sobre la posición ventajosa de los contratistas incumplidos y propone revisar la figura de la caducidad.
Carlos Ardila Espinosa
Representante a la Cámara por el Putumayo
Resulta muy grato para los habitantes del Putumayo que Germán Vargas Lleras haya dedicado una de sus más recientes columnas de opinión a expresar sus preocupaciones frente al proyecto vial Neiva-Mocoa-Santana, que uniría a Bogotá con los departamentos de Huila, Cauca, Putumayo y finalmente con el Ecuador.
Coincido en la importancia estratégica del proyecto y coincido muy especialmente en denunciar el incumplimiento rampante de la firma contratista que ha sido sancionada luego de haber causado enormes problemas a la Nación, no solo en esta, sino en numerosas obras a lo largo y ancho del país.
Pero, justamente por la importancia y urgencia de que se realicen estas obras es que no considero que la mejor solución sea aplicar la caducidad a la firma contratista incumplida. Al menos, no sin antes explorar alternativas que eviten el retraso de tres años o más que implicaría el decretar la caducidad, buscar nuevamente la financiación de los dineros de la obra que serían reintegrados a Hacienda en un contexto fiscal muy estrecho, y reestructurar y licitar nuevamente el proyecto.
Es por eso que muchos habitantes del Huila, Cauca y del Putumayo le hemos hecho saber al Gobierno Nacional que se debe hacer lo posible por sacar adelante el proyecto tratando de evitar mayores retrasos, y especialmente sin arriesgar la financiación que hoy se tiene asegurada, pues ello podría poner en riesgo la estructuración de una nueva licitación. De cualquier modo, la declaratoria de caducidad —que a la fecha no se ha decretado, aunque sí se inició el respectivo proceso— siempre estará a la mano del Gobierno en caso de mayores incumplimientos a futuro del actual contratista o del eventual cesionario.
“Populismo anticorrupción”
Lo que ha quedado claro es que el actual conjunto de normas se quedó corto en los remedios que se ofrecen a los incumplimientos. La figura de la caducidad pareciera estar caduca y los remedios para hacer cumplir a los contratistas parecen más tóxicos que remedios. Tal vez, esto es consecuencia del “populismo anticorrupción” de normas severas y sospecha generalizada contra los funcionarios, que en casos como este juega en contra del Estado y a favor de los contratistas incumplidos. El criticado Plan Remedial está contemplado en el contrato de concesión y no se puede obviar. Y también ha quedado en evidencia que asignar numerosas obras de infraestructura al mismo o a unos pocos contratistas imbricados en consorcios, aumenta notablemente los riesgos de la Nación al momento de aplicar su propio ordenamiento jurídico.
El caso de la vía Santana-Puente Internacional (San Miguel) es paradigmático: Fue asignado a los Solarte mediante el Consorcio Vial del Sur en 2010 por casi 478 mil millones, luego vendría una fase II por valor de 128 mil millones, una fase más en el 2015 por 115 mil millones y en febrero del 2020 se adjudicó una IV fase por valor de 30 mil millones para mejorar los 7.1 km que le restaban por pavimentar al corredor San Miguel-Santana. El mejoramiento del corredor tenía un costo inicial de 478 mil millones en el 2010 y se anunció que se entregaría en el diciembre del 2015. Hoy, 11 años después y 273 mil millones más del valor presupuestado, el corredor aún no se encuentra pavimentado.
Lo propio ocurriría con el proyecto Variante San Francisco-Mocoa, una obra que se contrató en el 2010 por 450 mil millones para que en 7 años se construyeran 45,6 km que favorecerían la conexión del pacifico colombiano con el atlántico brasileño. Pero 11 años después, al proyecto le restan 27 km y al menos 1.2 billones de inversión.
Ni hablar de los proyectos Ruta del Sol, la Malla Vial del Cauca, la vía Lobo Guerrero-Buenaventura, entre muchos otros.
De esta manera, decretarle la caducidad a los Solarte en uno de esos contratos, como ocurrió en Ruta del Sol, implicó la parálisis de todos los demás.
Posición ventajosa
Es tan grande la posición ventajosa de los contratistas incumplidos como los Solarte, que en medio del proceso de cesión, sin pudor alguno, manifestaron públicamente que estaban dispuestos a ceder el contrato siempre y cuando fuesen admitidos como “socios” de la nueva concesión. Es decir, que ganarse una licitación con el actual marco normativo incentiva al contratista a incumplir y luego exigir participación societaria en el consorcio que se supone va a enmendar los incumplimientos que él mismo causó. Un absurdo que al que por fortuna la ANI le puso freno.
Se hace necesario, entonces, una revisión de los distintos remedios y prerrogativas con que cuenta el Estado para hacer cumplir los contratos. Teniendo en cuenta que las sanciones no deben perseguirse como un fin en sí mismo, sino ser aplicadas como medios -o remedios-para garantizar el cumplimiento y así proveer los bienes y servicios públicos que son responsabilidad del Estado. La actual figura de la caducidad ha demostrado generar más problemas que soluciones y debe ser replanteada. También se debe revisar el régimen de libre competencia y multiplicidad de oferentes, y establecer límites en la asignación de contratos cuando la concentración de estos represente un riesgo para la Nación.
Con todo, el plazo para remediar los incumplimientos del contratista en la vía Santana-Mocoa-Neiva vence el próximo 30 de marzo. Esperaría uno que para ese momento se pueda concretar una solución que permita ejecutar la obra en el menor tiempo posible sin premiar al incumplido. En caso de no ser esto posible, la caducidad sería la herramienta jurídica con que cuenta la Nación, pero entonces no se habría solucionado nada y habría que volver a empezar la estructuración del proyecto desde cero. Queda claro pues que otro frente de obra que debemos abrir es el de la revisar la caducidad y las demás herramientas jurídicas con que cuenta el Estado para hacer cumplir a los incumplidos.