No debe haber tibiezas ni eufemismos a la hora de rechazar los actos violentos que terminaron en el incendio de la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Gamarra, departamento del Cesar, 24 horas de la jornada electoral del pasado domingo.
Los hechos fueron de una enorme gravedad. Un grupo de personas de ese pueblo costeño salió a las calles a protestar por la revocatoria de inscripción de uno de los candidatos a la Alcaldía por parte del Consejo Nacional Electoral 15 días atrás. La manifestación se salió de control y desembocó en que uno de los inconformes le prendiera fuego a la sede de la Registraduría con servidores públicos en su interior.
Los videos que circularon en redes sociales sobre el incendio muestran no sólo el desmadre del momento sino el horror que generó la conflagración para los funcionarios de la Registraduría y la Policía que se encontraban en la sede oficial.
Como consecuencia de la voraz conflagración, murió Duperli Arévalo Carrascales, funcionaria de la Registraduría de Gamarra, Cesar. La mujer fue alcanzada por las llamas y aunque alcanzó a ser auxiliada y trasladada a un centro asistencial, falleció.
Es absolutamente condenable que una persona haya perdido su vida de manera tan dolorosa como consecuencia de los actos irracionales de un grupo de personas inconformes con una decisión oficial. Estas personas, varias de ellas identificadas y en la mira de las autoridades, tendrán manchadas sus manos de sangre y deberán responder ante la justicia.
La inconformidad jamás debe conducir a actos de violencia y mucho menos a provocar la muerte de funcionarios. Nadie, en sus cabales, puede levantar su voz justificando el caos, el ataque a edificaciones públicas y los desmanes.
Las autoridades deben capturar a los responsables y enviar un mensaje aleccionador en el sentido de que la violencia no es permitida en las protestas.