RICARDO AREIZA
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Sorpresa. La acusación contra el alcalde de Pitalito Miguel Antonio Rico Rincón quedó nuevamente en suspenso. El llamamiento a juico anunciado para mañana primero de marzo fue intempestivamente aplazado. La acusación debía formularse ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito. Sin embargo, fue reprogramada, inesperadamente, para el 21 de junio en plenas fiestas del San Pedro.
Aunque fuentes del organismo acusador anunciaron “inconvenientes de agenda” otras son al parecer las razones para solicitar el aplazamiento de la diligencia judicial.
La fiscal 28 seccional Martha Libia Lizcano, quien solicitó la audiencia de acusación, lo acusaría por los delitos de homicidio agravado a título de determinador, en concurso con el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Los cargos fueron anunciados anticipadamente por el director seccional de Fiscalías Justino Hernández en un extenso comunicado.
La Fiscalía lo vinculó como supuesto determinador del crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa ocurrido en su propia oficina el 6 de abril de 2017.
Las pruebas
La fiscal delegada relacionó en el escrito 7.000 elementos materiales probatorios y evidencias físicas recaudadas y por lo menos 592 testigos para respaldar el escrito de acusación.
Sin embargo, el pasado 11 de febrero, la juez Cuarta Penal del Circuito de Neiva, Paola Andrea Ochoa García revocó la detención domiciliaria proferida el 30 de julio de 2018.
La operadora judicial aseguró que la Fiscalía no presentó los elementos probatorios suficientes para incriminar con algún grado de certeza a Rico Rincón en el homicidio del ex personero. La imputación- dijo- se basó en “meras especulaciones”.
En su opinión, la Fiscalía no fundamentó debidamente la inferencia razonable, un estándar clave para la formulación de la imputación. Las pruebas aportadas para justificar la medida de aseguramiento no resistieron el examen jurídico de la juez de segunda instancia.
La acusación como ocurrió con la imputación sería formulada solamente con dos declaraciones y algunos documentos que aportó el abogado Cesar Sierra Avellaneda, gerente de la constructora Soginco, explorando un eventual acuerdo que nunca se concretó.
“La inferencia razonable, en el caso de Miguel Antonio Rico Rincón, como determinador del homicidio de Luis Gerardo Ochoa, se construyó sólo en un supuesto interés que tenía el burgomaestre en el proyecto urbanístico ‘La Voz de Dios’, basado en un testimonio del gerente de la constructora. Pero no aportó ninguna otra evidencia”, afirmó la juez.
La versión de Sierra Avellaneda, según la juez de segunda instancia no fue soportada a pesar del tiempo que tuvo la Fiscalía para corroborarla o documentarla. En estas circunstancias sólo como testimonio no compromete al alcalde como supuesto determinador.
“Simplemente contextualiza la relación que el imputado tenía con el proyecto urbanístico que puede constituir conductas atentatorias contra la administración pública”, precisó.
Sierra Avellaneda rindió en Bogotá varias declaraciones ante funcionarios del grupo Gespol, especializado en investigar los delitos de homicidios de alto impacto. También lo hizo ante fiscales de la Unidad de Vida y finalmente ante la Unidad de Lavado de Activos. Esas declaraciones soportarían la acusación, sorpresivamente suspendida.
En vilo testimonio
El segundo testimonio que demostraría, aparentemente el origen y la planificación del homicidio fue aportado por Jeferson Polo Mejía, quien sirvió de señuelo para perpetrar el crimen de Ochoa Sánchez. Además, aparece en el expediente como el mesero de confianza de Mauricio Parra Rodríguez, el otro determinador del homicidio.
Polo Mejía actualmente detenido en la cárcel del distrito judicial de Neiva denunció supuestas presiones de la Fiscalía y se retractó.
Ese testimonio según la juez no fue espontáneo, ni claro ni creíble. Pero además, falaz, según la retractación.
En la encrucijada
Sin estos elementos la fiscal se quedó sin los documentos y ni las evidencias físicas aportados por Sierra Avellaneda, que podrían soportar la acusación. Por utilizarlos, sin haber sido descubiertos y a pesar de las limitaciones legales, la funcionaria fue demandada penalmente por un supuesto prevaricato y fraude procesal.
Igualmente, el Tribunal Superior de Neiva, ordenó el viernes pasado la devolución de ese material en poder de la Fiscalía y la conminó a responder las peticiones que en ese sentido le formuló Adriana Sánchez, apoderada de Sierra Avellaneda.
Ese material probatorio en poder del ex gerente de la constructora, es parte de su defensa y se hará valer en el juicio oral que le adelantan como supuesto determinador.
Según Sierra Avellaneda, la Fiscalía comenzó a construir una teoría del caso sobre una historia que nunca ocurrió, y para justificarla, acomodó algunos testimonios y adjuntó materiales probatorios que no soportarían un examen jurídico.
Y otro detalle: Los documentos que probarían algún grado de participación de las personas actualmente detenidas, no aparecen relacionadas en la matriz de la investigación que soportaría la acusación, intempestivamente reprogramada.
Nexos tormentosos
Sin esas evidencias los nexos del mandatario laboyano con Mauricio Parra, el principal financiador del complejo arquitectónico, quedarían en el aire.
Esas relaciones tormentosas demostrarían, supuestamente, el interés del ejecutivo en la ciudadela ‘La Voz de Dios’ y la incomodidad con las actuaciones de Ochoa Sánchez.
El jurista asesinado puso al descubierto además las relaciones con la fundación Café, liderada por el pastor Edgar Núñez, utilizada para promover campañas políticas y captar dineros del público sin tener el carácter de asociación de vivienda.
