En Timaná, de los 23 participantes que se inscribieron para la elección del personero, tan solo aprobó la fase eliminatoria uno de ellos, sin embargo, a la fecha aún no se ha culminado el proceso. La Procuraduría Provincial de Garzón empezó a investigar disciplinariamente a la mesa directiva del Concejo por estos hechos.
Johan Eduardo Rojas López
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Un oficio disciplinario contra los integrantes de la mesa directiva del Concejo de Timaná, inició la Procuraduría Provincial de Garzón. Lo anterior, debido a que al parecer incumplieron la ley y aún hoy, no han elegido Personero; a pesar de una acción preventiva emitida por la misma entidad el once de enero.
Ante esto, Nicolás Montealegre Méndez, presidente del Concejo de Timaná, explicó que, la mesa directiva tenía completamente clara la ley que ordena la elección del Personero durante los diez primeros días de enero, empero a través del oficio PMT 001 del 04 de enero, el Personero Municipal en ejercicio Jan Marcos Cortés envió una carta a la plenaria de la corporación recomendando suspender y revocar el proceso del Concurso Público y Abierto de Méritos para la Elección de Personero Municipal para el periodo 2014 – 2028.
Esto debido a que el responsable de realizar el seguimiento del proceso era el Concejo Municipal y hasta el momento la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, AUNAR, no había entregado el informe del desarrollo de las 6 etapas que deben hacerse cumplir como condiciones del convenio, además de que, no se había ejercido la supervisión del mismo y, por ello, no se tenía conocimiento sobre el desarrollo del proceso. Como si fuera poco, tampoco se habían allegado cierta información requerida, lo cual, no acreditaba garantías de transparencia, objetividad y mérito.
“Aquí en Timaná ha sucedido algo no muy común y es que nos pusieron en alerta sobre el proceso que se había dado con la universidad AUNAR. De esta manera el proceso se tuvo que aplazar porque nosotros como mesa directiva del Concejo de Timaná requerimos a la universidad una información y, en ese sentido, hemos estado recibiendo lo solicitado, pero hasta que no estuviera completa la información pues no podíamos darle trámite al proceso de personero. Todo con el ánimo de llegar a un feliz término y hacer las cosas con la mayor claridad posible”, explicó el presidente de la corporación.
Este proceso que inició el año pasado con la convocatoria para la postulación de las universidades permitió que la AUNAR adelantara el proceso en un 90% y el Concejo de Timaná entrante sería el encargado de cumplir el 10% restante. Bajo esta lógica y luego de lo expresado anteriormente, lo que hizo la mesa directiva fue pedirle a la universidad la información faltante para poder continuar con el debido proceso.
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“Nosotros no hemos frenado el proceso”
Montealegre Méndez agregó que, “Nosotros en ningún momento hemos frenado el proceso; se suspendió hasta que tuviéramos todo lo que se solicitó para avanzar de una manera transparente. Nosotros como concejales tenemos que ser garantes de que el proceso sea legal y bien hecho, y tenemos que cuidarnos en salud. Si hay una advertencia de parte de algunos entes de control de que, si de pronto le faltan algunos soportes a la universidad, pues nosotros debemos hacer los respectivos requerimientos con el fin de poder brindar transparencia”.
Luego de emitir la Resolución Administrativa 002 del 9 de enero del 2024, donde se le requiere una serie de documentos a la universidad, la mesa directiva se reunió de manera virtual con un abogado de la misma, quien les aclaró varios puntos que se encuentra analizando para no violar los derechos de nadie y seguir el debido proceso de la mejor manera. Actualmente están próximos a emitir una resolución para realizar la entrevista.
¿Estarían incurriendo en prevaricato?
Marco Adrián Artunduaga Gómez, abogado y exalcalde de Timaná, en referencia a la polémica consideró que, los posibles incumplimientos de la entidad contratista para realizar el concurso pueden dar lugar a que el Concejo como ente contratante lo sancione conforme al régimen de contratación estatal, más no se afecta las etapas surtidas del concurso, al margen que, en el peor de los casos, sea reanudado con otra universidad debería continuar en el estado en el cual se encuentre, es decir, respetando los resultados de las pruebas practicadas.
“El Concejo de Timaná no podría inventarse causales para terminar un contrato o revocar un trámite, pues como ya se dijo lo revocable es el acto administrativo definitivo que en este caso sería el acto de elección, por las precisas causales del artículo 93 de la ley 1437 y contando con el consentimiento previo y escrito del titular tal como lo exige el artículo 97 de la ley 1437 de 2011. Proceder en sentido contrario haría incurrir a los concejales en prevaricato y extralimitación de funciones”, indicó Artunduaga Gómez.