El nuevo gerente de la Electrificadora del Huila acaba de echar para abajo un mega-contrato de suministro de energía, a 22 años, estructurado en la era de su antecesor, Hernando Ruiz. El proceso de contratación despertó desde el principio dudas técnicas y jurídicas. Primicia.
A principios de noviembre pasado, pocos días después de salir de la gerencia de la Electrificadora del Huila, Hernando Ruiz mostró como uno de sus logros de cuatro años y cuatro meses haber dejado el proceso de construcción del primer parque solar que tendría el Huila. “Pensamos inicialmente en una granja de 20 megavatios, pero después las circunstancias nos forzaron a bajarle a su tamaño. Hace un año, logramos conformar un proyecto para un parque solar de 10 megavatios, que generará 2.5 megas de manera permanente y serviría para abastecer a un municipio mediano del departamento. Es una forma de introducirnos en el aprovechamiento de energías renovables no convencionales”, fueron sus palabras.
Sin embargo, lo que no contó Ruiz López es que ese parque solar se iba a construir mediante un mega-contrato de casi $110 mil millones, firmado a 22 años, producto de una invitación pública exprés a la que solo se presentó un oferente.
Con la salida de Ruiz, el proceso de contratación, identificado con el número EHUI-SC-159-2020, quedó en manos de Luis Eduardo Serrano Tafur, quien fungió como gerente encargado de la Electrificadora mientras la junta directiva nombraba uno en propiedad.
Serrano Tafur –tío de la senadora conservadora Esperanza Andrade Serrano—adjudicó, el 30 de octubre pasado, mediante documento de gerencia 335 de 2020, el mega-contrato de suministro de energía a CEM, Compañía Energética Multiregional SAS, representada por el expresidente del Atlético Huila Femenino y actual miembro de la junta directiva de Corposanpedro, Diego Fernando Perdomo Rojas.
Las suspicacias surgieron inmediatamente. La Asociación Colombiana de Ingenieros, capítulo Huila, se declaró “asombrada” por el proceso exprés que terminó con la adjudicación del multimillonario contrato. “Nos asombra la rapidez con que fue estructurado dicho proyecto, en donde no se evidencian las etapas de pre-factibilidad, factibilidad y como mínimo, los estudios de ingeniería básica. De otra parte, es conveniente revisar el cumplimiento de la ley 842 de 2003 sobre la idoneidad de los profesionales que certifican dichos estudios y que hicieron parte del proceso de contratación y de su ejecución”, dijo el presidente de la agremiación, Jaime Antonio Puerto Ramón.
Y agregó: “Además, deja suspicacias el tiempo tan corto en que se desarrolló el proceso licitatorio y de adjudicación, violando el estatuto nacional de contratación y anticorrupción existente. Resaltamos las siguientes fechas: apertura de invitación pública 9 de octubre; entrega de ofertas 22 de octubre y adjudicación 30 de octubre de 2020”.
La nueva administración
Alertado de las dudas alrededor del mega-contrato dejado por su antecesor, el nuevo gerente de la Electrificadora, Luis Ernesto Luna, ordenó a su equipo jurídico examinar todo el proceso.
Si bien el tema estaba siendo revisado con lupa y los abogados de Electrohuila alistaban las primeras observaciones, el contrato se acaba de caer por lo más básico: el contratista no pudo legalizar el contrato al no presentar las garantías solicitadas en los términos establecidos.
Según el gerente Luna Ramírez, el contratista presentó para su aprobación en calidad de garantía de responsabilidad civil extracontractual la fianza de perjuicios a terceros número 100059, documento que no corresponde a la clase de garantías que fue pactada en el contrato, el cual exige dos pólizas de seguros, la primera como garantía de responsabilidad civil extracontractual y la segunda, como garantía de cumplimiento.
Así las cosas, la Electrificadora acaba de ratificar la terminación anticipada del contrato de los casi $110 mil millones.
El proyecto
De acuerdo con la invitación pública a cotizar 159 de 2020, el objeto del contrato era el suministro de energía con destino al mercado no regulado de Electrohuila, en la modalidad de pague lo contratado, por 22 años. Para cumplir con ello, el contratista iba a estar a cargo del “diseño, suministro de materiales, transporte al sitio, construcción, montaje, operación, mantenimiento, asesoría y transferencia de conocimiento continuo, pruebas y puesta en servicio de una planta de generación de energía fotovoltaica con sus módulos asociados y complementarios”.
Durante todo el plazo de ejecución, el contratista asumiría “actividades relacionadas con la transferencia de conocimiento y capacitación permanente respecto del proceso de construcción, instalación, mantenimiento y operación de plantas de energía eléctrica con fuente fotovoltaica, al personal que para el efecto se designe por parte de Electrohuila”.
La invitación dividió en tres fases las actividades que debería realizar el contratista. La primera fase consistía en el “diseño, suministro de materiales, transporte al sitio, construcción, montaje, pruebas, puesta en operación y conexión”.
La segunda fase, entre tanto, radicaba en el “suministro de energía eléctrica y pago de la misma por parte de Electrohuila, en la modalidad y condiciones ya descritas”. Y la tercera fase estaba dirigida a “las actividades de transferencia de conocimiento y capacitación permanentes por parte del contratista”.
Según la Electrificadora, finalizado el período de suministro de energía eléctrica, la compañía podría optar por la reversión del activo de generación.
La invitación había dejado claro además que “Electrohuila, dentro de sus proyecciones financieras, ha establecido un precio techo por la energía a contratar en $185 kWh/mes”.
Otras exigencias
El contratista debería garantizar que los paneles solares instalados posean de parte del fabricante una garantía de 12 años por defectos de fabricación y 25 años por generación.
Así mismo, según la Electrificadora, debería presentar la garantía de rendimiento lineal para los paneles ofrecidos, en el cual se garantice que el rendimiento de estos debía ser superior al 80% a los 25 años de operación, indicando el porcentaje aproximado por degradación anual de cada equipo.
El presupuesto
Para pagar el valor del frustrado contrato, la Electrificadora del Huila había asegurado los recursos a través de certificados presupuestales hasta el año 2043.
Por ejemplo, en 2022, previsto como el año en que empezaría la operación del parque solar, Electrohuila aseguró $3.551 millones, a través del certificado de disponibilidad presupuestal DGF-2022-00016.
Para el año 2030, la Electrificadora había apropiado $4.470 millones, y para el 2040, $5.960 millones.
El contrato se cerraría en el 2043 y para ese año, habían sido apropiados $6.497 millones.
La convocatoria
El proceso para elegir a la firma que se quedaría con el mega-contrato de suministro de energía empezó a principios de octubre pasado con la publicación de la convocatoria a través de La República, un medio de comunicación escrito que tiene casi nula circulación en el Huila.
La audiencia informativa virtual estuvo a cargo de la subgerencia comercial de la compañía.
El derecho a participar en el proceso de contratación tuvo un costo no reembolsable de $107 millones.
A la convocatoria se podían presentar: empresas de servicios públicos, cuyo objeto incluya las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, de nacionalidad colombiana y con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de dichas actividades. También sociedades futuras, cuyo capital suscrito y pagado no fuera inferior a cuatro mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El presupuesto del fallido mega-contrato
Fuente: Invitación Pública 159 de 2020 de la Electrificadora del Huila.