Mientras la Alcaldía de Neiva inicia la construcción de un patio-taller, los transportadores solicitan al Gobierno Nacional que se aplace la implementación del Sistema Estratégico de Transporte en 8 ciudades del país, incluida Neiva. El gremio no vislumbra viable su funcionamiento.
Carolina Argüello Cruz
La Asociación de Operadores de Sistemas Estratégicos de Transporte Público “ASOSETP” envió una solicitud al Gobierno Nacional en la que explicó las razones por las cuales considera necesario el aplazamiento en la implementación de sistemas estratégicos de transporte público, pues alegan que dada la coyuntura de covid-19 tienen sus ingresos reducidos al mínimo, y en algunos casos, operando a pérdidas.
Neiva, al igual que ciudades como Armenia, Montería, Pasto, Popayán, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar que hacen parte de Asosetp, es una de las que hace la misma petición.
Juan Carlos González, representante legal de la Operadora Opita- Operadora Integrada de Transporte Amable- que congrega a 5 empresas de transporte urbano en la capital del departamento del Huila, explicó que en la ciudad no ha habido un avance considerable que garantice la sostenibilidad de un Sistema Estratégico de Transporte Público. Asegura que las autoridades locales que ha tenido la ciudad en los últimos años se han enfocado en el desarrollo de obras de infraestructura, tales como andenes, vías, semaforización y paraderos, dejando de un lado el componente operacional.
Por ejemplo, el viernes pasado el alcalde Gorky Muñoz anunció que se iniciará la obra de un patio-taller por un valor de $13.500 millones con un tiempo de duración de 9 meses.
González García señaló que hace aproximadamente dos años el Sistema Estratégico de Neiva contrató la Estructuración Técnica Legal y Financiera, un contrato de más de $1.200 millones, cuyo estudio arrojó recomendaciones para las autoridades locales que no se han tenido en cuenta. Entre otras indicó que la operación con el recaudo actual de pasajes tenía una inviabilidad financiera, es decir, que no es sostenible.
“Han seguido dándole mucho ímpetu a lo relacionado con la obra de concreto, este Gobierno ha seguido la misma línea y hoy el Setp está andando a través haciendo fuerza sobre el componente de infraestructura de vías; pero le siguen haciendo el quite a los temas operacionales y de cierre financiero”.
De tal manera que, así como van las cosas en las diferentes ciudades intermedias del país donde se espera sea implementado el Setp, las obras realizadas podrían terminar en un elefante blanco en el sentido en que no dará cierre financiero la operación.
El gremio ha insistido en que en Neiva sean implementadas las medidas dadas en la Estructuración Técnica Legal y Financiera que, por ejemplo, recomienda que en las ciudades se haga un día a la semana sin motos y otro día sin parrillero; y que además se amplíe la zona del microcentro.
“Uno no entiende como con estudios tan costosos que se hacen con firmas tan reconocidas que dan unas orientaciones y políticas para poder dar el cierre financiero, no se tengan en cuenta. Es ahí donde digo que a las Administraciones locales les interesa la construcción de obra civil”, relató González García.
Pérdidas por el covid-19
Héctor Frasser, presidente de Asosept, aseguró que el detrimento de las finanzas de los operadores en estas ocho ciudades alcanza los $20.000 millones, y esperan que sean más, pues una de las directrices del Gobierno desde que inició la cuarentena fue reducir la movilidad, siendo esta de un máximo de capacidad de 35%, por lo que el mercado se hace insostenible. Incluso, muchos advierten con no prestar el servicio.
Por su parte, Claudia Gómez, presidente de la Junta de Cobuses S.A, expresó que “ha sido un total fracaso implementar estos proyectos, porque los ingenieros que modelan han hecho ensayo y error con los operadores. Además, el Gobierno ha invertido unos dineros que se han entregado a los alcaldes y estos han hecho fiestas con estos dineros, y los menos favorecidos han sido los empresarios del transporte”.
Es por esta razón que según Juan Carlos González y todo el gremio consideran importante el aplazamiento de la implementación ya que creen pertinente que se debe ajustar y evaluar el componente real de la matriz origen – destino para tomar una decisión acertada. Entre otras cosas, puntualizó que lo que en un principio se decidió de que los vehículos funcionaran a gas, ahora se refiere que sean con electricidad, por lo que el costo se elevaría en cerca de 150 millones de pesos.
“Realmente lo que necesitamos es viabilidad financiera, sostenibilidad y ahí es donde tenemos diferencias de criterios porque el alcalde Gorky Muñoz llegó a derogar las medidas restrictivas que habían implementado los alcaldes anteriores”.