El coronel (r) José Gotardo Pérez, quien interpuso la tutela que en principio fue acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para salvar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro de la ilegal destitución proferida por el Procurador Ordoñez, es un ejemplo para el país y confirma que en la policía y las fuerzas armadas de Colombia, hay una mayoría defensora de la Constitución, la ley y la democracia y que los partidarios del autoritarismo y los métodos despóticos del poder, son una minoría. “Nosotros los policías estamos con el que fue electo a través del voto popular, sin importar que sea de derecha, izquierda o centro.”, dijo el coronel en declaraciones para la prensa. También expresó que interpuso la tutela para “salvar la democracia”.
En verdad lo que está en juego en Bogotá es la democracia, porque en un país democrático no es posible que un funcionario de elección popular sea destituido por un órgano administrativo disciplinario como la procuraduría. Esa destitución sólo la puede hacer un juez, tal como lo define nuestra actual constitución y como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es signataria. Seguramente al alcalde de Bogotá le ha faltado planificación y le ha sobrado arrogancia en algunas de sus decisiones administrativas, pero su propósito de erradicar las mafias de cuello blanco que se han apoderado de una parte de la administración pública y manejan una parte del estado mediante contratos, concesiones y licencias que hacen más oneroso para los ciudadanos el costo de los servicios públicos y el trámite de cualquier reclamación, debe ser firmemente respaldado por los bogotanos y el país entero.
Hoy la salud, una parte de la educación, las vías públicas, la recolección de basuras, el alumbrado público, rentas monopolísticas como la producción y distribución de licores y muchas más, están quedando en manos privadas, funcionando algunos de estos operadores como verdaderas mafias, que recurren a todo tipo de procedimientos, lícitos e ilícitos para apropiarse por muchos años del servicio, reemplazando al estado en su función y enriqueciéndose indebidamente con el abuso de esos contratos. El Huila y Neiva, que han entregado una buena parte de sus servicios públicos y rentas al puñado de monopolios nacionales y transnacionales que se apoderan de la región (casos como El Quimbo en manos de Endesa, la recolección de basuras de Neiva, entregado por 20 años a Ciudad Limpia, el alumbrado público (tan deficiente) en manos de Diselecsa) necesitan administradores como Petro y ciudadanos como el coronel Pérez, para proteger el interés público.