El crimen del ex ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por la mafia hace 29 años, sigue en los anaqueles de la impunidad. Aunque sus autores materiales fueron plenamente identificados, uno muerto el mismo día del atentado y otro condenado, los responsables intelectuales, quienes ordenaron e instigaron el crimen, siguen libres.
Sin embargo, la Fiscalía confía en que el magnicidio no quedará impune, como muchos otros ocurridos durante la guerra narcoterrorista declarada por los extraditables del Cartel de Medellín.
El voluminoso expediente, sumido en el olvido, no podrá archivarse y seguirá vivo, si se logra tipificar como un delito de lesa humanidad, imprescriptible, a la luz del Derecho Penal Internacional.
El vicefiscal, Fernando Perdomo Torres, su paisano, pidió el año pasado que siguiendo esa lógica del Derecho Internacional el crimen no puede prescribir.
Por el contrario- dijo- todavía es tiempo de recaudar los testimonios de antiguos integrantes del Cartel de Medellín, que planearon y ejecutaron el atentado.
Entre ellos el jefe de sicarios John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, preso en la cárcel de Cómbita, Boyacá y Carlos Alzate Urquijo, alias ‘El Arete’, recluido en cárcel de Itagüí.
Sin embargo, será un juez quien tomará la última palabra, si se logra “identificar en un contexto delictivo que implique un ataque sistemático y generalizado contra la población civil y, segundo, debe haber un hecho concreto que esté claramente relacionado o frente al cual existe un nexo de causalidad, con ese contexto generalizado”, explicó el vicefiscal Perdomo. Esas son las condiciones para encontrar a los autores intelectuales, entre mafiosos y políticos que instigaron el crimen atroz, convertido desde entonces en una tragedia nacional.
En principio, la Fiscalía considera que este caso “puede ser un delito de lesa humanidad” y por lo tanto puede seguir investigando” después de 23 años de haber permanecido quieto. Por presión de Nancy Restrepo, la esposa de Lara Bonilla y de su hijo Rodrigo Lara, el caso fue reasumido hace seis años, en el 2007, por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía. Sin embargo, han sido lentos los avances desde el 16 de septiembre de 2012, cuando se declaró como delito de lesa humanidad.
El crimen
Lara Bonilla fue asesinado cuando se dirigía a su residencia en el norte de Bogotá. Dos sicarios en una motocicleta le dispararon a quemarropa hacia las 7:15 de la noche del lunes 30 de abril de 1984
Minutos antes del magnicidio, aún impune, el ministro valeroso alcanzó a dialogar por teléfono con su hijo Rodrigo Lara Restrepo y le reportó que estaba en medio de un trancón. En ese momento, una moto de color rojo se aproximó hasta el automóvil oficial en plena marcha.
Iván Darío Guizao tomó la ametralladora Ingram y la disparó en medio de la congestión vehicular que se registraba en la calle 127, cerca de la avenida Boyacá.
Siete proyectiles hicieron blanco sobre la humanidad de Lara Bonilla, segándole la vida. El chaleco antibalas, que le habían asignado quedó a un lado de la silla trasera.
El cuerpo de seguridad reaccionó ultimando al sicario. El conductor de la moto, Byron de Jesús Velásquez, resultó herido cuando la moto le cayó encima y fue capturado. Tenía 18 años. El sicario fue condenado a 16 años de cárcel, pero sólo pagó 10 años y 11 meses en varias prisiones. La última fue en la cárcel de El Barne, que abandonó por rebaja de pena, el 28 de marzo de 1995.
Velásquez ha sido el único culpable. El ex ministro Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años de cárcel como coautor intelectual del asesinato de Luis Carlos Galán, también apareció entre los primeros señalados. Pero no sólo el político tolimense. Muchos más, duros opositores, instigaron su muerte. Sólo que nunca fueron vinculados. Por eso están libres, por ahora.
Lucha solitaria
Lara fue nombrado por el presidente Belisario Betancourt en agosto de 1983 cuando tenía apenas 37 años. Desde entonces emprendió una lucha titánica contra el narcotráfico, infiltrado en todas las esferas del país. Su lucha solitaria, provocó una dura reacción de la mafia colombiana, en una alianza macabra con políticos que propiciaron su temprana muerte.
Ante su tumba, en el cementerio Jardines el Paraíso, el presidente Belisario Betancourt, autorizó desde Neiva la extradición de los capos, mientras adelantaba negociaciones secretas con la mafia para un eventual acuerdo de paz que terminó en un río de sangre, que el tiempo no ha logrado detener.
Narcoterrorismo
Su muerte no fue la única. Después de Lara fueron asesinados Luis Carlos Galán, Guillermo Cano Isaza y un centenar de jueces y policías. También cayeron periodistas y abnegados servidores de la justicia. El segundo semestre de 1989 el narcoterrorismo propiciado por ‘Los Extraditables' alcanzó su clímax. Entre agosto y diciembre de ese año explotaron 88 bombas en calles, bancos, sedes políticas, instalaciones públicas, hoteles, residencias, periódicos y centros comerciales de las cinco principales ciudades del país. En las últimas cinco semanas de ese año volaron un avión de Avianca en pleno vuelo y dinamitaron la sede del DAS. En los dos hechos murieron 171 personas y 250 quedaron heridas. Entre 1989 y 1993 un total de 120 carros bomba explotaron en diversas ciudades del país. En esa guerra sangrienta fueron cayendo también otros dirigentes como los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro Leongómez, Luis Carlos Galán, el procurador Carlos Mauro Hoyos y centenares de víctimas, entre civiles, periodistas, militares y policías que ofrendaron su vida en una lucha sin cuartel contra las bandas del narcotráfico que siguen vivas.
Lara Bonilla, con su discurso vigente, puso desde entonces en alerta al país, pero lo dejaron solo. Años después, las mafias que combatió, se transformaron y con mayor poder, siguieron la huella que dejó el abatido jefe del Cartel de Medellín. Solo que ahora, con un ejército paramilitar de nueva generación, siguen amenazando al país, con un nuevo poder que comenzó con el Pacto de Ralito “para refundar la patria”.