Sergio Felipe Salamanca Borrero
Al igual que el aborto, la eutanasia y la prostitución, todo lo relacionado con drogas, siempre ha estado acompañado de un “tabú legislativo”, haciendo que estas materias no se regulen, o en su defecto, se regulen de forma tímida e inadecuada. Esta situación es bastante característica de los países sudamericanos, y en especial de Colombia, donde han sido precisamente los jueces, los que se han tenido que encargar de hacerle frente a estas materias y los vacíos existentes en nuestro ordenamiento jurídico, “regulándolas”, por medio de fallos que han pasado a la historia y que han sentado las bases para la construcción de abundante jurisprudencia.
Dejando de lado el “tabú legislativo” descrito anteriormente, el pasado 20 de julio, fue radicado un proyecto de Acto Legislativo, que busca abordar el tema de las drogas, específicamente el del cannabis, desde una óptica que no sólo comparto, sino que además, estimo adecuada. En concreto, este proyecto, liderado por los representantes a la Cámara, Juan Fernando Reyes Kuri y Juan Carlos Losada, busca modificar el artículo 42 de la Constitución Política, con el fin de permitir el uso recreativo del cannabis, así como para imprimirle mayor seguridad jurídica al uso científico de la misma.
De una revisión al proyecto y su exposición de motivos, dos aspectos llaman la atención de forma inmediata: I. El proyecto no se anda con roderos, es directo y claro en cuanto a la postura que adopta; y II. En congruencia con su postura, el proyecto busca reformar la Constitución, precisamente, con el fin de que toda disposición de menor rango (leyes, decretos, resoluciones, etc) se encuentre alineada y en armonía con los nuevos lineamientos.
Aunado a lo anterior, y tal como lo mencionaba al inicio, hay un elemento adicional que considero oportuno destacar del proyecto, su enfoque. Como todos sabrán, en materia de drogas siempre han existido dos posturas, una que busca prohibir, perseguir y sancionar y otra que busca fomentar un consumo informado y regulado. Como también sabrán, luego de décadas de lucha contra el narcotráfico, lo único que se ha logrado, es fortalecer y volver mucho más lucrativo el negocio.
Ahora bien, es precisamente en este punto, donde considero que el proyecto nos ofrece una oportunidad importante para cambiar la comercialización y consumo clandestino, por un modelo más transparente y garantista, que permita la creación de nuevos empleos, el cobro de impuestos al consumo, así como la afectación directa a las economías criminales.